«Los acusados por asesinar a mi hijo están en sus casas»: viaje al caso que reimpulsó la discusión de los pórticos en colegios y el endurecimiento de penas para adolescentes

En el pleno de la Cámara de Diputados, aunque no alcanzó a ser discutida ni votada, estuvo en tabla en la sesión del miércoles una moción cuyo objetivo es endurecer las sanciones que se apliquen a menores de edad que perpetren hechos criminales de especial gravedad, como homicidios.

Un día antes de la sesión, un estudiante de 16 años del Liceo Municipal Sara Tronocoso, en Alhué, fue apuñalado por un compañero cuando se dirigió al casino. El victimario, también menor, fue detenido por homicidio frustrado. Menos de una semana antes, en Puyehue, falleció un escolar de 15 años del Liceo Bicentenario People Help People de Pilmaiquén, tras ser agredido con arma blanca por otro alumno, que se entregó. Dos semanas antes de eso, tres adolescentes fueron atacados a bala en el Colegio Nuevos Horizontes, en Biobío, cuando ingresaron dos encapuchados. A uno de ellos, de 17 años, lo formalizaron por homicidio frustrado.

En medio de esta ola de violencia criminal escolar es que se da la discusión parlamentaria que propone modificar la Ley 20.084 -la que establece el sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal-, que surgió en la Comisión de Constituciónimpulsada por diputados de RN. También hay otra que se da en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que busca aprobar un proyecto de ley que permita la instalación de detectores de metales en los colegios.

«Mientras yo tengo que estar todos los días en un cementerio viendo a mi hijo, los que están acusados por el asesinato están en sus casas tomando chocolate con sus mamás. Por eso es que yo digo que la justicia es muy lenta. Es un privilegio que ellos estén en sus casas».

La que habla es Natali, la mamá de un estudiante de 17 años de edad del Liceo Carlos Cousiño, en Lota, que fue asesinado de 15 puñaladas la tarde del 19 de abril de 2024 a pocos metros de la institución, al finalizar la jornada escolar. Fue por este homicidio que el tema del uso de pórticos en los liceos tuvo un nuevo reimpulso desde el primer semestre del año pasado.

La mujer accedió a conversar con El Líbero tras ver que ha transcurrido un año y dos meses de ocurrido el asesinato y que el juicio aún no inicia. Su apellido no se publica para no aportar datos de identidad de su hijo, que deben mantenerse en reserva por haberse tratado de un menor de edad.

«Sí, es un riesgo (la violencia en los liceos), porque, imagínense, yo fui a dejar a mi hijo al colegio a las 6:00 de la mañana ese día. ¿Y cómo me lo entregaron?», se lamenta Natali, que se desempeña como guardia de seguridad y que el día de los hechos, tras haber cumplido con un turno nocturno de trabajo, fue a su casa por el adolescente para llevarlo a clases. «Era para que él no se viniera tan temprano a tomar el bus», explica. En ese trayecto fue la última oportunidad en que lo vio con vida. El joven murió en el lugar del ataque.

«Planteamos el hecho de que las personas señaladas de haber cometido este crimen andaban en la calle»

Por el homicidio del hijo de Natali, su único hijo, hay dos menores de edad acusados del delito de homicidio calificado, por los agravantes de alevosía y ensañamiento. Para el momento del crimen los implicados tenían 16 y 17 años de edad.

La información la aportó a este medio la Fiscalía de Biobío, que indicó que efectivamente ambos menores, cuyos nombres corresponden a las siglas B.A.B.S y S.A.M.B., se encuentran actualmente sometidos a medida de arresto domiciliario.

Sólo uno de ellos estuvo por un tiempo con medida de internación en régimen cerrado antes de que se la sustituyeran por la domiciliaria. Al otro, el Juzgado de Garantías de Lota, donde se lleva el caso, le dictó desde el principio la cautelar que le permite estar en su casa, esto debido a que él mismo se entregó.

Roberto Quiñelem, abogado que probono representa a la mamá de la víctima en la causa en la que ya se querellaron, sostiene a El Líbero que el régimen domiciliario en este caso no ha sido cumplido a cabalidad.

