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La Fiscalía Local de Chillán se mantendrá a la espera de «nuevos antecedentes» para evaluar si corresponde iniciar una investigación contra Daniel Fuentes Yáñez, pese a ser sindicado por la propia víctima como el «brazo derecho» del líder de una red de pedofilia en Ñuble. Por su parte, la Defensoría de la Niñez —después de la publicación de dos reportajes de BBCL Investiga— resolvió oficiar al ente persecutor para evaluar acciones futuras.
La Fiscalía Regional de Ñuble descartó abrir una investigación contra Daniel Fuentes Yáñez, sindicado como el brazo derecho del líder de la red de pedofilia que operó por más de una década en Chillán. Esto, pese a antecedentes que lo sitúan con un rol protagónico el entramado que dirigía M.A.O.B., como un participante activo de las violaciones y como el encargado de reclutar a hombres que protagonizaron los ultrajes de una menor de edad.
Tal como reveló la Unidad de Investigación de Biobiochile, el hombre de 61 años fue mencionado por dos imputados en plena etapa investigativa. Los implicados, ambos reclutados por Daniel, entregaron datos concretos de él: su descripción física y hasta detalles de sus viviendas, donde se ejecutaban los encuentros. Uno incluso se ofreció para acompañar a la policía y dar con la casa del implicado. Pese a todo, el abogado asistente del Ministerio Público Richard Urra Blanco, simplemente, no lo investigó.
Ahora, tras la revelación de nuevos antecedentes por este medio, la posición del organismo persecutor sigue siendo la misma.
“Nuevos” antecedentes
La decisión de no indagar a Daniel levanta suspicacias, puesto que en el juicio contra el líder y otros cuatro miembros de la red, la propia víctima calificó a Daniel como “un pedófilo”, el “peor de todos” y que buscaba hombres para que estuvieran con ella.
En entrevista con esta Unidad de Investigación, ella ratificó el testimonio que prestó en el proceso judicial y en su declaración ante la PDI. En aquella oportunidad detalló que Daniel “era amigo” de M.A.O.B. —su padrastro y principal acusado— y que él “participaba de los videos”.
“Si existen nuevos antecedentes que, sumados a los ya existentes en la carpeta investigativa aporten a ésta, se evaluará la pertinencia de iniciar una investigación“, expresaron escuetamente desde la Fiscalía Regional de Ñuble, aunque sin precisar qué nueva información requieren para la apertura de la indagatoria.
Inquiridos sobre el eventual inicio de sumarios internos por la falta de diligencias respecto de Daniel, desde el ente persecutor se limitaron a responder que “hasta el momento no hay antecedentes” de “faltas administrativas”.
Falso sitio del suceso
Lo mencionado por el Ministerio Público se contrapone a la situación que ocurrió con G.A.Z.S., uno de los condenados que fue grabado en actos de significación sexual con la víctima cuando ella era menor de edad. El Ministerio Público le ofreció un acuerdo para optar a un procedimiento abreviado que le permitió cumplir su condena en libertad.
El acta de ese pacto está llena de contradicciones. Según la acusación verbal de la fiscalía, los delitos que se le imputaban —estupro y producción de material pornográfico infantil— ocurrieron en la casa de M.A.O.B.
Eso es derechamente falso. G. jamás estuvo ahí. Es más, fue el único imputado que cometió delitos sólo en casa de Daniel. Los videos corroboran su versión. Él mismo lo confirmó. Cuando le tocó admitir todo, dijo que los “encuentros” ocurrieron en ambas casas de Daniel.
Pese a esto, la abogada asistente, en base a una minuta elaborada por el fiscal (s) del caso, expuso ante el juez que los delitos habrían sido cometidos en dos lugares distintos.
Primero, se menciona como sitio del suceso la dirección exacta de M.A.O.B. Y, respecto del segundo lugar planteado en la acusación, no se molestaron siquiera en especificar el nombre de la calle ni el número de la casa. Sólo mencionaron el sector, que coincidentemente es el mismo donde se ubica la casa de Daniel en Chillán Viejo. Ninguno de los dos domicilios fue periciado. Tampoco los teléfonos incautados a 12 imputados en la Operación Tailandia, cuya extracción de datos pudo haber aportado nuevas pistas.
Caso cápsulas de café
La falta de diligencias en esta investigación contrasta con el ahínco que, coincidentemente, la misma Fiscalía Local de Chillán demostró en la causa por el supuesto hurto de seis cápsulas de café por parte de una funcionaria de la repartición. ¿La víctima? Precisamente el abogado asistente Richard Urra, quien las guardaba en su oficina y avaluó la pérdida en apenas $1.800.
Para confirmar el delito, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, entregó de forma exclusiva la investigación al actual jefe de la Fiscalía Local de Yungay, Mario Lobos Ortiz.
La indagatoria incluyó un acabado trabajo de la PDI: los detectives debieron levantar evidencias y elaborar dos detallados informes respecto de las cápsulas de café marca Dolce Gusto, sabor latte macchiato. Periciaron muebles, lavaplatos y hasta basureros para comprobar la participación de la funcionaria.
Uno de archivos elaborado por la PDI, fechado el 23 de enero de 2020, contenía ocho fotografías de la mujer transitando por el edificio de la fiscalía y luego ingresando a la oficina de Urra. Un segundo reporte, del 18 de marzo del mismo año, se armó en base a las declaraciones de los funcionarios que declararon en un sumario abierto por el hurto de las cápsulas.
Costas de $2 millones a imputada
En el procedimiento judicial, la fiscalía presentó como prueba ante el tribunal dos fotografías de las cápsulas de café vacías, captadas por el propio Urra, nueve fotografías del mueble donde se guardaban, además de la declaración de la víctima y de una tercera persona que corroboraba la ocurrencia de los hechos.
Pero todo ese esfuerzo no tuvo los resultados esperados. Un año después de que se judicializara la causa, el tribunal chillanejo acogió la solicitud de la defensa de la funcionaria y la sobreseyó definitivamente, apuntando a la insignificancia del hecho investigado.
Por si fuera poco, además del revés judicial y los cuestionamientos por los gastos asociados a una investigación de tal magnitud, la Fiscalía Regional de Ñuble fue condenada al pago de $2 millones por el concepto de costas personales en favor de la mujer imputada.
Con todo, según fuentes de BBCL Investiga, a partir de la publicación de los reportajes de este medio, la Defensoría de la Niñez resolvió oficiar al Ministerio Público. Lo hizo este lunes, buscando conocer más detalles del caso para evaluar acciones futuras.
Y es que la presentación de una querella por parte de un organismo estatal obligaría al ente persecutor a reactivar la causa en búsqueda de nuevos imputados.
Fuente: biobiochile
