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En el caso, la Conadi está representada por la abogada Jessie Paola Martínez Salazar que, según el portal de Transparencia de la corporación, está contratada como abogada de la institución desde el año 2010.
Si bien Conadi no es demandado, ni demandante, es parte involucrada en el proceso, lo que según abogados y conocedores del trabajo que lleva adelante la UCAI, es un “evidente conflicto de interés”.
La contratación de la ex convencional constituyente Rosa Catrileo en la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas –que al igual que Conadi depende del Ministerio de Desarrollo Social– se dio a conocer en diciembre de 2022, luego de que el cargo estuviese vacante desde que se instaló el Gobierno en marzo de ese año.
Y el caso “Huaiquimilla con Manríquez” comenzó en septiembre de 2016, luego de que Catrileo presentara una demanda en representación de la Comunidad Indígena Manuel Calfunao de la comuna de Freire en contra de un particular. Un proceso en el que después se involucró Conadi, oponiéndose a la acción de Catrileo.
El “conflicto de interés” de Catrileo
Fuentes consultadas por El Líbero, que en el pasado estuvieron relacionadas con la UCAI, señalan que al asumir el cargo, Catrileo tendría que haber dejado cualquier ejercicio de la profesión que sea incompatible o tenga un conflicto de interés y “aquí al estar una comunidad indígena y estar Conadi involucrado obviamente hay un conflicto de interés grave”.
En este sentido, la otra fuente señala que si bien la UCAI y la Conadi son organismos distintos, ambos dependen del mismo ministerio y de la misma subsecretaría (Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia). Agrega que gran parte de los trabajos de la UCAI se realizan en total coordinación con la Conadi. “No tiene que darle órdenes, pero sí se espera un trabajo coordinado, sino es imposible. Ni Conadi, ni la UCAI pueden actuar por sí solos, entonces, no puede estar en un conflicto en el que también hay un conflicto con Conadi, cuando trabaja día a día con ella”, afirma.
Un punto en el que coincide Caifal, quien asegura que como UCAI, Catrileo tiene una vinculación directa con Conadi “y en el fondo es como una especie de superior respecto de las políticas indígenas”.
De acuerdo con el portal de Transparencia, Catrileo se desempeña como asesora especial para asuntos indígenas, y tiene entre sus tareas coordinar, supervisar y orientar la ejecución global de todas las actividades relativas a la temática indígena del Programa de Asuntos Indígenas; así como proponer los mecanismos administrativos, financieros y de gestión que aseguren el eficiente manejo de los recursos humanos y materiales del programa; también la coordinación del intersector en todas las materias de la temática indígena y asesorar a la ministra, Javiera Toro, y la subsecretaria, Francisca Gallegos, en las materias propias de la temática indígena.
Por esto recibe una remuneración bruta de $4.264.000.
Claudia Unicahuin, que hasta julio de 2022 trabajó en la oficina de Conadi en Castro y es la actual vicepresidenta de Pueblos Originarios en Renovación Nacional, subraya que Catrileo siendo UCAI “no puede tener una demanda que perjudique al Estado. Ella sigue siendo parte de la causa, no ha entregado el poder a otra persona”; y con respecto al rol en la UCAI señala que es quien asesora al Presidente en temas indígenas: “Es un cargo muy relevante para los pueblos indígenas, pues es quien dice si una política pública está bien o no”.
Catrileo demanda dineros que Conadi dice que le pertenecen
La demanda tiene su origen en que la Conadi aprobó el financiamiento para la compra de tierras para la Comunidad Indígena Manuel Calfunao, con recursos del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas creado por la Ley N° 19.253. Sin embargo, en otro procedimiento judicial el contrato de compra-venta fue declarado nulo.
Catrileo, entonces, demandó a los particulares en septiembre de 2016 para que le restituyeran a la comunidad un monto de $365.580.000, que era el precio de la compraventa.
Dice la demanda presentada contra José Alberto Manriquez Leal, que éste debe pagar a la comunidad la suma de $365.580.000 (trescientos sesenta y cinco millones quinientos ochenta mil pesos), más reajustes e intereses, hasta su pago efectivo, por concepto de restitución del precio pagado en el contrato de compraventa declarado nulo de nulidad relativa.
Posteriormente, Conadi interviene e interpone una tercería de dominio, “respecto a los dineros que representan el precio de la compraventa que fue objeto de nulidad relativa, y que actualmente se reclaman como propios de los ejecutantes”.
