Una cosa es lo que el Gobierno reajusta cada año a través de la ley, pero otra son los recursos que inyecta durante el año. Entre enero y julio pasado, se incrementó el gasto en funcionarios en 6,2% real, equivalente a US$460 millones por sobre el reajuste de 3,2%. De seguir esa tendencia la cifra llegará a US$808 millones a diciembre
Cada septiembre suenan los tambores de guerra de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que busca obtener del gobierno el mayor reajuste salarial posible para los funcionarios públicos del país.
Esta vez será la última negociación del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y tendrá un nuevo interlocutor con los gremios, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien reemplazó al renunciado Rodrigo Valdés.
La ANEF, presidida por el comunista Carlos Insunza, exige un reajuste nominal del 6%, casi el doble del 3,2% que se les entregó este año.
Como la economía lleva cuatro años en desaceleración, Eyzaguirre ya adelantó que “una prueba, sin duda, muy difícil será el próximo presupuesto y el reajuste del sector público“.
El ministro ha dicho que quiere un presupuesto de “consolidación fiscal (…) para ir corrigiendo el desbalance estructural, no de una, pero con un crecimiento del gasto más bajo y hacerles espacios a temas fundamentales para la Presidenta y para mí, como el educacional. Entonces, va quedando menos espacio para el reajuste de los salarios públicos“.
Respecto del 6% de reajuste nominal que pide la ANEF, Eyzaguirre se limitó a decir que “no me voy a pronunciar mientras no comience la negociación” con los trabajadores.
El pliego de peticiones de los sindicatos estatales es de 27 páginas, y contiene las “demandas económicas y laborales, de nivelación y universalización de derechos y beneficios, así como aquellas que resultan transversales al conjunto de los trabajadores del Estado”.
Los millonarios recursos que van a los funcionarios y no pasan por el Congreso
Sin embargo, el reajuste salarial tiene escondido un enorme “iceberg” que no pasa por el Congreso, y que dice relación con los millones que luego reasigna el Gobierno para gasto en personal.
En diciembre de 2016 el Congreso aprobó un reajuste de remuneraciones para los funcionarios públicos de 3,2% nominal (con inflación), que en ese momento, con un IPC en 12 meses de 2,9%, significó un reajuste real de 0,3%.
Pero lo paradójico es que dicho efecto de austeridad no fue tal, ya que durante enero y julio de este año el gasto real en personal creció en 6,2% real, en relación con el mismo período de 2016. Es decir, duplicó el gasto establecido en la ley. Eso, en plata, suma US$460 millones adicionales ($ 284.895 millones) al reajuste de 3,2% que ya entregó el Estado
P
ero lo más grave es que de mantener el actual ritmo de gasto en salarios de los funcionarios, a fin de año el Fisco desembolsará US$808 millones adicionales, explica Cecilia Cifuentes, investigadora del ESE Business School.
“Ese mayor gasto proviene, principalmente, de la contratación de nuevos funcionarios públicos, del aumento de salarios y de escalafón y del traspaso de honorarios a contrata, en que el Estado debe asumir costos que antes no tenía, como seguridad social y cesantía”, señala Cifuentes.
A juicio de la economista, “no parece prudente que un gobierno en su etapa final muestre alzas tan significativas de gasto en personal, ya que además de producir una situación de “amarre” al gobierno siguiente debido a la inflexibilidad de este gasto a la baja, genera sospechas de clientelismo”.
Una nota de alarma es que en julio pasado el gasto en personal aumentó un inédito 17,9% real en doce meses, lo que equivale a US$172 millones adicionales respecto a julio de 2016.
El 77% de los empleos asalariados creados durante el gobierno de Bachelet han sido para funcionarios públicos
El abultado gasto en personal estatal va de la mano de lo que ha sido una constante durante este gobierno: la contratación de funcionarios públicos.
Entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 -el último trimestre móvil en que gobernó Sebastián Piñera y que es la “foto” que recibió Bachelet-, y febrero-abril de 2017, se han creado 264.602 mil empleos.
Pero si la creación de trabajos ha sido baja, su composición es aún más preocupante, ya que el 77% de los 108 mil empleos asalariado creados por Bachelet han sido para funcionarios públicos (84.463), y apenas el 22% (23.947) han sido trabajos asalariados en el sector privado. Además, la mayoría de todos los nuevos empleos han sido por cuenta propia (181 mil), que suelen no tener seguridad social, cotización de salud y seguro de cesantía; además los ingresos no superan los $280 mil en promedio.
“El problema que se hace evidente con los datos de precarización del mercado laboral, es que sin crecimiento de la economía no es posible mejorar la situación de los trabajadores. Es por esa razón que los aumentos de ocupación se logran a través de empleos en el sector público y de empleo por cuenta propia”, señala Cifuentes.
La Información es de: El Libero