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La polémica por la frustrada compra de la casa de Salvador Allende sumó un nuevo capítulo con la declaración de la abogada del Ministerio de Bienes Nacionales (BBNN) que redactó el contrato de compraventa, Francisca Burgos Bustos.
Ante la Fiscalía, la funcionaria reconoció que “olvidó que existía una prohibición constitucional” que impedía a autoridades en ejercicio —en este caso, la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández— celebrar contratos con el Estado.
Su testimonio no solo reveló una falta de diligencia en la revisión legal de la operación, sino que además apuntó a presiones internas, luego de afirmar que su jefe de división le exigía acelerar el proceso pese a las advertencias de eventuales irregularidades.
“Debo señalar que en la revisión de los documentos olvidé que existía una prohibición constitucional respecto a la venta de esta propiedad, por cuanto dentro de sus dueños existía una senadora (Isabel Allende, PS) y una ministra (Maya Fernández, PS)”, señala en su declaración, según publica Emol.
“Sin embargo, debo aclarar que mi labor principal era realizar un análisis documental del inmueble, lo que implica los estudios de títulos”, agregó la profesional.
“Pablo Maino (jefe de División) quien desde el momento en que llega el oficio a nuestro departamento nos pide constantemente que nos apuremos, debido a que esta compra se debía ejecutar lo antes posible, ya que de no hacerse se podrían perder los dineros asignados a este proyecto, inclusive entregándonos un cronograma respecto a los plazos que teníamos”, revela la abogada Francisca Burgos.
Desde la parte querellante apuntaron sus dardos contra La Moneda. El abogado de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara,sostuvo que el episodio evidencia que en Presidencia primó la construcción de un relato por sobre el respeto a la ley y la Constitución.
El presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara, el diputado RN, Andrés Longton, planteó que resulta imposible que el Gobierno no haya estado al tanto de la inhabilidad constitucional, ya que esta constaba en diversos documentos.
A su juicio, solo caben dos explicaciones: un nivel de incompetencia tal que nadie reparó en las advertencias, o derechamente un acto de mala fe para favorecer a la exsenadora Allende.
Al respecto, la ministra vocera Camila Vallejo recalcó que la inhabilidad constitucional involucrada en la fallida compra es de pleno conocimiento y subrayó que, considerando la magnitud del caso, situaciones de este tipo no deberían repetirse en el futuro.
Recordemos que el sábado el Presidente Boric declaró ante la Fiscalía que jamás fue advertido de la inhabilidad constitucional para concretar la compra de la casa de Allende.
En esa ocasión recalcó que su papel se limitó a la idea de preservar un inmueble de valor patrimonial, sin intervenir en tasaciones ni valores.
Fuente: biobiochile.cl
