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Las aportaciones del exgeneral chavista han llevado a las autoridades norteamericanas a recabar datos en España sobre la actividad financiera del expresidente.
La Justicia de EEUU «está muy interesada» en apuntalar «cuanto antes» la apertura de un «proceso penal» contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapaterocomo «colaborador necesario» del régimen de Nicolás Maduro. Fuentes judiciales relacionadas con la Corte del Distrito Sur de Nueva York precisan que las revelaciones aportadas por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal en torno a las actividades de Zapatero en Venezuela «han sido determinantes para impulsar seriamente esta vía». Las consecuencias extremas de una imputación penal sobre Zapatero conllevarían proceder al embargo e incluso a emitir una orden internacional de arresto.
Este tribunal federal neoyorquino ha venido asumiendo la causa contra el exjefe de la Inteligencia militar chavista desde que fue extraditado de España en 2023. Las fuentes consultadas, directamente relacionadas con el proceso judicial de ‘El Pollo’, insisten en destacar la «solidez» de la información facilitada en las últimas semanas por el exgeneral venezolano, quien conocerá su sentencia el próximo 12 de febrero tras haberse autoinculpado el pasado 26 de junio de delitos de narcotráfico y narcoterrorismo adscritos a los cárteles de la droga que Washington considera parte de la estructura de poder de Caracas.
Según la información manejada por este periódico, en sus últimas comparecencias Carvajal ha proporcionado «datos precisos» sobre el presunto pago a Zapatero de «importantes cantidades de dinero» procedentes del Gobierno venezolano a través de PDVSA.
Se trataría solo de «una de las vías de investigación en torno al expresidente derivadas de la documentación entregada por Carvajal» durante todos estos meses. Los datos en poder de ‘El Pollo’ han llevado igualmente a las autoridades estadounidenses a recabar colaboración en España sobre la actividad financiera del expresidente y su incremento patrimonial.
Lectura de la sentencia
La lectura de la sentencia de ‘El Pollo’ ha sido restrasada hasta dos veces debido al caudal de documentación incorporada a la causa. Así, un primer momento fue trasladada del 29 de octubre al 19 de noviembre, y de esta fecha al 12 de febrero del próximo año. Los indicios presentados por la defensa del exmilitar venezolano apuntalarían los vínculos de la cúpula chavista con el narcotráfico, señalan la conexión de los jerarcas militares del régimen con el negocio de la droga del ‘Cártel de los Soles‘ e identifican con concreción las complicidades internacionales de la cúpula chavista.
Hugo Carvajal espera evitar la condena a cadena a perpetua y, sobre todo, ser recluido en un centro penitenciario estatal, mucho más llevadero para un reo que una prisión federal.
El exjefe de la Inteligencia militar venezolana espera aliviar su horizonte penal a cambio de su colaboración. En concreto, sus dos objetivos esenciales en este sentido son librarse de la cadena perpetua y eludir un centro penitenciario federal para cumplir su eventual condena en una prisión estatal norteamericana, en unas condiciones mucho más llevaderas para un reo.
Los contactos de Zapatero con el régimen bolivariano vienen siendo objeto del interés tanto de la Justicia como del Gobierno de EEUU especialmente desde que, el pasado 14 de agosto, fue presentada una demanda en un tribunal de Florida contra el entramado chavista. La acción juducial impulsada por la Casa Blanca se basa en la llamada Rico Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), una normativa de aplicación específica en la persecución de delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
Como informó Vozpópuli, esta norma prevé el rastreo de las actividades de todas las personas relacionadas con los propios investigados, entre los que se encuentran Maduro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como otros significados miembros del Gobierno de Caracas.
Ahora, el testimonio de Hugo Carvajal ha contribuido a intensificar una investigación que podría desembocar en una causa penal compatible con las eventuales sanciones económicas que EEUU contempla para aquellos que identifica como «cómplices» del régimen.
El Departamento de Estado medita las consecuencias diplomáticas de imponer al expresidente un «castigo ejemplarizante» por sus vínculos con el chavismo
En este ámbito, EEUU está valorando el «alcance y la contundencia» de esas sanciones previstas. En el momento actual, el Departamento de Estado se debate entre plantear una «sanción suave» para el exjefe del Ejecutivo español o elevar «el castigo económico sobre él con el objetivo de emitir una señal ejemplarizante». Todo está condicionado por la «necesidad de calibrar las consecuencias en las relaciones bilaterales con España».
La lista OFAC
Este cuadro sancionador comprende, entre otras acciones, el embargo de activos y propiedades en territorio de EEUU del afectado en virtud de su inclusión en la llamada lista OFAC, gestionada por el Departamento del Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros.
En ella se incluyen los llamados Nacionales Especialmente Degisnados (SDN, por sus siglas en inglés), una amplia nómina de personas físicas y entidades jurídicas de todo el mundo amonestados por EEUU en el ámbito financiero mediante órdenes de inmovilización de sus activos y el establecimiento de un férreo veto comercial con ellos, entre otras medidas.
En las últimas semanas, han circulado algunas informaciones en Venezuela que aludían a que las sanciones ya eran efectivas para Zapatero, algo que en ningún caso ha ocurrido. De momento.
La conexión española
Entre los que aparecen en esa lista está buena parte de la cúpula chavista, como la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional del país, y el propio presidente venezolano. Asimismo, figuran múltiples entidades bancarias y corporaciones empresariales venezolanas estrechamente relacionadas con el poder bolivariano.
También hay en ella nombres vinculados al palacio presidencial de Miraflores desde los tiempos chavistas, cuya residencia las autoridades estadounidenses localizan en España. Son, entro otros muchos, los casos del exmilitar Adrián José Velásquez Figueroa, responsable de la seguridad personal de Hugo Chávez, fallecido en 2013. Igualmente, el empresario Rafael Alfredo Sarría Día, considerado por la Administración de EEUU testaferro de altos funcionarios del chavismo. Y Claudia Patricia Díaz Guilllén, la enfermera de Chávez, extraditada desde Madrid en 2022 tras haber sido reclamada por las autoridades norteamericanas por blanqueo de capitales.
Ficha de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU
Pero, sin duda, el de mayor actualidad en el listado es el propio Carvajal, cuya declaración en la audiencia previa a la comunicación de su sentencia ha generado una enorme expectación tras registrar varios aplazamientos debido a la ingente cantidad de información aportada a la Justicia federal norteamericana.
Una presión en aumento
La Administración Trump ha explicitado su rechazo al papel de Rodríguez Zapatero en el proceso de normalización democrática de Venezuela. Tanto es así que la diplomacia norteamericana recela de sus intereses personales en el desarrollo de estas actividades, y atribuye a su influencia en el Gobierno de Sánchez buena parte de la deriva de España en política exterior, de la que discrepa abiertamente.
EEUU ha venido aumentando la presión sobre el expresidente español con el rechazo a su plan de sustituir «transitoriamente» a Maduro por Delcy Rodríguez y la tutela en la sombra del hermano de esta. En paralelo, el Departamento de Estado, a través de su subsecretario, Christopher Landau, ha llegado a proponer prohibir su entrada en Estados Unidos mediante la retirada del visado.
Fuente: vozpopuli.com
