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La Fiscalía de La Araucanía obtuvo dos condenas con las penas máximas que permite la ley por delitos contra la propiedad, incluyendo presidio perpetuo por robos calificados y 11 años por disparos injustificados y homicidio frustrado. En paralelo, el Juzgado de Garantía de Panguipulli decretó la prisión preventiva para tres integrantes de la agrupación Liberación Nacional Mapuche (LNM), formalizados por su presunta participación en dos ataques incendiarios en la Región de Los Ríos.
El Juzgado de Garantía de Panguipulli decretó prisión preventiva para tres integrantes de la Liberación Nacional Mapuche (LNM), formalizados por su presunta participación en dos atentados incendiarios registrados en 2021 y 2022 en la Región de Los Ríos. La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía, que argumentó la gravedad de los hechos y el peligro que representaría la libertad de los imputados para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó un plazo de 180 días para el cierre de la investigación, y ordenó que los imputados cumplan la medida en la cárcel de Temuco, en el módulo especial para presos mapuches, a solicitud de la defensa. La decisión del tribunal con respecto a las cautelares se tomó el sábado 26 de julio.
La audiencia de formalización se prolongó durante dos días. Allí, la Fiscalía detalló que el primero de los ataques que se les imputa ocurrió en julio de 2021 en el sector Los Tallos, comuna de Panguipulli, donde tres maquinarias forestales, varios vehículos y un carro de arrastre fueron destruidos por el fuego. En el mismo hecho, un trabajador resultó con lesiones graves tras ser brutalmente agredido. El segundo atentado tuvo lugar en febrero de 2022, en el sector Ciruelos de la comuna de Mariquina, donde los imputados —encapuchados y armados— incendiaron 19 camiones forestales y una bodega.
Ambos episodios fueron investigados por más de dos años por la Fiscalía Regional de Los Ríos, a través de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), junto a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI. Las detenciones se concretaron el miércoles 24 de julio, tras allanamientos simultáneos en Mariquina, Panguipulli y Temuco.
Las penas más altas por violencia rural
Tal como adelantó el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol condenó a cuatro integrantes de un grupo armado que formaba parte de una banda dedicada al robo violento de vehículos y a ataques con armas de fuego contra inmuebles, entre ellos la vivienda del exconsejero constituyente Héctor Urban. El 23 de julio se dieron a conocer las penas, consideradas entre las más altas dictadas por delitos cometidos en el contexto de violencia rural.
Entre los condenados figura José Arzola Millalén, quien recibió la pena de presidio perpetuo por varios robos calificados, además de 11 años de presidio por disparos injustificados y homicidio frustrado en contra de René Urban, agricultor y padre del exconsejero constituyente Héctor Urban. Y el adolescente de iniciales D.Q.M., quien recibió una pena de 10 años de internación en régimen cerrado –lo máximo previsto por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente– por robos calificados, disparos injustificados y homicidio frustrado en contra de Héctor Urban.
De acuerdo con la acusación hecha por la Fiscalía, Arzola junto al adolescente, participaron en el robo de una camioneta perteneciente a la Municipalidad de Victoria la tarde del 9 de mayo de 2023. Durante el hecho, le dispararon a uno de los funcionarios, herida que terminó con la amputación de una extremidad inferior de la víctima. Más tarde ese mismo día, trasladándose en el vehículo de la municipalidad, dispararon con una escopeta en contra de René Urban, quien estaba en el km 1 de la ruta R-50 comuna de Ercilla, realizando labores agrícolas en su predio. El proyectil tipo Brenneke, utilizado para la caza mayor, impactó en la puerta del conductor del vehículo en el que se desplazaba Urban.
Horas más tarde, D.Q.M. concurrió a bordo de un vehículo hasta la Ruta 5 Sur de la comuna de Ercilla, en compañía de al menos un sujeto más. Al llegar frente al domicilio de Héctor Urban disparó con escopeta proyectil Breneken. El disparo ingresó a la vivienda fracturando uno de los vidrios. Luego fue hasta el cruce Collico, comuna de Ercilla, y disparó contra un vehículo blindado de Carabineros. A raíz de eso resultaron lesionados dos funcionarios.
