Álvaro Bellolio y regularización acotada anunciada por el gobierno: “Chile premia a quienes cruzan la frontera de manera ilegal y trabajan sin autorización”

Tras el polémico anuncio del subsecretario del Interior, Luis Cordero, sobre la intención del Ejecutivo de regularizar de forma acotada a más de 180 mil inmigrantes irregulares con empadronamiento biométrico, el exdirector de Extranjería y Migración, en entrevista con El Líbero, analiza la situación y advierte: “En lugar de fomentar la legalidad y el orden, el gobierno premia la desobediencia y contribuye a perpetuar un sistema injusto para todos”. Además, señala que esta medida podría generar un “efecto llamada” para que más inmigrantes intenten cruzar la frontera de manera ilegal.

Esta semana, durante el encuentro Proceso de Cartagena+40 de la CEPAL, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, causó gran sorpresa al señalar que el Ejecutivo está estudiando la idea de regularizar de forma acotada a más de 180.000 migrantes irregulares que participaron en el proceso de empadronamiento biométrico. Apenas se conocieron sus declaraciones, se encendieron las alarmas y no tardaron en llover críticas tanto desde sectores de la oposición como del oficialismo, además de ex cancilleres y académicos.

Una de las voces que desde hace tiempo viene advirtiendo sobre los problemas del empadronamiento de inmigrantes irregulares impulsado por el Ejecutivo es Álvaro Bellolio, recién electo Core por la Región Metropolitana y exdirector de Extranjería y Migración durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y actual director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello. En junio del año pasado, en una entrevista con Mirada Líbero, ya había afirmado que este proceso constituía un “perdonazo”.

Ahora, en entrevista con El Líbero, Bellolio aborda el anuncio hecho por el subsecretario Cordero y afirma que con ello “en lugar de fomentar la legalidad y el orden, el gobierno premia la desobediencia y contribuye a perpetuar un sistema injusto para todos”. También analiza la preocupación de que este anuncio pueda generar un “efecto llamada” para que más personas emigren a nuestro país. Sobre este punto, sostiene: “El empadronamiento es un efecto llamada mucho más directo que lo sucedido en Cúcuta”, en referencia a la visita del expresidente Piñera a la frontera de Colombia con Venezuela, la cual fue criticada por sectores de izquierda que le atribuyen parte de la responsabilidad en la inmigración irregular venezolana en Chile.

“Este anuncio es un ‘perdonazo’ en toda regla”

-¿Qué le parece lo planteado por el subsecretario Cordero sobre el empadronamiento a los inmigrantes? ¿Qué tipo de señal se está dando a su juico?

-Lo planteado por el subsecretario Cordero es preocupante porque da una pésima señal tanto a nivel interno como internacional. Este empadronamiento, presentado como un supuesto esfuerzo de control, es en realidad un paso previo para regularizar a quienes ingresaron clandestinamente. La señal es clara: Chile premia a quienes cruzan la frontera de manera ilegal y trabajan sin autorización, enviando un mensaje equivocado que incentiva a más migrantes a seguir este camino. Esto sigue ocurriendo donde los hijos de extranjeros que ingresan ilegalmente a Chile tienen prioridad en el acceso a jardines JUNJI por sobre hijos de madres adolescentes chilenas, según el decreto 15 del año 2022. Cuando uno entrega tantos privilegios y beneficios a quien no respeta la norma, se generan graves problemas de cohesión y legalidad.

–¿Qué opina de las últimas declaraciones de la ministra Camila Vallejo, quien afirma que el empadronamiento no es una regularización? ¿Comparte esa visión?

-Las declaraciones de Camila Vallejo son un intento por maquillar la realidad, similar a cuando justificó los indultos o cuando encubrieron abusos sexuales en La Moneda. El empadronamiento puede no ser una regularización formal en sí misma, pero claramente el paso previo, el registro, para ello. Esto se evidenció cuando el propio subsecretario Cordero habló de “regularización acotada”. Es una estrategia para reducir el rechazo público, pero el objetivo final es otorgar visas a cientos de miles de personas que ingresaron de manera irregular.

