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La Corte Suprema de Nueva York ha confirmado su sentencia anterior por la que se invalidaba el mandato de vacunación contra el COVID-19 para el personal del sector de la salud, en una decisión que tendrá ramificaciones futuras sobre el poder del ejecutivo estatal.
La sentencia procede del Cuarto Departamento de la División de Apelaciones de la Corte Suprema, que desestimó el recurso del estado para que se restableciera el mandato.
“El Cuarto Departamento desestimó la apelación del estado por ser discutible y se negó a anular la victoria del tribunal inferior”, escribió la abogada Sujata Gibson en X.
“El mandato ha terminado y ha sido declarado inconstitucional”, continuó. “[Gracias] a [Children’s Health Defense], [Robert F. Kennedy Jr.] y [Medical Professionals For Informed Consent], y a todos los que ayudaron en esta lucha. No compensa el daño que infligió [Nueva York], pero ayudará a protegernos de más”.
El mandato de vacunación del personal sanitario se aplicó por primera vez en septiembre de 2021, lo que provocó la salida o el despido de aproximadamente 34,000 profesionales médicos de sus puestos.
Ese mandato fue anulado originalmente por la Corte Suprema del estado en enero, aunque el poder ejecutivo del estado optó por apelar la decisión.
En su opinión sobre Profesionales Médicos por un Consentimiento Informado contra Bassett, el juez Gerard Neri escribió que el Departamento de Salud del estado tenía “claramente prohibido ordenar alguna vacunación fuera de las específicamente autorizadas por la legislatura” y que habían “violado descaradamente los límites de su autoridad establecidos por la legislatura”.
Neri añadió que el mandato era “arbitrario y caprichoso” dado que las vacunas contra el COVID-19 no conseguían prevenir la transmisión del virus, lo que significa que la política no tenía una base racional.
La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, había explicadoanteriormente su oposición a volver a contratar a los trabajadores sanitarios que perdieron su empleo a causa de la vacuna, afirmando que ésta “no era la respuesta correcta”.
“Creo que todas las personas que acuden a un centro sanitario o a una residencia de ancianos deben tener la seguridad y sus familiares deben saber que hemos tomado todas las medidas para proteger la salud pública”, dijo entonces. “Y eso incluye asegurarnos de que quienes entran en contacto con ellos en su momento de mayor vulnerabilidad, cuando están enfermos o son ancianos, no les transmitirán el virus”.
En abril, el estado accedió a abandonar unilateralmente el mandato por decisión propia, aunque siguió impugnando la decisión en aras de mantener la autoridad ejecutiva.
“Debido al panorama cambiante de la pandemia de COVID-19 y a la evolución de las recomendaciones sobre vacunas, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha iniciado el proceso de derogación del requisito de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de los centros sanitarios regulados”, declaró el departamento de salud estatal.
El pasado mes de octubre, la Corte Suprema de Nueva York también anulóun mandato impuesto específicamente por la ciudad de Nueva York a todos los empleados públicos, argumentando el juez Ralph Porzio que no había pruebas que “apoyaran la racionalidad de mantener un mandato de vacunación para los empleados públicos, mientras se anula el mandato para los empleados del sector privado o se crea una excepción para determinadas profesiones, como atletas, artistas e intérpretes”.
En enero de 2022, la Corte Suprema de EE. UU. bloqueó de forma similar un intento del presidente Joe Biden de imponer a las grandes empresas privadas el mandato de que sus empleados se vacunaran o se sometieran a pruebas periódicas. Sin embargo, sí permitió que el mandato continuara en los centros médicos que recibían fondos de Medicare y Medicaid.
“Aunque el Congreso ha otorgado indiscutiblemente a la OSHA el poder de regular los peligros laborales, no ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de forma más amplia”, escribió el tribunal en su opinión sin firma. “Exigir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empleadores con más de 100 empleados, ciertamente entra en esta última categoría”.
Margaret Florini, portavoz de Profesionales Médicos por el Consentimiento Informado, dijo a The Defender que la última decisión era una victoria “histórica” que ayudaría a evitar que tales abusos de poder volvieran a producirse.
“Creo que veremos surgir muchas nuevas demandas gracias a esta victoria histórica”, dijo Florini. “Aún queda mucho trabajo por hacer. Perdimos mucho, no sólo dinero, sino relaciones, matrimonios, amigos y hogares. No podemos olvidar lo que nos hicieron y debemos seguir arrojando luz sobre ello y realizando cambios impactantes que realmente impidan que esto vuelva a ocurrir”.
Fuente: es.theepochtimes.com
