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«Una cosa es solidarizar con las causas que invocan los manifestantes, pero sumarse de cualquier forma a los llamados o promoción del quiebre del orden público, sería muy grave constitucionalmente hablando», afirma el abogado Arturo Fermandois. «El punto en discusión aquí, que también nos pone frente a un problema de fondo, es la irresponsabilidad de los políticos que justifican estos actos», asegura el profesor de derecho de la UFT, Cristóbal Aguilera.
«Como gobierno condenamos los hechos de violencia y vandalismo que se han producido«, afirmó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras la reunión de emergencia que convocó la tarde del viernes el Presidente Sebastián Piñera para analizar la situación generada por las evasiones masivas en el Metro de Santiago, que provocaron el cierre de la red de transporte subterráneo y la invocación de la ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables de los actos vandálicos y agresiones contra funcionarios de Metro e instalaciones.
Es una reacción distinta a la que han tenido algunos diputados y senadores, que han expresado desde «comprensión» hasta decidido apoyo y llamados a sumarse a las movilizaciones.
El punto es que la ley prohibe a legisladores incitar a la alteración del orden público y contempla severas sanciones.
Uno de los primeros en referirse a este tema fue el diputado de Convergencia Social y ex presidente de la Fech, Gabriel Boric, quien afirmó en su cuenta de Twitter que «todo acto de desobediencia civil es rechazado por quienes no quieren que las cosas cambien«. El ex dirigente estudiantil además señaló que «la evasión masiva no se soluciona reprimiendo sino enfrentando el problema de fondo: el alto costo de la vida, bajos salarios para la mayoría de chilenos y chilenas, y la desigualdad».
En tanto, la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans apostó por explicar que las evasiones masivas son «una respuesta ante una realidad que no da para más, pero es incomprensible para un gobierno preocupado de las grandes empresas y no de la ciudadanía«. Además, la líder de Convergencia Social realizó un llamado al Presidente para que diera «pie atrás al alza del pasaje, que saque a Carabineros del metro y genere instancias de diálogo con la población».
El diputado humanista Tomás Hirsch también usó cuenta de Twitter para afirmar que las evasiones masivas eran «una protesta que va mucho más allá del alza del Metro«. «Es la respuesta de una sociedad abusada por los poderosos. Sube la electricidad, bencina, dividendos, arriendos, aranceles, remedios», aseveró el diputado del Frente Amplio.
Más explícito fue el legislador de Revolución Democrática, Jorge Brito, quien dijo: «Apoyo a quienes han logrado poner en el centro del debate la dignidad de un buen vivir con Evasión Masiva del metro de Santiago«. El diputado además complementó su idea afirmando que «no se trata de 10 o 20 pesos, se trata de recordarnos a los políticos quién nos paga el sueldo y para quienes debemos trabajar».
«Llamamos al gobierno a dejar el orgullo de lado y echar pié atrás al alza de la tarifa», señaló el diputado Giorgio Jackson en su cuenta de Twitter, quien además agregó que el Presidente Piñera «no puede mirar al techo y quedarse en el desgastado discurso de la criminalización, porque el malestar es transversal, y no solo de quienes están en Metro». Sobre este punto uno de los máximos referentes del FA sostuvo que las «protestas de los primeros 4 días fueron de desobediencia civil pacíficas, siguiendo la tradición de grandes de la historia. ¿Cuándo llegó la violencia? En el minuto que el gobierno decide enviar fuerzas de choque a pegar lumazos y lanzar lacrimógenas en vez de revertir alza y dialogar».
Sin embargo las posturas de algunos dirigentes se extremaron tras el anuncio del gobierno. Una de ellas fue la representante del Partido Comunes, Claudia Mix, quien tras el término de la reunión del Ejecutivo en La Moneda señaló en su cuenta de Twitter: «Debemos como Frente Amplio sumarnos con fuerza a la movilización y defender el derecho a la desobediencia civil«.
No fue la única que emitió declaraciones más radicales. La bancada del Partido Comunista publicó una declaración en la que sostienen que «respaldamos las llamadas ‘evasiones masivas’ convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del metro de Santiago«. En el texto, los diputados del PC además afirman que estos actos son «acciones legítimas de desobediencia civil, una expresión de reclamo acumulado ante el aumento continuo del precio de servicios básicos«.
¿Qué tan al límite de la Constitución están los diputados que abiertamente apoyan las acciones que provocaron la paralización total de la red de Metro el viernes?
El abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Arturo Fermandois, explica a El Líbero que «los parlamentarios deben cuidarse de no incitar a la alteración del orden público; la Constitución se los prohíbe expresamente y los hace pagar con el cargo».
Con esta frase el docente de Derecho UC hace referencia al quinto inciso del artículo 60 de la Constitución sobre los motivos por los cuales los congresistas pueden ser cesados de su cargo, donde se indica que un legislador puede ser separado de sus funciones cuando «de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación».
El asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, Emiliano García, en tanto, explica que lo que los diputados han intentado justificar son «delitos, lo que desde un punto de vista jurídico es muy grave, porque la Constitución permite manifestarse a las personas pacíficamente y eso obviamente no incluye los delitos«.
Mientras que Fermandois añade «una cosa es solidarizar con las causas que invocan los manifestantes, pero sumarse de cualquier forma a los llamados o promoción del quiebre del orden público, sería muy grave constitucionalmente hablando» .
Una visión más crítica tiene el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Cristóbal Aguilera, quien afirma que «las palabras de los diputados y senadores que buscan “contextualizar” estos episodios para justificar la violencia empleada, se equivocan gravemente». El experto añade que «ante el vandalismo desatado, se debe resguardar la seguridad. Enfrentar de esta manera los hechos puntuales, no significa evadir lo que se ha llamado el ‘problema de fondo’. Pero el punto en discusión aquí, que también nos pone frente a un problema de fondo, es la irresponsabilidad de los políticos que justifican estos actos».
Pese a esto desde el mundo jurídico sostienen que las declaraciones de Claudia Mix sí podrían ser calificadas como inconstitucionales. Así lo explica Aguilera, quien afirma: «Es cierto que esta causal debe aplicarse a los casos que son objetivamente graves; sin embargo, me parece indiscutible que defender por escrito el supuesto derecho a la desobediencia civil, que no es otra cosa que un llamado deliberado a infringir la ley y desobedecer a la autoridad, es una incitación a la alteración del orden público», no obstante el jurista añade que esta es una declaración que debe realizar el Tribunal Constitucional.
El único antecedente que se tiene sobre una acusación formal a algún legislador por esta causal fue contra Alejandro Navarro.
