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Según la Dirección del Trabajo, en Chile hay cerca de 8,4 millones de personas ocupadas, de las cuales solo poco más de un millón adhiere a alguna de las cuatro centrales que existen en el país, tres de las cuales nacieron por conflictos con la Central Unitaria de Trabajadores. En un año marcado por reformas como prensiones y adaptabilidad laboral, estas organizaciones pretenden ser interlocutores de La Moneda.
Como “inhumana”, “engañosa” y “populista” calificó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Barbara Figueroa, la reforma laboral impulsada por el gobierno. La dirigenta, incluso, llamó a los legisladores a “rechazar la idea de legislar en esta materia”, marcando de esta forma la postura que tendrá el organismo ante el proyecto de adaptabilidad laboral del Ejecutivo.
Se trata de la misma líder sindical, militante del Partido Comunista, que hace cuatro años señaló: “Yo soy parte de un proyecto país. La CUT es eso. La CUT no es una corporación, es un proyecto país”. Un elemento que han usado en más de una ocasión como argumento para sentarse a dialogar con los diferentes gobiernos de turno.
Pero, realmente, ¿la Central que dirige representa a todos los trabajadores del país? Según datos del anuario estadístico 2017 de la Dirección del Trabajo, publicado en 2018, en Chile hay 8.406.530 personas que integran la fuerza de trabajo ocupada y que potencialmente pueden sindicalizarse.
Resulta que de este total, el 14% (1.176.915 trabajadores) está inscrito en un sindicato. No solo eso, el mismo documento da cuenta de la existencia de tres centrales: la CUT, la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Ese mismo año, 2017, el ex presidente de la CUT, Arturo Martínez, anunció la creación de una cuarta organización: la Central de Trabajadores de Chile (CTCh). Estas tres últimas tienen como denominador común haber nacido luego de que antiguos dirigentes de la Central Unitaria abandonaran el organismo por diferencias internas.
Según datos recopilados por El Líbero, entregados por las centrales sindicales, las cuatro organizaciones suman 1.067.340 afiliados. Lo que representa el 12,7% del total de fuerza de trabajo ocupada, es decir, del total de personas que eventualmente podrían afilizarse a un organismo laboral.
Fundada en 1988, la CUT se constituyó como la sucesora de la Central Única de Trabajadores, creada en 1953 por Clotario Blest y que fue disuelta tras el ’73. Sin embargo, la unidad sindical alcanzó a durar apenas 7 años. En 1995, un grupo de dirigentes decidió separarse del organismo madre, aludiendo diferencias en la política internacional de la central. Específicamente, los líderes disidentes estaban en contra de la decisión de adherir a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, una de las tres organizaciones internacionales que existían en la época, y acusaban a la directiva de violar el acuerdo de mantener una autonomía internacional. Fue por este motivo que, en noviembre de ese año se crea la Central Autónoma de Trabajadores (CAT). Sería la primera escisión del movimiento sindical.
No obstante, la CAT se pudo legalizar 8 años después, el 31 de enero de 2003. En pleno proceso de regularización, en 2002, el entonces presidente de la CAT, Osvaldo Herbach, recordó las razones del quiebre con la CUT: “No podemos seguir dependiendo de los partidos políticos, aun cuando nosotros no renegamos de la política, pero los sindicalistas nos debemos a los trabajadores y son éstos los que deben darse sus propias autoridades y sus dirigentes”, señaló.
Según se lee en su sitio web, la organización se define como la “segunda central sindical existente en Chile, abarcando a más 350 mil afiliados a nivel nacional“. Actualmente, explica la secretaria general de la CAT, Magdalena Castillo, la agrupación cuenta actualmente con 120 mil socios. No obstante la dirigente explica que es complejo entregar una cifra exacta. “Uno de los problemas que tenemos es que la información que se ha manejado siempre al interior de la CAT no es conocida por todas las organizaciones. Hoy somos las organizaciones de base, sindicatos, confederaciones y federaciones, quienes tenemos que informar a la Dirección del Trabajo, cuáles son nuestros afiliados”, señala Castillo. Este es un problema común en todas las centrales.
Según estipula la Ley N°19.069, que establece normas sobre organizaciones sindicales y negociaciones colectivas, las agrupaciones “deberán llevar un libro de registro de socios e informar anualmente el número actual de éstos y las organizaciones de superior grado a que se encuentren afiliadas, a la respectiva Inspección del Trabajo, entre el primero de marzo y el quince de abril de cada año”. Algo que también se aplica para la federaciones, confederaciones y centrales. Según explican dirigentes, esto crea un círculo vicioso porque la entidad estatal solamente recibe información, la cual a su vez es utilizada por los mismos organismos para validar sus cifras de adherentes. De las cuatro centrales, solo una entregó la cantidad exacta de trabajadores que están afiliados.
A principios de 2004, la CUT volvió a vivir otra fuga de sindicatos. Esta vez los dardos apuntaron a Arturo Martínez, quien era presidente del organismo. Los dirigentes Diego Olivares y Jorge Millán lo acusaban de no haber rendido cuentas sobre el destino de US$2.600 millones recibidos por la agrupación como compensación de las confiscaciones de bienes que sufrió el gremio durante la dictadura. “Martínez no es el dueño de la CUT, que pertenece a todos los trabajadores, y por eso vamos a presentar un recurso de protección para preservar esos bienes, sin acusar a nadie“, apuntó en la ocasión Olivares, según consignó la edición del 5 de enero de ese año del diario La Nación, quien en ese momento encabeza el Colectivo Sindical Siglo XXI, agrupación creada como disidencia a la gestión de Martínez.
