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En una audiencia realizada el jueves pasado, se levantó la prisión preventiva para uno de los administradores de “La Empresa”, organización criminal colombiana. Fiscal dice que existe una “tendencia” a ese respecto de parte de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Nuevamente, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la prisión preventiva para un integrante del grupo de prestamistas “gota a gota” de origen colombiano, conocido como “La Empresa”, que fue desbaratado a fines de noviembre del año pasado por la PDI y la Fiscalía de esa ciudad.
En dicha ocasión fueron detenidas 44 personas (43 de ellas colombianas y una chilena) que formaban parte de “La Empresa”, la cual otorgaba préstamos a personas no bancarizadas con intereses usureros y con la constante posibilidad de represalias en caso de no pago.
Como determinó el Ministerio Público, se trata de una verdadera empresa, que tenía un gerente (que fue detenido, Stiven Enríquez), una moderna y amplia oficina en el centro de Santiago, una flota de 27 motos y varios autos con los cuales se efectuaban los cobros, “sucursales” en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins, y una estructura muy jerarquizada, todo lo cual les permitió captar 6.700 millones de pesos en cuatro años, sin por supuesto pagar impuestos, leyes sociales, ni mucho menos estar sometida a la fiscalización de entidades como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Parte importante del dinero era enviado a Cali, ciudad colombiana donde está la “matriz” de la empresa. De hecho, pocos días antes de la redada, el líder máximo de la organización criminal, Disney Montoya, estuvo de visita en Santiago, supervisando su “empresa”. Como cualquier ejecutivo ABC1, se alojó en el Sheraton y fue agasajado por sus empleados, todos vestidos de un riguroso blanco.
Libertades
Sin embargo, poco después se produjo un hecho que motivó la presentación de un recurso de queja de parte de la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en contra de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones porteña, presidida por la ministra Silvana Donoso, magistrada que en 2020 sorteó con éxito una acusación constitucional presentada en su contra, debido a que cuatro años antes fue parte de la comisión que dio la libertad condicional a Hugo Bustamante, el famoso “asesino del tambor”, que tras ser liberado de la cárcel, donde cumplía 27 años por un doble homicidio, asesinó y sepultó a la joven Ámbar Cornejo, de 16 años.
En el recurso de queja, la Fiscalía planteaba que no se había justificado la libertad que la Segunda Sala (conformada también por la ministra Nancy Bluck y el ministro Rodrigo Bahamondes) había otorgado a cuatro de los formalizados. No obstante, la Corte Suprema rechazó el recurso y de ese modo los ministros antes mencionados volvieron a conocer de la causa.
El 10 de febrero pasado, la señalada Sala, presidida por la ministra Donoso e integrada por la ministra Bluck y por el ministro suplente Erik Espinoza, dejaron en libertad a otra de las imputadas, Dayanna Cando Andrade.
En la resolución quedó constancia de que Espinoza votó en contra, argumentando que la libertad de Cando Andrade representa un peligro para la seguridad de la sociedad y por el peligro de fuga. También se indica en dicho documento que la ministra Bluck votó a favor de la libertad de la mujer, que es madre de una niña de dos años, “teniendo especialmente presente la particular situación de la imputada a la luz de las denominadas reglas de Tokio y Bangkok”.
El lunes de la semana pasada, en tanto, nuevamente le correspondió a la Segunda Sala (integrada por las ministras Donoso y Bluck, y el abogado integrante Guillermo Oliver) decidir sobre una apelación a la prisión preventiva, presentada por el abogado de tres miembros de “La Empresa”: Juan David Melo Taborda, Daviz Sánchez Morales y Mauricio López Jiménez, todos formalizados por lavado de activos, usura y asociación criminal. En ese caso, la decisión de la Sala fue distinta: tanto la ministra Bluck como el abogado Oliver les negaron la libertad y a favor de la misma estuvo la ministra Donoso.
El jueves de la misma semana se produjo una nueva audiencia en la mencionada Sala, nuevamente integrada por la jueza Donoso y el ministro suplente Espinoza, además del abogado integrante Felipe Goroitía. En dicha ocasión, se pedía la libertad de otro imputado en la causa, Bairon Sánchez Torres, uno de los administradores de “La empresa”, a quien se revocó la libertad en forma unánime, lo que abre la puerta a que otros de los imputados que forman parte de la jefatura del grupo puedan quedar en libertad.
La visión del fiscal
Consultado al respecto el fiscal Pablo Avendaño, este señaló que en algunos fallos de la Corte, dependiendo de la integración de Sala, “se observa una tendencia a otorgar la libertad a diversos imputados” de la investigación, la que inicialmente benefició a personas que aparecen en los niveles inferiores de la organización, “pero esto se ha ido intensificando y ya se ha otorgado (la libertad) a dos imputados que están formalizados por los delitos tanto de asociación delictiva, como por delitos reiterados de usura y lavado de dinero, y precisamente el día jueves hubo un fallo donde se dejó libertad a un imputado formalizado por los tres delitos”.
En ese caso, explicó, se trata “de un imputado que en su cuenta bancaria, en el último año, tenía movimientos por la suma de alrededor de mil millones de pesos. Desde ese punto de vista, el que se le haya otorgado la libertad a este imputado”, a juicio del persecutor, implica que “la libertad de este tipo de imputados de este nivel puede ser particularmente peligrosa para la seguridad de la sociedad, para la seguridad de las víctimas y el éxito de las investigaciones”.
Fuente: elmostrador.cl