«Nosotros tuvimos una reunión para plantear nuestra desazón con el delegado presidencial, a través del encargado de las policías, y le planteamos el hecho de que las personas señaladas de haber cometido este crimen andaban en la calle, una de ellas prácticamente casi sacándole pica a la mamá (de la víctima). Planteamos el hecho de que el control de estas personas que supuestamente deberían estar bajo un control estricto no se había logrado», asevera el jurista.

Quiñelem explica que cuando solicitó la planilla donde se deja constancia de los controles de cumplimiento de la medida cautelar, constató que se habían realizado seis en aproximadamente 60 días. «Deberían haber pasado por lo menos una vez al día», sostiene.

«Hay un tercero que tenía que presentarse para ser procesado (…) ¿Cómo es posible que no lo puedan encontrar?»

Además de lamentar que el proceso ha sido lento, la mamá del estudiante asesinado en Lota señala que existe otro menor implicado en el homicidio, que está plenamente identificado, y que pese a ello aún no se encuentra judicializado.

«Hay un tercero que tenía que presentarse para ser procesado y no lo hizo. Lo que nos dicen es que la dirección que dio no estaba bien (…). ¿Cómo es posible que no lo puedan encontrar?», se pregunta Natali. La audiencia en la que debía ocurrir lo relatado por la mamá de la víctima estaba prevista para el pasado 12 de junio.

En efecto, al ser consultada, la Fiscalía señaló que por este crimen hay un tercer menor supuestamente involucrado, que, aseguran, no ha podido ser notificado por problemas en cuanto a su dirección. Por esta razón, indicó el ente acusador, será formalizado por separado una vez que se encuentre a disposición de la justicia.

«El de mi hijo no va a ser un caso más. Nosotros vamos a luchar hasta el final, hasta que se haga justicia, como corresponde», advierte la mujer, que asegura que han tenido que realizar marchas para presionar y que el homicidio no quede impune.

El informe pericial bioquímico estuvo listo más de un año después del crimen

Para dentro de dos meses, el próximo 14 de agosto, cuando ya casi se cumpla un año y cuatro meses del asesinato del estudiante, está prevista la audiencia de preparación del juicio oral en contra de los dos menores que ya están acusados. Uno de ellos, según la Fiscalía, tiene una condena previa por el delito de robo con violencia.

El abogado de la víctima explica a El Líbero que recién el 2 de mayo de este año estuvieron listos los resultados del informe pericial bioquímico relativos a manchas de sangre que se hallaron en una polera, unas zapatillas y otros artículos encontrados al momento de la detención de uno de los acusado. La captura ocurrió en Talcahuano, a más de 45 kilómetros del lugar del crimen.

Quiñelem también explica que se periciaron algunas de las armas blancas que fueron encontradas en el lugar del hecho y en un techo. Según el abogado, uno de los involucrados habría usado simultáneamente un sable y un cuchillo.

«Ni siquiera a un animal le hacen algo así para poder matarlo»,advierte el jurista. Las heridas le fueron propinadas al menor en la cabeza, el tórax y la espalda.

Tres días después de que se tuvieron los resultados de estos exámanes, la Fiscalía presentó la acusación, que quedó fechada el 5 de mayo.

Los pórticos «servirían», pero se necesitan soluciones de fondo

A juicio de Quiñelem, que también está cargo de otros casos criminales en los que los implicados son menores de edad, la instalación de pórticos detectores de metales en colegios «serviría», pero es necesaria una solución «más de fondo».

«Se necesita una norma en la que haya una descripción concreta de las penas respecto de aquellos jóvenes que son reincidentes en un mismo tipo de delito. Luego, tener lugares especiales para aquellos que hayan cometido delitos de menor gravedad, para que coincidan con adolescentes reincidentes en determinados hechos más graves, así como contar con equipo multidisciplinario que pueda ayudar y establecer un patrón de trabajo con esos menores y llevarlos en un control hacia el futuro», explica el abogado, a propósito de la discusión que se realiza actualmente en el Congreso.

Fuente: ellibero.cl