INICIO
MUNDO
NACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
TIEMPO LIBRE
Cerca de las 10 de la mañana del 16 de abril de 2017, Josephine R. llegó a la sala de emergencias del Hospital San Borja debido a las contracciones que experimentaba tras 41 semanas de embarazo. Más de siete años después, la justicia ha dictaminado que el Servicio de Salud Metropolitano Central, el hospital, así como el médico que la atendió y una matrona, deben pagar una indemnización superior a mil millones de pesos por los actos de violencia obstétrica ocurridos ese día.
Según lo establecido por la sentencia del 26° Juzgado Civil de Santiago, tras su ingreso a urgencias, Josephine fue remitida al médico ginecológico y obstetra Matías Ignacio Solari Díaz, quien administró un medicamento para inducir el parto de manera natural, a pesar de las advertencias de Josephine sobre su historial médico que podrían impedirlo.
Con el pasar de las horas, Josephine experimentó intensos dolores y se registraron varias disminuciones en los latidos del corazón de su hija por nacer. A pesar de sus ruegos, el personal médico procedió a romper artificialmente las membranas para acelerar el parto, provocando la salida de líquido amniótico. Ante esta situación, Josephine solicitó una cesárea urgente debido al sufrimiento fetal y la falta de avance en el trabajo de parto.
Sin embargo, según determinó el tribunal, el médico Solari no respondió a los llamados de auxilio durante un período de seis horas. Finalmente, a las 2 de la madrugada, Josephine fue sometida a un proceso que ella describió como «tortura», pues «puso todo su esfuerzo durante 20 minutos para que su hija naciera, intuyendo que estaba sufriendo». En ese momento, el médico Solari declaró que ella había «fracasado» en su intento de dar a luz y que él utilizaría fórceps para facilitar el parto.
A las 2:28 de la madrugada, nació la hija de Josephine, quien ingresó al hospital más de 12 horas antes. Sin embargo, debido a las complicaciones causadas por el procedimiento médico, la niña estuvo internada durante tres meses y fue diagnosticada con 13 patologías, principalmente neurológicas y psicomotoras.
Durante el proceso judicial, se determinó que la niña, ahora de siete años, sufre «daño cerebral extremadamente grave», que la ha dejado postrada, ciega, sorda, sin capacidad cognitiva ni motora, y dependiente de oxígeno de por vida, como resultado de una encefalopatía hipóxico-isquémica grado III.
En el juicio, el médico argumentó que no pudo atender a Josephine porque estaba realizando una cesárea en otro parto e incluso mencionó que se ausentó para ir al baño a «hacer pipí». Por su parte, el servicio de salud intentó deslindar responsabilidades legales del médico en el incidente.
Sin embargo, la sentencia judicial, a la cual tuvo acceso La Tercera, concluyó que en este caso se cometió violencia obstétrica en la atención médica, ya que «hubo múltiples y continuas omisiones, fallas y retrasos por parte del equipo médico en la evaluación de los parámetros clínicos de la paciente». También señaló que el hospital y el servicio de salud carecían de protocolos para reemplazar al ginecólogo cuando este estaba ocupado en otros pacientes.
Según el tribunal, las pruebas presentadas durante el proceso judicial indicaron que la atención médica fue «claramente negligente y distante». A pesar de las excusas del médico, el tribunal determinó que era su responsabilidad supervisar y asegurar el cumplimiento del protocolo de inducción, tarea de la cual se desentendió, delegándola al personal auxiliar, particularmente a las matronas. Esta actitud pasiva, según el tribunal, resultó en la omisión de atención cuando fue solicitada por la paciente.
Respecto a la matrona, el tribunal concluyó que no insistió lo suficiente en buscar la intervención de otro médico ante las negativas del responsable principal de la paciente, abandonando así sus responsabilidades profesionales. En resumen, ambos profesionales de la salud fueron considerados culpables de negligencia en la atención.
Además, la justicia también determinó que hubo «reproches por el uso de lenguaje y comportamiento inapropiado» por parte del médico Solari, quien se excusó diciendo que había ido al baño a «hacer pipí». La sentencia agregó que este tipo de expresiones infantiles y displicentes frente a las graves consecuencias sufridas por la hija de la paciente eran consternantes, reflejando un clima hostil y negligente en el tratamiento proporcionado.
Una indemnización millonaria
Finalmente, el martes, el 26° Juzgado Civil de Santiago falló a favor de la menor afectada por el procedimiento médico, ordenando que el Servicio de Salud Metropolitano Central, el Hospital San Borja, el médico Solari y la matrona Salazar paguen conjuntamente la suma de $1.042.691.340.
Esta indemnización incluye $500 millones por daño moral para la menor, $250 millones para la madre y otros $250 millones para el padre, además de $42.691.340 por «daño emergente futuro», que corresponde a los gastos mensuales que la familia deberá cubrir para el cuidado continuo de la hija.
Tras el fallo, el abogado de la menor, Héctor Musso, declaró a este medio que «estamos satisfechos no solo con el monto de la indemnización, que ayudará a financiar los tratamientos que Josephine necesitará de por vida, sino también con la denuncia clara y directa de la violencia obstétrica que sufrió mi representada y que muchas mujeres enfrentan en nuestro país durante el parto, convirtiendo un momento hermoso en una experiencia humillante y dolorosa que debemos erradicar».
Este fallo representa una de las indemnizaciones más altas otorgadas por un tribunal, después de un caso el año pasado en el cual el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente fue condenado a pagar $1.050.000.000 a la familia de un paciente que quedó en estado vegetal tras una cirugía de tiroides.
Fuente: latercera.com