Según el documento, “los demandantes no son los legitimados activos para hacerse de la suma en dinero que debe restituirse en razón de la declaración de nulidad que pesa sobre el contrato de compraventa, pues no fueron dueños, poseedores, ni mero tenedores de los dineros que se han embargado en estos autos”; siendo que fue Conadi quien financió la compraventa.
“Los dineros con los cuales se financió la compra del predio denominado ‘Fundo Butalon’, provienen del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi y por lo tanto deben ser restituidos a este, por lo que los dineros sobre los cuales recae el embargo de autos se encuentran amparados en favor de mi representado, conforme lo dispone el artículo 582 y siguientes del Código Civil”, dice el texto de la Corporación.
Finalmente, el documento concluye solicitando al tribunal se sirva tener por interpuesta demanda incidental de tercería de dominio en contra de los integrantes de la comunidad que habían demandado al particular y “decretar que los fondos embargados sean restituidos en favor de la Conadi, por ser propietaria de los fondos”.
El paso de Catrileo por la Convención, con su pareja como asesor
Durante el proceso, Catrileo responde al recurso presentado por Conadi. Señala que Conadi al reconocer que sus representados fueron beneficiados del subsidio para compra de tierras, esos fondos ingresaron al patrimonio de los comuneros de la comunidad indígena; además reclama que Conadi se restó de participar en el juicio en el que se declaró la nulidad de la compraventa; y dice que respecto de los fondos del subsidio de tierras, Conadi “era una mera administradora, y no propietaria”.
En este sentido, fuentes que conocen el manejo tanto de UCAI como de Conadi reiteran que “hay un claro y grave conflicto de interés. Y también incompatibilidad, al ejercer un rol hacia un privado cuando hoy día tiene un rol en el Estado. Ella al momento de aceptar ser parte del gobierno del Presidente Boric debería haber dejado de lado todas aquellas causas que en algún momento tuvo y más aún en este caso”.
Caifal, por su lado, opina que “Rosa Catrileo ha realizado diversas acciones que están reñidas con algunos principios de probidad. Por ejemplo, en la Convención Constitucional ella tenía contratado a su pareja”.
Caifail se refiere al ex candidato al Consejo Constitucional por el pueblo mapuche Julio Marileo, quien, según los registros de la Convención Constitucional efectivamente fue asesor de Catrileo durante el proceso constituyente anterior.
El medio Interferencia además dio a conocer que ya con Catrileo a cargo de la UCAI, la empresa de Marileo ganó una licitación de Conadi por $80 millones para un proyecto de «inmersión lingüística».
Conadi se refirió al tema a través de un comunicado, en el que señalan que la empresa ‘Julio Nelson Marileo Calfuqueo Consulta y Servicios de Capacitación y Desarrollo’ “ha trabajado, vía licitación pública, con Conadi en proyectos de carácter técnico desde 2014, especialmente en temáticas de educación intercultural”.
En ese caso, Caifal también dice que “es evidente de que hay conflicto de interés porque en este caso Rosa Catrileo sabe perfectamente cuáles son los concursos y tiene información privilegiada respecto de esas iniciativas”.
Las polémicas de la abogada
Para Caifal, la UCAI “básicamente coordina todo lo que tenga que ver con la temática indígena. En la práctica hay una experiencia también de trabajo conjunto en la cual Rosa Catrileo estaría casi al mismo nivel que el director nacional de Conadi, en cuanto a su jerarquía y a sus competencias; y sabiendo que además Conadi tiene que evacuar un informe y ella es la demandante resultaría bastante cuestionable desde el punto de vista de los principios en materia de probidad administrativa y en cuanto al conflicto de intereses económicos”.
Agrega que Catrileo “asume su labor profesional o su labor como directiva de la Unidad de Coordinación, pero tener ese conflicto obviamente es altamente cuestionable”.
Como constituyente, Catrileo tenía uno de los perfiles más duros. Durante su paso por la Convención impulsó que se eliminara el concepto de «República de Chile» del Reglamento, esto en la Subcomisión de Estructura y Funcionamiento.
En cuanto a la plurinacionalidad, la abogada declaró: “Acá hay quienes pensaban que bastaba con el reconocimiento de los pueblos indígenas para que quedara todo perfecto. Un mero reconocimiento vacío no era significativo para nosotros. Lo importante era el reconocimiento y la materialización de derechos que nosotros ya tenemos en el ordenamiento jurídico internacional con o sin Constitución”.
En un episodio más reciente, cuando la ex ministra del Interior Izkia Siches no pudo entrar a Temucuicui, Catrileo indicó que “Temukuykuy está en el país Mapuche”, por lo que una “visa” para entrar a ese territorio “no es mala idea”.
