Deuda pública: el legado político de los últimos 16 años

Las políticas de los últimos años han dejado como legado un deterioro en las cuentas fiscales. La buena noticia es que cada vez se escucha con más fuerza en el debate la necesidad de cambiar esta tendencia a través de recortes de gastos estatales y de medidas que fortalezcan nuestra economía.

Hoy, el deterioro fiscal de Chile es tema central en el debate público. Esto, luego de que en el año 2024 el déficit estructural fuera de 3,2% del PIB, muy superior a la meta de 1,9%, mientras que la deuda bruta del Gobierno Central alcanzó el 42,3% del PIB, su máximo nivel desde 1991.

Esto se agrava por el hecho de que, para no aumentar aún más la deuda, en los últimos dos años, en época de no-crisis económica, se usaron recursos extraordinarios para financiar el gasto público, en lugar de fortalecer el ahorro del Estado (retiro del FEES y excedentes del litio).

Para ser justos, el deterioro fiscal no comenzó en esta administración. Si vemos fríamente los datos, este es un legado político de los últimos 16 años: desde 2009 hemos tenido 13 años con déficit fiscal; es decir, en los que el Gobierno Central ha gastado más de lo que recauda.

Algunos argumentan que en este periodo el Estado tuvo que desembolsar gastos extraordinarios para enfrentar varias crisis, como la subprime del 2009, el terremoto de 2010 y la pandemia del 2020 y 2021. El problema es que eso corresponde solo a cuatro años de crisis. ¿Qué explica el déficit de los nueve años restantes?

Este sistemático sobregasto del Estado sobre sus capacidades llevó a que la deuda pública del Gobierno Central subiera desde un 3,9% del PIB en el 2007 a un 42,3% en 2024. Y esta deuda no es gratis, tiene un precio que pagamos todos los chilenos: sus intereses. Cada año, el presupuesto fiscal debe destinar una importante suma de dinero en esto y cada año ese monto es mayor.

El año 2024 destinamos $3.764.121 millones al pago de intereses (1,2% del PIB). Para tener una dimensión, este monto equivale a más de tres veces lo que gastamos anualmente en los sueldos de Carabineros. Otra forma de dimensionarlo: si el dinero en intereses se destinara a salud, el Estado podría aumentar el gasto anual por chileno en un 26%, desde $730.880 a $918.276. Es decir, los intereses de la deuda pública son caros y nos generan un costo de oportunidad relevante respecto al uso alternativo de los recursos públicos.

¿Qué hacemos ahora? Hay tres opciones para mejorar la salud de las cuentas fiscales. La primera es a través de un alza de los impuestos, pero hoy no se ve espacio para esto.

Desde 2009 le hemos cargado la mano al sector formal, a través de medidas como la desintegración del sistema tributario y el alza al impuesto a las empresas. Esta mayor carga tributaria no evitó el aumento de la deuda fiscal e hizo que perdiéramos competitividad internacional para atraer inversión.

El mayor peso a la economía formal se profundizó con la recién aprobada reforma de pensiones, que aumenta la tasa de cotización en siete puntos. En este nuevo escenario, aumentarle más la carga a un sector privado estancado hace 11 años a través de un mayor impuesto a la renta, como algunos proponen, no se ve prudente.

La segunda opción es recortar gastos públicos ineficientes, y aquí sí se ve un claro espacio para actuar. Cada año crece el gasto en funcionarios públicos y estos cada vez trabajan menos días hábiles al año: el gasto en personal del Gobierno ha crecido en un 171% en los últimos 17 años en términos reales; y en este mismo periodo el funcionario promedio pasó de tener un ausentismo laboral de 17 a 32 días al año.

Se necesita realizar una reforma profunda y ambiciosa al régimen de empleo público, con reglas claras y transparentes, que permitan regular la contratación, promoción y desvinculación de los funcionarios en base al desempeño, y delimitar con contratos transitorios a los funcionarios del Gobierno de turno.

Y la tercera opción para sanar las cuentas fiscales es el crecimiento económico. Esto es clave y el sector político debe aportar con medidas ambiciosas. Ideas sobran: reformas laborales que faciliten la contratación, como rediseñar nuestro sistema de indemnización por despido, el más caro de la OECD; o hacernos cargo de la permisología en los grandes proyectos de inversión, reduciendo la incertidumbre y la discrecionalidad política en la entrega de permisos cuando los proyectos están muy avanzados.

Las políticas de los últimos años han dejado como legado un deterioro en las cuentas fiscales. La buena noticia es que cada vez se escucha con más fuerza en el debate la necesidad de cambiar esta tendencia a través de recortes de gastos estatales y de medidas que fortalezcan nuestra economía. Esperemos que más personas se sumen a estas voces y se traduzca en medidas concretas.
Fuente: elmostrador.cl