Cámara envía a comisión mixta proyecto que agiliza expulsiones de migrantes irregulares por desacuerdo sobre plazos de reingreso

Cámara envía a comisión mixta proyecto que agiliza expulsiones de migrantes irregulares por desacuerdo sobre plazos de reingreso

La discrepancia surgió luego de que el Senado eliminara una norma aprobada previamente por la Cámara que fijaba en cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso para los migrantes expulsados administrativamente.

La Cámara de Diputados envió a comisión mixta el proyecto de ley que “perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa” para la repatriación de migrantes irregulares, tras su discusión en la Sala de la corporación, debido al rechazo a una de las enmiendas realizadas por el Senado.

La iniciativa fue parte de la agenda legislativa del gobierno del expresidente Gabriel Boric y busca fortalecer las facultades del subsecretario del Interior y de las atribuciones de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

El grueso del proyecto contenido en el informe del Senado, que incluyó correcciones y modificaciones, fue aprobado por 125 votos a favor y 13 abstenciones.

Sin embargo, hubo una serie de votaciones que se realizaron de manera separada, en gran parte solicitadas por la oposición.

En su mayoría, todas fueron respaldadas, pero hubo discrepancias en la enmienda introducida por la Cámara Alta -que había sido aprobada por la Cámara Baja anteriormente- de fijar un plazo mínimo de prohibición en el ingreso al país para las personas expulsadas de cinco años. La ley vigente actual establece un plazo de tres años.

El Senado eliminó esta disposición, generando el desacuerdo que desató que el proyecto ahora deba ser revisado por una comisión mixta, compuesta tanto por senadores y diputados.

Reserva de constitucionalidad

Una vez conocido el resultado de la votación, el diputado del Frente Amplio (FA), Jaime Bassa, comunicó en la Cámara Baja que se realizaría una reserva de constitucionalidad.

El frenteamplista detalló que “primero se infringe el quórum exigido para modificar normas de rango orgánico constitucional, específicamente en la votación del Senado, donde este artículo fue aprobado por 18 votos a favor. Los incisos primer y segundo del artículo 141 tienen ese carácter, pues inciden en la organización y atribuciones de tribunales”.

Basse sumó que “las modificaciones vulneran el derecho, debido proceso, al restringir desproporcionadamente los derechos constitucionales establecidos por la Constitución y al reducir los plazos de reclamación”.

Esto, ya que el proyecto reduce el plazo de 10 a 5 días para que los extranjeros puedan apelar a la decisión de expulsión.

Debate parlamentario

Durante el debate, parlamentarios que intervinieron defendieron la necesidad de reducir los tiempos de tramitación, facilitar la ejecución de las expulsiones y entregar mayores facultades a la Policía de Investigaciones (PDI), argumentando que existe un importante número de resoluciones que aún no se concretan.

La diputada Macarena Santelices (REP.) sostuvo que la iniciativa “es hacer justicia con los chilenos” y recalcó que “este proyecto no es contra los migrantes que ingresaron legalmente (…), es a favor del Estado de Derecho”.

Añadió que el mensaje debe ser claro: “Quien entra legalmente será bienvenido, pero quien ingresa ilegalmente y no cumple la ley no puede pretender que el Estado mire hacia otro lado”.

En la misma línea, la diputada Chiara Barchiesi (REP.) afirmó que “una frontera sin control es una invitación al crimen” y que el proyecto fortalece la capacidad del Estado para hacer cumplir las expulsiones.

Destacó que la iniciativa incorpora la afectación grave al orden público como causal de expulsión, permite el ingreso de la PDI a domicilios con autorización judicial y acorta los plazos para reclamar ante los tribunales.

Barchiesi insistió en que la reforma busca recuperar la confianza en las instituciones. “Aprobar este proyecto es fortalecer el Estado de Derecho (…) porque a Chile se entra por la puerta y no por la ventana”, afirmó al anunciar su voto favorable.

