La olla a presión de Antofagasta: la cara menos amigable de Luksic en la crisis ambiental

Al empresario se le quita lo cordial cuando lo han emplazado a explicar su rol en la contaminación que equipara a la capital regional con las ciudades industriales chinas y que tiene una de las más altas incidencias de cáncer en el mundo. Mientras, una acción legal intenta anular la autorización para embarcar metales pesados y la compañía ATI se defiende, afirmando que antes de que ellos llegaran la situación era mucho peor y que han trabajado para cambiar las cosas. [ACTUALIZADA: Ver N de la R al final de la nota]

El lunes, a través de su cuenta de Twitter, Andrónico Luksic se ganaba el aprecio y los aplausos virtuales –aunque sea mientras duren las Fiestas Patrias– de 200 personas que, junto a su familia, disfrutarán de un asado con todo lo necesario por cuenta del empresario.

Pero al mismo tiempo, en Antofagasta, la ciudad donde se crió Luksic, gran parte de los 360 mil habitantes asocian su nombre al serio problema de contaminación con metales pesados que, en gran medida, proviene del puerto Antofagasta Terminal Internacional (ATI), que su holding maneja por mandato del Estado. Un estudio científico publicado en abril de este año en la revista Peerj –firmado por la doctora en Geología Joselin Tapia, de la Universidad Austral de Valdivia, junto a otros seis especialistas, entre ellos, tres médicos– determinó que las concentraciones de cobre, zinc y arsénico son las más altas a nivel mundial y superan, en algunos casos, a ciudades industriales chinas, situadas entre las más contaminadas del mundo.

Por lo mismo, recomiendan un cambio sustancial en el funcionamiento del puerto, ya que entre todas las actividades humanas que aportan a la polución, es uno de los principales emisores de estos metales que, al ser respirados por la población, constituyen un foco cancerígeno, particularmente de cáncer de pulmón, enfermedad cuya incidencia es de 246 casos por cada 100 mil habitantes, otra vez una de las más altas del mundo.

«Hablen con el Estado»

Cuando Andrónico Luksic ha sido emplazado a hacerse cargo de la responsabilidad de su empresa en el daño a la salud de las personas, la respuesta ha sido menos cordial que su performance en Twitter para regalar un asado o celebrar un triunfo deportivo. “Ya lo he dicho, contaminación en Antofagasta, es problema histórico. Si quieren sacar el puerto tienen que hablar con el Estado de Chile, no conmigo”, escribió en su cuenta el 31 de marzo.

En efecto, en noviembre de 2017, los abogados Mauricio Tapia y Christián Concha presentaron una reclamación contra el Estado –representado en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta–, con el fin de invalidar las resoluciones de calificación ambiental que autorizaron el funcionamiento del puerto de la manera en que opera actualmente. Los abogados escribieron su tesis sobre el tema de la polución en dicha ciudad y el 2015 fueron premiados por el concurso que periódicamente hace el Tribunal Constitucional y, sobre la base de este ejercicio jurídico, es que el Colegio Médico de la región les pidió convertir la tesis en una reclamación oficial.

El 24 de agosto, el segundo Tribunal Ambiental admitió dicha reclamación que se sustenta en un supuesto vicio constitucional.

Durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, concretamente el año 2011, se aprobó el proyecto minero Sierra Gorda (SCM), gestionado por una sociedad entre capitales japoneses (Sumitomo Corporation) y polacos (KGH M). Este proyecto se sometió a un estudio de impacto ambiental, ya que inicialmente el mineral iba a ser transportado por un mineroducto que pasaba por sitios arqueológicos hasta el Puerto de Mejillones, que, a diferencia de Antofagasta, se halla alejado de la ciudad.

