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Con el objetivo de resguardar la competencia basada en la calidad dentro del marco de la política de gratuidad, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) tres recomendaciones clave para modificar la normativa que regula los aranceles de la educación superior.
Las propuestas fueron planteadas en un informe elaborado por la División Antimonopolios de la FNE, en respuesta a una consulta presentada por las universidades Finis Terrae, de Las Américas, Autónoma de Chile, Central de Chile, Bernardo O’Higgins, Mayor y Santo Tomás. En dicha consulta, las instituciones solicitaron al TDLC determinar si las resoluciones de la Subsecretaría de Educación Superior —que establecen las bases técnicas para fijar aranceles, matrículas y cobros por graduación en el contexto de la gratuidad— son compatibles con la normativa de defensa de la libre competencia.
Tras analizar los antecedentes, la FNE descartó la existencia de una discriminación arbitraria de carácter exclusorio. No obstante, concluyó que existen aspectos procedimentales, institucionales y metodológicos que podrían generar efectos restrictivos sobre la competencia en el sector y que, por tanto, son susceptibles de mejora.
En su evaluación —que también considera el trabajo previo del Estudio de Mercado sobre Educación Superior publicado en enero de este año— la Fiscalía señaló que el proceso de regulación de aranceles requiere ajustes en materia de plazos y oportunidades de participación. Según indicó, tanto las instituciones de educación superior como la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles —contraparte técnica de la Subsecretaría de Educación Superior— deberían contar con instancias más adecuadas para participar en el proceso.
Asimismo, el informe advierte que el diseño metodológico utilizado para calcular y determinar los aranceles presenta decisiones con respaldo técnico-económico limitado. Esto podría traducirse en una subremuneración de los costos del subsistema universitario y en una insuficiente consideración de las diferencias de calidad entre las instituciones.
La FNE también señaló que estas falencias podrían, en el mediano plazo, reducir los incentivos para que las universidades realicen inversiones destinadas a mantener o mejorar su diferenciación en calidad dentro del sistema de gratuidad. Además, podrían provocar una disminución en la oferta de vacantes en carreras subfinanciadas, independientemente de las preferencias de los estudiantes o de las necesidades del mercado laboral.
A partir de estos hallazgos, la Fiscalía formuló tres recomendaciones principales de modificación normativa para compatibilizar los objetivos de política pública en educación superior con la protección de la libre competencia.
En primer lugar, propuso establecer un procedimiento regulatorio estable, con etapas intermedias claramente definidas, plazos adecuados y mecanismos de participación que aseguren a las instituciones y a la Comisión de Expertos acceso equitativo, oportuno y transparente a la información sobre la metodología y los cálculos realizados por la Subsecretaría de Educación Superior.
En segundo término, recomendó fortalecer el rol técnico de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, con el fin de garantizar un adecuado contrapeso metodológico, así como una revisión exhaustiva y una correcta aplicación de los aranceles regulados. Como alternativa, planteó evaluar la creación de un modelo de comisión experta orientada a resolver de manera técnica e independiente las discrepancias entre la autoridad y los actores regulados.
Finalmente, la FNE sugirió diseñar una metodología de cálculo de aranceles con un respaldo técnico-económico más robusto, que refleje adecuadamente los costos considerados y resguarde la coherencia interna del modelo. Asimismo, recomendó explicitar con mayor claridad los criterios de política pública que influyen en su determinación, con el fin de otorgar mayor certeza jurídica y previsibilidad al proceso.