El diputado Felipe Camaño (IND) respaldó el proyecto, aunque advirtió que la nueva legislación deberá ir acompañada de otras medidas de seguridad. “De nada sirve esta ley si no se fortalecen el control fronterizo, la coordinación entre la PDI, la Fiscalía y el Servicio Nacional de Migraciones y la capacidad de fiscalización real”, planteó.

Asimismo, enfatizó que la ciudadanía espera resultados concretos. “La seguridad no es solo que nos sentemos acá a discutir leyes. La gente necesita ver resultados concretos, menos víctimas, fronteras controladas y un Estado presente”, señaló.

En tanto, el diputado Javier Olivares (PDG) calificó la situación migratoria como “un desafío histórico y devastador” y sostuvo que el país enfrenta un escenario que obliga a actuar “con la máxima urgencia y sin complejos”.

El parlamentario defendió las modificaciones argumentando que permitirán recuperar el control migratorio.

“Facilitar la expulsión administrativa es una herramienta de supervivencia institucional”, afirmó, agregando que “no podemos seguir permitiéndonos que una burocracia estatal ciega y complaciente actúe como un escudo protector para la ilegalidad”.

Olivares llamó a entregar mayores herramientas a las policías y concluyó que “nuestra prioridad absoluta debe ser siempre la seguridad de las familias”, manifestando su voto favorable a la iniciativa.

El diputado Gaspar Rivas (PS) valoró los cambios incorporados por el Senado, afirmando que lograron equilibrar la eficacia de las expulsiones con las garantías constitucionales. “Hay un país que está cansado, con razón, de que las órdenes de expulsión se firmen y no se cumplan (…). Este cansancio es legítimo y este proyecto lo recoge”, indicó.

Destacó especialmente que se excluyera a establecimientos educacionales y de salud de la obligación de entregar información para ubicar a personas sujetas a expulsión. “Ningún niño será usado como puerta de entrada para llegar a sus padres. Ningún enfermo tendrá que elegir entre curarse y esconderse”, defendió.

En la misma línea, el diputado José Montalva (IND) llamó a abordar la discusión con una mirada de Estado y recordó que la iniciativa fue presentada originalmente durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

“Chile no necesita campeones de la indignación, necesita legisladores capaces de construir acuerdos”, señaló. Añadió que la migración irregular y la seguridad “no se resuelven con consignas (…), se resuelven con leyes bien hechas, eficaces y respetuosas de la Constitución”.

La diputada Ana María Gazmuri (PAH) fue una de las voces más críticas al texto aprobado por el Senado. Si bien señaló que nadie cuestiona la necesidad de regular la migración, sostuvo que varias modificaciones afectan el debido proceso.

Sin embargo, criticó especialmente la reducción del plazo para reclamar una expulsión y la eliminación de la posibilidad de que terceros representen al afectado. “Eso representa un portazo al derecho de defensa”, planteó. También cuestionó que la expulsión pueda ejecutarse antes de que el tribunal declare admisible un recurso.

La diputada Marisela Santibáñez (IND) coincidió en la necesidad de expulsar a quienes delinquen, pero advirtió que ello no puede hacerse debilitando las garantías constitucionales, sosteniendo que “una cosa es actuar con firmeza y otra muy distinta es legislar mal, debilitando garantías básicas”.

Por el oficialismo, la diputada Claudia Mora (RN) sostuvo que la iniciativa entrega herramientas concretas para enfrentar la crisis migratoria.

“Un gran triunfo legislativo hemos tenido hoy, ya que logramos fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar la migración irregular y la delincuencia asociada a ella, permitiendo, entre otras cosas, que la Policía de Investigaciones pueda ingresar, previa autorización judicial, a domicilios particulares donde muchas veces se ocultan migrantes irregulares que han cometido delitos. Era una situación que generaba una impunidad inaceptable en nuestro propio territorio y hoy hemos dado un paso importante para corregirla”, sostuvo Mora.

“Ahora lo que queda es lograr en la comisión mixta la extensión a diez años de prohibición de reingreso al país para quienes son expulsados, una medida de toda lógica y la cual esperamos ratificar”, agregó respecto a la discusión que se zanjará posteriormente.

Fuente: latercera.com