Luego, en 2012, ingresaron dos proyectos claves: el de “Transporte de Concentrado de Cobre a través del Ferrocarril Antofagasta Bolivia” del grupo Luksic y, posteriormente, el proyecto del galpón de “Recepción Acopio y Embarque de Concentrados” (RAEC). Ninguno pasó por un estudio de impacto ambiental, sino que solamente fueron presentadas declaraciones de impacto ambiental. Por último, en octubre de ese año, se presentó el proyecto de actualización de la mina Sierra Gorda, que incluye el transporte de concentrado –ya no por mineroducto– sino a través de trenes y camiones de Luksic hacia el puerto, en pleno centro de Antofagasta, con su correspondiente acopio en dos galpones del recinto. Para Luksic fue económicamente más conveniente, el ferrocarril es de su propiedad y la administración del puerto también, no como el de Mejillones, que está manejado por Ultramar, de la familia Von Appen, y la constructora Belfi.

El proyecto de transporte de concentrado de cobre, con el correspondiente acopio en el puerto, inicialmente en dos galpones, empezó a funcionar el 2014. Para el Colegio Médico y los ambientalistas la culpa es compartida entre los gobiernos de Piñera y luego de Michelle Bachelet. Algunos destacan, en la aprobación, el lobby de Aurora Williams, que trabajó para Luksic y después ejerció como ministra de Minería de la última administración bacheletista.En 2016 las autoridades de salud del gobierno anterior afirmaron que el 99,2% de 243 casos estudiados, tenía un  rango de plomo «normal»

El transporte, en primera instancia, se hizo en camiones encarpados y en vagones de tren que cruzan el centro de la ciudad, cerca de la principal zona de servicios de Antofagasta, entre ellos, colegios. En 2015, el ISP tomó muestras en el edificio contiguo al jardín infantil “Semillita” y se hicieron exámenes también a los niños de otro similar, “Los pollitos”. El resultado fue que 107 niños tenían plomo en la sangre y 45 tenían arsénico, por lo que ambos establecimientos fueron trasladados y se levantaron en protesta organizaciones ciudadanas, como el movimiento “Este polvo te mata”, que dejó al descubierto a nivel nacional lo que era evidente para los antofagastinos: calles y edificios ennegrecidos por la contaminación.

La defensa de ATI

La empresa tomó medidas y dejó de utilizar los dos galpones para reemplazarlo por un solo gran recinto, un galpón azul y un nuevo sistema de “volteado” para descargar el material desde los camiones hacia el centro de acopio. Este sistema comenzó a operar ahora en septiembre.

El gerente general de ATI, Enrique Arteaga, afirmó que “cumpliendo con el acuerdo de producción limpia que firmamos con la ciudad, hoy el 100% de las cargas que llegan al terminal lo hacen de manera hermética. El puerto no recibe más camiones encarpados con concentrados y todo el proceso es sellado. Esto es justamente lo que han planteado organizaciones como el Colegio Médico e investigadores”.

Igual que Luksic, el gerente justificó la situación en el hecho de que “la contaminación en Antofagasta es de larga data. Antes de que el puerto se concesionara, se hacía acopio al aire libre de concentrados minerales. ATI, como parte de la concesión que opera por mandato del Estado de Chile, construyó las primeras bodegas con presión negativa para confinar estas cargas. Hoy ambas bodegas han sido reemplazadas por el RAEC (Recepción, Acopio y Embarque de Concentrados), que cuenta con tecnología de última generación y el sistema que permite recibir contenedores de volteo, que llevan la carga directo a la bodega del buque, lo que además considera el uso de un sistema de supresión de polvo”.

Arteaga enfatizó que “nos hemos hecho cargo de las fallas que se detectaron en el pasado. Hoy el Puerto de Antofagasta es otro: carga concentrados en un proceso 100% hermético, ha elevado todos los estándares ambientales de la mano de las nuevas tecnologías disponibles y ha abierto sus operaciones a la comunidad. En nuestra web están disponibles cámaras donde se pueden ver nuestras faenas en línea”.

Sin embargo, para el Colegio Médico estos cambios no son suficientes. «Mientras exista trasvasije del polvo de concentrados en las bodegas de las naves o en el galpón principal, se mantiene permanentemente el peligro de inhalación e ingestión de contaminación en Antofagasta”, según advirtió el secretario regional de dicho gremio y presidente del Departamento de Medio Ambiente de la entidad, Dr. Hugo Benítez.