Si bien Olivares afirmó esa vez que “no nos proponemos fundar otra CUT, como ha trascendido, porque no somos divisionistas y haremos todos los esfuerzos para salir de esta crisis por los cauces legales y dentro de las normas de un sindicalismo democrático”, la realidad fue otra. A menos de un año y medio de haber realizado esta declaración, el grupo encabezado por el dirigente fundó una nueva central: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). El 24 de marzo de 2005, se oficializó la creación de la nueva agrupación, la que debutó con duras críticas a la CUT. “Se ha quedado en un sindicalismo pegado en los ’70 y ’80. Se nos trató duramente por ser dialogantes y yo digo qué sacamos con tener una central que se niega a hablar con los empresarios y con el gobierno“, señaló entonces Jorge Millán.
Fue justamente, la UNT la única central que al ser consultada por El Líbero entregó la cantidad de asociados que tiene inscritos: 127.340 socios. Además, Segundo Steilen, actual presidente de la UNT, afirma que durante la última elección participaron cerca de 97 mil trabajadores, y recordó el proceso de escisión: “Nosotros fuimos parte de la directiva de la CUT, hasta que llegaron el Partido Socialista y el Partido Comunista y se tomaron la central y se acabó, eso ha pasado en varias partes“.
El fraude electoral en las elecciones de la CUT y la nueva central de Martínez
Doce años después del segundo cisma de la CUT, el organismo vivió un nuevo terremoto. Esta vez afectó directamente las elecciones de la directiva de la central y salpicó a su actual presidenta: Barbara Figueroa. En agosto de 2016, el organismo debía definir a su nueva mesa, Tras los comicios varios dirigentes disidentes, entre ellos el propio Arturo Martínez, acusaron fraude electoral. Específicamente denunciaron la adulteración de los padrones y la pérdida de material clave para los comicios. Algo que fue reconocido por la propia Figueroa, 10 meses después, a través de una declaración que ingresó al Tribunal Electoral de la Región Metropolitana en mayo de 2017. En el texto, que publicó ese año La Tercera, la dirigente afirmó: “Vengo en allanarme de las impugnaciones interpuestas en estos autos por compartir las alegaciones de los demandantes en cuando a la nulidad de la elección realizada con fecha 26 de agosto de 2016 y, por ende, la necesidad de efectuar nueva elección de Consejo Directivo para la CUT“.
Las irregularidades golpearon duramente al organismo, en febrero de 2017 el gremio de profesores congeló su participación en la CUT y, cuatro meses después, la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) se desafilió de la central. En términos concretos, la agrupación perdió cerca de 74 mil socios, aunque ese no fue el único efecto del escándalo que afectó a la sindical.
A principios de noviembre de 2017, el ex presidente del organismo, Arturo Martínez, anunció la creación de la tercera agrupación escindida de la CUT: la Central de Trabajadores de Chile (CTCh). “La CUT se está quedando sin presencia en el sector privado y los empresarios van a tener que decidir si quieren seguir negociando con el Comité Central del Partido Comunista o con los trabajadores“, afirmó el abogado Claudio Sánchez, fundador de la CTCh, a El Mercurio durante el proceso de constitución de la asociación.
La cuarta central se legalizó el 25 de enero del año pasado, al momento de su inscripción contaban con 72.800 socios, aunque al ser consultado por El Líbero,Martínez asegura que actualmente su organización representa a cerca de 80 mil trabajadores afiliados, todos del sector privado. El líder sindical además plantea que actualmente “tenemos un problema serio de representación, porque hay baja tasa de sindicalización. Lo oficial dice que es un 20% pero yo creo que es mucho menos, hay una cantidad enorme de sindicatos, pero con un bajo número de afiliados” y explica que esto se debe a que hay “una idea de que el sindicalismo nacional está demasiado politizado, ideologizado. Los trabajadores prefieren pagar asesores, incluso, y no estar vinculados a las centrales nacionales. Además, las centrales nacionales no hacen mucho en término de sindicación y afiliación”.
Pese a los sucesivos quiebres, según informa la Central Unitaria de Trabajadores en su sitio web, el organismo cuenta con 740 mil afiliados. Sobre los cuestionamientos, Nolberto Díaz, secretario general de la CUT, afirma que “el movimiento sindical chileno ha tenido crisis de orden electoral, pero en el movimiento sindical y en la CUT nadie ha cometido abusos, no se ha robado plata, ni ha dado su voto para hacer leyes corruptas”.
Pero la CUT ha debido enfrentar una nueva fisura. A comienzos de septiembre del año pasado, un grupo de dirigentes que habían formado parte de la Central Unitaria de Trabajadores crearon la Central Clasista de Trabajadores (CCT), la que en su página web señala que “nuestra intención de fundar la CCT es por luchar en primera instancia por condiciones dignas para nuestra clase, eso va implicar responder con fuerza, y combatividad en cada puesto laboral”.
La organización, que según señala en su sitio web cuenta con 20 mil socios, se hizo conocida este año por los desmanes que ocurrieron en la marcha alternativa del 1 de mayo. Movilización a la que convocó de la siguiente forma: “Este 2019, con toda la convicción de que la razón está de nuestro lado, los invitamos a sumarse a la marcha clasista y combativa, a sumarse a esta herramienta y, sobre todo, a expresar la rabia que tenemos contra el sistema capitalista”.
