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Investigación por arista royalty entró en fase final y se alista el cierre del caso por presunto cohecho.
El próximo 2 de abril, la causa donde se indaga cohecho y soborno contra el ex senador Pablo Longueira y el ex gerente de SQM Patricio Contesse llegará a su fin. Así lo determinó el Octavo Juzgado de Garantía el martes 13, cuando dio sólo 20 días más de investigación.
El equipo de fiscales acordó internamente que, tras finalizar el plazo, no pedirá aumentarlo. Y que comunicará el cierre de la investigación. Los fiscales Pablo Gómez, Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione, de hecho, se encuentran elaborando la acusación en contra de los imputados.
La distancia que existe hoy entre la fiscalía y el ex ministro Longueira, dicen fuentes del caso, hace prever que no haya espacio para negociar una salida alternativa. En ese sentido, el juicio oral es, hasta ahora, el único escenario plausible en la recta final de esta causa donde se encuentran formalizados por delitos tributarios y cohecho el ex ministro UDI y el ex ejecutivo de la minera. Esto luego de que el Ministerio Público accediera a correos entre Longueira y Contesse respecto de la ley de royalty minero y estableciera que el ex senador promocionó al interior del gobierno aspectos textuales sugeridos por el ex gerente, hechos que se vinculan con los más de $ 680 millones que -según cálculos de la fiscalía- pagó SQM a personas vinculadas al personero UDI.
La defensa alega, sin embargo, que esas donaciones no fueron a parar al patrimonio de Longueira -aseguran que eso queda constatado en el levantamiento de sus cuentas corrientes-, sino que se destinó al funcionamiento de las fundaciones vinculadas al ex senador. En ese sentido, para el entorno de Longueira solo cabe que la fiscalía decida no perseverar con la investigación.
Quienes desestiman un acuerdo entre el Ministerio Público y Longueira, no solo aluden a las varias declaraciones que tanto los fiscales como el abogado del ex senador, Alejandro Espinoza, han expresado públicamente, enfatizando que no están disponibles para negociar. También señalan el episodio ocurrido en enero de 2017, cuando la fiscalía allanó de madrugada la casa del ex ministro, causando la irritación del entorno de Longueira, quien, según testigos, habría insultado a quienes encabezaban la diligencia.
Esa vez se acusó de parte de la defensa de Longueira que la fiscalía hacía un acto de “presión indebida” a su cliente y que el operativo respondía a una “respuesta revanchista”. Esto último porque en los días previos había trascendido que Longueira y el Ministerio Público ultimaban un acuerdo de procedimiento abreviado, que fue desconocido por la defensa, y que luego el propio Ministerio Público también desestimó.
Quienes conocen los pasos que esperan dar los persecutores en esta causa, explican que la intención del equipo de fiscales es ir a pelear a tribunales la comisión del delito de cohecho. Esto, pese a que varios intervinientes opinan que, a la luz de los hechos contenidos en la carpeta de investigación de la arista royalty de SQM, el caso se ve débil. A eso se agrega que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó querella contra el ex ministro por delitos tributarios.
Sin embargo, la relación de Longueira con SQM, los millonarios pagos solicitados por una de sus más fieles colaboradoras -Carmen Luz “Titi” Valdivielso- e incluso las imputaciones también por cohecho respecto de supuestas gestiones de Longueira para beneficiar a SQM a través de intentos por modificar el Código de Aguas, son parte de los argumentos que el Ministerio Público defenderá en un oral.
La Tercera solicitó sin éxito una definición de parte de la fiscalía sobre el inminente cierre de la investigación. El abogado de Longueira, en tanto, refuerza no estar disponible para nego- ciaciones. “Se lo he dicho al fiscal Gómez y lo he señalado públicamente: no hay ningún espacio para que este juicio termine en forma negociada. Nos parece que la fiscalía sí ha formalizado y durante dos años sometido a una investigación feroz a mi representado; llegó la hora de que en el juicio oral y público sostenga esta acusación”, señala Espinoza.
La información es de: La Tercera
