INICIO
MUNDO
NACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
TIEMPO LIBRE
La empresa detrás de los polémicos tótems de la PDI, Pegasus, ha sido cuestionada por múltiples fallas en sus proyectos tecnológicos con el Estado, incluyendo licitaciones millonarias que nunca funcionaron, y por su estrategia legal agresiva, que incluye 19 demandas y una intensa red de lobby.
Poner las huellas dactilares. No las toma. Poner la dirección. No la reconoce. Ese es un par de los problemas que a diario presentaban los tótems de control migratorio de la Policía de Investigaciones (PDI) en el aeropuerto Arturo Merino Benítez y cuyo funcionamiento se suspendió esta semana para “la actualización del software”.
Se trata de un capítulo más de la controvertida instalación de los kioskos de autoatención, que demoraron meses en comenzar a funcionar y cuya operación -que comenzó en abril de 2024- no ha logrado aliviar el flujo de atención de personas en el aeropuerto. La empresa que la PDI licitó para estos fines se llama The Pegasus Group Company. Es chilena, pero opera en alianza con firmas internacionales y su historia de servicios de tecnología, seguridad e inteligencia es llamativa: por un lado ha celebrado más de 260 contratos con el Estado, pero también tiene millonarios proyectos cuestionados con el Ministerio Público y la firma ha presentado 19 demandas en el Tribunal de Compras Públicas.
Además, entre sus filas figura como representante el cónsul honorario de Serbia en Chile, en un minuto contaron con la asesoría del abogado Luis Hermosilla (2017) y su lobby ha sido intenso: 151 audiencias con 32 gestores de intereses.
El problema de los tótems del aeropuerto
En 2020 la PDI adjudicó a Pegasus la licitación “Sistema de Automatización CM AMB Kioskos”, que buscaba hacerse cargo del aumento de pasajeros que conllevaría la apertura del terminal 2 del aeropuerto.
Según los cálculos de la policía, el flujo de viajeros requeriría sumar a 285 funcionarios extras de la PDI en las casetas de migraciones, lo que tendría un costo anual superior a los $4.000 millones, por lo que instalar un servicio de autoatención por un monto disponible de $1.926.015.000 resultaba conveniente. Además, la PDI solicitó que el servicio estuviera disponible en sólo 50 días corridos desde la orden de compra.
