Empresas de Cordero y Marcel han facturado más de $39 millones al Estado desde que son ministros

De los 24 ministros del gobierno del Presidente Gabriel Boric, 10 son parte de diferentes tipos de sociedades según han registrado en sus declaraciones de intereses y patrimonio. Pero de ellos solo hay dos cuyas empresas han suscrito contratos con el Estado. Se trata de DER Ediciones, del ministro de Justicia, Luis Cordero; y Marcel y Marcel Fábrica de Resistencias Eléctricas, del ministro de Hacienda, Mario Marcel, las que han facturado más de $39 millones desde que asumieron sus carteras.

Desde que el ministro Cordero asumió el 11 de enero de 2023, DER Ediciones registra 17 contratos con diferentes organismos, seis de ellos con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El total de ventas desde esa fecha es de $33.381.672.

Mientras, la empresa del ministro de Hacienda ha hecho cinco contratos desde marzo de 2022, por $6.501.235.

Si bien no existe impedimento legal para que las empresas de los ministros presten servicios al Estado, estéticamente el asunto puede ser reprochable, por cuanto se puede haber tenido en consideración la propiedad de la firma para favorecerla de alguna manera en su elección.

El detalle de los contratos con el Estado

Según su declaración, el ministro de Justicia, Luis Cordero, participa en tres sociedades: Inversiones Lambco, Silva Cimma y Abogados, y DER Ediciones, donde tiene el 50% desde 2017.

De las tres, sólo la editorial registra órdenes de compras en Mercado Público. Desde que comenzó a funcionar, tiene 48 contratos con organismos del Estado. Seis en 2024, 11 en 2023, siete en 2022, cuatro en 2021, cuatro en 2020, nueve en 2019, seis en 2018 y una en 2017. Su principal comprador es la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), con 28 contratos.

Desde que es ministro, seis han sido para la CAPJ (de entre $907 mil y $2,7 millones) y dos para el Consejo para la Transparencia (de entre $2 millones y $11,6 millones), organismo que declinó hacer comentarios sobre los contratos. El trato directo más grande fue por el “Servicio de Coedición y Publicación del libro ‘Trece años de jurisprudencia del Consejo para la Transparencia’”, que contempló 600 ejemplares.

Los otros fueron para las municipalidades de Navidad, de Futaleufú y las universidades de Chile y de Valparaíso. El último data del 28 de agosto (con aceptación de la oferta el 3 de septiembre).

Sin embargo, no son hoy los tratos directos o las compras ágiles las que más complican a la empresa del ministro, sino la licitación de la Academia Judicial (AJ), adjudicada a DER el 30 de mayo de 2024 por $12.970.000 (sólo $30 mil menos que su competencia directa). Esto, porque el ministro es parte de su Consejo Directivo. A raíz de ello, el senador Karim Bianchi (Ind) hizo una presentación en Contraloría para que se pronuncie al respecto.

“No hay incompatibilidad legal porque el artículo 4 de la Ley de Compras está asociada a las compras del propio servicio. Tampoco hay otro tipo de incompatibilidad porque la administración está entregada a la otra parte de la sociedad y en los hechos quien nos representa en la Academia Judicial es el subsecretario de Justicia. Asimismo, la AJ ha sido cliente de DER Ediciones desde 2018. Solo recordar que es una editorial que vende libros editados que se adquieren como bienes en función de sus títulos que es lo que se vendió a la CAPJ. El tema ya está en Contraloría”, aclara el Ministerio de Justicia a este medio.

Actualmente, DER Ediciones no está habilitado para hacer ventas al Estado por tener deudas previsionales por más de un año.

Una empresa familiar

En tanto, la firma de Marcel es de larga data. Fue conformada en 1967 y hasta 1999 la lideró el padre del ministro, junto a otros familiares. De hecho, hoy es su primo quien la administra. Su nombre de fantasía es Fabrestel, son fabricantes de calefactores y Marcel tiene el 15,2% de la propiedad.

Desde 2006, la sociedad ha suscrito 267 ventas con el Estado, sin embargo, desde que Marcel es ministro, sólo han cerrado cinco ventascon el Instituto Antártico Chileno, el Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería, la Universidad de Chile, el Hospital Clínico General Dr. Raúl Yazigi J. y el Hospital Barros Luco.

Las ventas no son cuantiosas: entre todas aquellas que sucedieron bajo su mandato, suman $6.509.824.  La más onerosa es la del Instituto Antártico Chileno por $ 2.623.355.

Ni el actual ministro ni sus parientes cercanos han trabajado en las instituciones públicas a las que Fabrestel ha prestado servicios.

Chile Transparente: la importancia de evitar cuestionamientos públicos

El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, explica que en estos casos no hay una inhabilidad para la compra y venta de estos servicios.

“En general la aplicación de inhabilidades para la compra y contratación de bienes o servicios públicos se aplica cuando el funcionario tiene una empresa en la que tenga participación y que le está vendiendo a la misma institución o servicio para el que trabaja. En este caso, la inhabilidad es aplicable, justamente cuando una de estas empresas le quisiera vender o proveer servicio a la misma institución que dirigen los respectivos ministros”, sostiene.

No obstante, Figueroa puntualiza que “dadas las condiciones comerciales y la crítica de la fe pública, los ministros desde el punto de vista más estético debiesen buscar la forma de delegar la administración de esas empresas buscando así evitar cualquier cuestionamiento o conflicto público a las contrataciones, de tal forma de evitar deslegitimar la labor que está realizando la institución pública”.

Fuente: ellibero.cl