–Hace más de un año, en una entrevista con El Líbero, usted advirtió que el empadronamiento biométrico era una especie de “perdonazo”. ¿Cree que este anuncio podría considerarse un “perdonazo” para quienes han cruzado la frontera de forma clandestina?

-Sin duda. Este anuncio es un “perdonazo” en toda regla. Regularizar a 182 mil personas que ingresaron ilegalmente es premiar la clandestinidad y legitimar un sistema paralelo al Estado de Derecho. Esto genera incentivos negativos y desmoraliza tanto a los extranjeros que respetaron nuestras leyes como a los propios ciudadanos chilenos que ven cómo sus derechos y recursos son relegados frente a una agenda ideológica.

 “El empadronamiento es un efecto llamada mucho más directo que lo sucedido en Cúcuta”

–¿Cuáles son los riesgos más evidentes que el empadronamiento anunciado por el Ejecutivo podría representar para los problemas de seguridad que enfrenta el país?

-El principal riesgo es la normalización de la ilegalidad, que debilita las herramientas del Estado para identificar y sancionar a quienes cometen delitos, y el efecto llamada, que por los múltiples privilegios entregados por esta administración, fomentan que se ocupe esta manera ilegal de entrar al país. Además, el empadronamiento no garantiza que las personas regularizadas no tengan antecedentes penales en sus países de origen, lo que es especialmente grave cuando, como en el caso de Venezuela, no se puede confiar en la información oficial. Esto expone al país a mayores riesgos de criminalidad organizada y dificulta el control de fronteras.

–El ex canciller Hernán Felipe Errázuriz señaló en El Mercurio que uno de los problemas del empadronamiento sería un posible “efecto llamada”. Esto es algo que usted también ha advertido, considerando la situación actual en Venezuela. Se ha criticado mucho al anterior gobierno por el viaje del Presidente Piñera a Cúcuta. ¿Pero el empadronamiento podría ser más ‘llamada’ que Cúcuta?

-Sin duda, el empadronamiento es un efecto llamada mucho más directo que lo sucedido en Cúcuta, donde activistas anti expulsiones, de forma malintencionada, utilizan un viaje para defender la democracia con asignar invitaciones fuera de norma que no están en ningún discurso. En 2021, la regularización del gobierno de Piñera se centró en quienes ingresaron de forma legal, mientras que ahora estamos hablando de premiar a quienes cruzaron clandestinamente. En el contexto de una nueva oleada migratoria desde Venezuela, este tipo de políticas solo alimenta la percepción de que Chile es un país donde no existen consecuencias para quienes violan las leyes migratorias.

–El ex canciller también mencionó las dificultades para acceder a antecedentes de ciudadanos venezolanos debido a la relación entre ambos países. ¿Qué opinión tiene al respecto?

-Es una preocupación legítima. Sin cooperación efectiva entre los países, es prácticamente imposible verificar antecedentes penales o información personal de manera confiable. Esto deja a Chile expuesto a que personas con antecedentes delictuales o vinculaciones con actividades ilícitas aprovechen estas políticas de empadronamiento para regularizarse y operar con total impunidad en el país. Aún no se entiende a qué fue el subsecretario Monsalve a Venezuela y por qué no consiguieron absolutamente nada.

–Usted ha sostenido que el gobierno incentiva el ingreso clandestino de extranjeros, lo que genera un círculo vicioso. ¿Podría profundizar en esta idea?

-El gobierno genera un círculo vicioso al priorizar a los migrantes clandestinos en sus políticas, desde el acceso a jardines infantiles hasta el trabajar ilegalmente sin autorización ofreciendo la posibilidad de regularizarse. Esto envía un mensaje claro a los países de origen: ingresar a Chile de forma ilegal tiene beneficios, y no hay consecuencias. Esta señal provoca que más personas crucen la frontera clandestinamente, saturando los servicios públicos y debilitando la cohesión social. En lugar de fomentar la legalidad y el orden, el gobierno premia la desobediencia y contribuye a perpetuar un sistema injusto para todos.

Fuente: ellibero.cl