Arzola, D.Q.M., y otros dos sujetos fueron acusados por la Fiscalía por su participación en 15 hechos violentos. El ente persecutor también logró condenas en contra de Luis Morales Millanao (a 9 años de presidio por tráfico de drogas, receptación de vehículo motorizado y tenencia ilegal de municiones) y Juan Queipul Queipul (a 7 años de presidio por receptación de vehículo motorizado, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones). Por estos mismos hechos hay una mujer (Viviana Cayul Millalén) y otro adolescente (H.Q.C) que fueron condenados antes en un procedimiento abreviado con penas de 3 años y un día para la mujer por receptación y 5 años de internación en régimen semicerrado para el menor.
El fiscal Carlos Bustos valoró la condena obtenida contra los cuatro integrantes de una banda armada que cometió una serie de delitos en el contexto de violencia rural, destacando que dos de ellos recibieron las penas más altas por su participación directa en robos calificados y con intimidación. “Durante el juicio oral y también durante la investigación se pudo determinar que actuaban armados de forma violenta y el modus operandi que tenía dice relación con intimidar a sus víctimas, atacarlas directamente con armas de fuego aun cuando no existiera resistencia por parte de éstas”, señaló.
Bustos también destacó el valor probatorio de la investigación, que permitió esclarecer 13 hechos delictivos sin pruebas directas que identificaran a los autores. “Estamos bastante conformes con esta condena, primero porque se trata de varios hechos que son cometidos en contexto de violencia rural, donde generalmente y específicamente en esta investigación los imputados se preocuparon siempre de actuar con sus rostros cubiertos, armados y de forma repentina con la finalidad precisa de evitar que existiera algún reconocimiento por parte de las víctimas”, afirmó. Y subrayó que, gracias a una indagatoria “de largo aliento”, se logró reunir “pruebas que dio cuenta clara de que las personas que se encuentran el día de hoy condenadas son las personas que participaron en los hechos tal como lo venimos planteando desde la formalización de la investigación”.
Tribunal devuelve el beneficio de salida a condenado por crimen de matrimonio Luchsinger-Mackay
En otro hecho de interés para la Macrozona Sur, Luis Tralcal Quidel, uno de los condenados por el brutal crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en Vilcún en 2013, mantendrá el beneficio penitenciario que le permite salir de la cárcel de Temuco.
Tralcal Quidel se encuentra cumpliendo una condena de 18 años por el delito de incendio con resultado de muerte. En el interín ha recibido diversos beneficios: el 27 de marzo de 2022 se le concedió el beneficio de salida dominical. En abril de 2023, se le otorgó el beneficio de salida de fin de semana; por último, el 24 de septiembre de 2024, se le otorgó el beneficio de salida controlada al medio libre.
Fue precisamente cuando estaba cumpliendo con estas salidas que el 9 de julio amenazó de muerte a una vecina de origen mapuche. Tras el incidente, el comunero fue detenido, pero la causa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio en audiencia con el Tribunal de Garantía de Temuco. Tralcal ofreció disculpas públicas y se le prohibió acercarse a la víctima o a su predio.
A raíz de esto, el 10 de julio, Gendarmería notificó a Tralcal la suspensión de sus beneficios hasta un nuevo pronunciamiento del Consejo Técnico del Centro de cumplimiento penitenciario de Temuco. No obstante, tras la presentación de un amparo por parte de la defensa de Tralcal, el juez de Garantía de Temuco, Luis Olivares, resolvió el 22 de julio que la medida era excesiva y dejó sin efecto las suspensiones.
Denisse Melgarejo Gómez, directora regional de La Araucanía de Gendarmería de Chile, apeló dicha resolución.
Sin embargo, la Corte nuevamente dispuso que “mientras no se adopte una decisión debidamente fundada y que respete la proporcionalidad que debe existir entre la conducta y su sanción, se deja sin efecto lo resuelto por la autoridad de Gendarmería, que primero había dispuesto la suspensión y luego resolvió la revocación de los permisos de salida del condenado Luis Sergio Tralcal Quidel”.
Fuente: ellibero.cl
