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En total, a nivel nacional habrían 214 funcionarios del poder judicial que cuentan con este beneficio.
Al menos 24 jueces del país llevan más de una década habitando casas fiscales con arriendos que no superan los $150 mil mensuales, a pesar de que sus sueldos brutos superan, en muchos casos, los $10 millones.
La información fue difundida por SABES mediante una solicitud vía Ley de Transparencia al Poder Judicial.
Entre los beneficiados se encuentra el ministro Antonio Ulloa, actualmente investigado por cohecho, soborno y tráfico de influencias en el marco del llamado Caso Audios.
A él se le asignó una casa fiscal en 2021, el mismo año en que fue nombrado en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Viviendas fiscales en sectores acomodados
Los ministros Pablo Zavala (Arica), Marilyn Fredes (Iquique), Virginia Soublette (Antofagasta) y Marco Kusanovic (Punta Arenas) también aparecen en la lista de beneficiarios.
Todos ellos ocupan inmuebles fiscales desde hace más de diez años, en barrios de alto valor en sus respectivas ciudades, pagando alrededor de $150 mil mensuales de arriendo.
Hasta el año pasado, el monto que debían pagar correspondía al 10% del sueldo base -no del total de la remuneración mensual-, el cual varía entre los $900 mil y $1.055.000.
Desde enero de 2025, el porcentaje subió a un 15%, pero el valor sigue siendo bajo considerando los ingresos totales de estos funcionarios.
En total, son 214 funcionarios del Poder Judicial quienes acceden a este beneficio, en su mayoría jueces.
Sin límites claros y con propiedades propias
Aunque el reglamento del Poder Judicial indica que estas viviendas fiscales sólo pueden asignarse a funcionarios que no posean propiedades en la ciudad donde trabajan, no existe un plazo límite claro. El documento establece un uso inicial de cinco años «prorrogable», lo que ha permitido extensiones de décadas.
Un caso emblemático es el de un juez de letras de Copiapó que, según los registros oficiales, vive en una casa fiscal desde 1995.
Incluso una jueza ya jubilada, en la misma región, aparece todavía como ocupante de uno de estos inmuebles, pese a haber dejado sus funciones en 2024.
Además, varios de los beneficiarios poseen otras propiedades en distintas zonas del país. Una de las ministras, por ejemplo, tiene declaradas seis propiedades dentro del territorio nacional.
Casas fiscales en Vitacura
En la Región Metropolitana, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) tiene seis inmuebles fiscales en la comuna de Vitacura.
Entre sus ocupantes están la ministra de la Corte Suprema María Angélica Repetto, los ministros Jaime Balmaceda y Antonio Ulloa, además de un juez de familia, una relatora y el fiscal de la Corte Suprema Jorge Pizarro.
En estos casos, el valor de arriendo es un poco más alto: entre $467 mil y $482 mil, dependiendo de la categoría del funcionario, pero sigue siendo muy inferior al valor de mercado para ese sector.
La situación vuelve a abrir el debate sobre el uso de recursos fiscales, los beneficios exclusivos para altos cargos públicos y la necesidad de actualizar criterios y límites en la entrega de estas viviendas, especialmente en un contexto de desigualdad en el acceso a la vivienda para el resto de la población.
Fuente: latribuna.cl