Para el Colegio Médico es necesario una intervención más decisiva del Poder Ejecutivo: “La mejor solución al problema, es que el Gobierno ordene el traslado definitivo del galpón azul RAEC y todos sus procesos de carga y descarga, fuera del radio urbano de Antofagasta, resolviendo su destino final por un puerto alejado de la población y solucionando la problemática de zona de sacrificio que afecta a Antofagasta”, dijeron.

La batalla legal

Por mientras, los médicos impulsan la acción legal para que se invalide la autorización para operar el embarque y acopio del concentrado que, según las mediciones, es un 28% de cobre y el resto, más de un 70%, metales pesados. Por eso el camino es invalidar la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental alegando inconstitucionalidad, que es lo que fue acogido a trámite por el Tribunal Ambiental.

El abogado Concha explicó que solo el proyecto de Sierra Gorda, aprobado en 2011, tenía un estudio de impacto ambiental y los otros simplemente declaraciones de impacto  ambiental ante notario, lo que funda la ilegalidad, a juicio de los reclamantes. “Lo que procedía era un estudio de impacto ambiental y no simples declaraciones. En segundo lugar está  la competencia, que tiene que ver con que la comisión de evaluación se arroga poderes que no tiene. Porque, si yo te digo ‘tiene que proceder un estudio’ y apruebas con una declaración, obviamente estás violando la ley, estás sobrepasando tu competencia. La Constitución tiene dos artículos que son muy importantes, el 6 y 7, que prohíben que las autoridades, los órganos del Estado, actúen fuera de su competencia, es decir, se arroguen poderes que no tienen y que actúen fuera de la forma”, aseguró.

Como precedente está el fallo de 2012, redactado por el juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz, que prohibió la construcción de la central termoeléctrica y puerto Castilla en la Tercera Región, al determinar que la iniciativa  no consideró completamente  la modificación en la “línea de base”, que es el área donde se desarrolla el proyecto.

En este caso, aunque se presentaron como proyectos distintos, en la práctica es uno solo, que modifica sustancialmente la vida de los habitantes de la ciudad. De hecho, en 2014, la Superintendencia del Medio Ambiente condenó a ATI a pagar una multa. Judicialmente la empresa consiguió rebajar la sanción, pero la Corte Suprema le ordenó limpiar el polvo negro en 17 cuadras a la redonda, procedimiento que se hizo en enero, aunque no fue considerado como eficaz, por lo que desde la semana pasada la compañía lo está realizando nuevamente.

Paralelamente, la firma aseguró que ha bajado los niveles de exposición de las personas a un punto en que no exceden las normas internacionales y que, de hecho, son menores a los que presentan las personas que viven en la zona de Algarrobo. Por eso, el gobierno regional encargó un estudio independiente que debería aclarar los verdaderos niveles y estar listo de aquí a fin de año.(*)

A más tardar en noviembre, el Tribunal Ambiental podría fallar respecto de si la resolución ambiental que autorizó el embarque está conforme a la ley o, en su defecto, decretar su nulidad o el traslado del galpón de acopio a otro lado.

Mientras, las cifras de gente enferma de cáncer son elocuentes.

El 95% de los casos atendidos por cáncer de pulmón corresponde a gente que vive en Antofagasta, la que llega a recibir atención en etapas muy tardías de la enfermedad. De los 780 casos de cáncer de pulmón que son atendidos en la señalada ciudad, el 59% llega en etapa 4, cuando ya no hay alcance médico y el 85% fallece al segundo año de tratamiento.

Además, según las cifras del Colegio Médico, en el Centro Oncológico de Antofagasta hay 3 oncólogos y medio (en cuanto a cargos), en circunstancias que deberían tener entre 18 y 21 profesionales.

(*) N de la R: posterior a la publicación de esta nota, se rectificó que la ciudad ha bajado los niveles de exposición y que son similares o menores a los que presentan las personas que viven en la zona de Algarrobo, no «La Greda, Quintero». A su vez, se complementa que el estudio independiente -al que se hace alusión en los últimos párrafos de esta nota- fue encargado por el gobierno regional, no por ATI y que estará listo de aquí a fin de año.

la información es de: El Mostrador