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“Los distintos lof en resistencia de Arauco” publicaron un comunicado en el que amenazan de muerte a personas que trabajen en faenas forestales, donde se da empleo a comunidades locales mapuches y no mapuches. «Advertimos a cualquier contratista o persona involucrada en las denominadas ‘faenas mixtas’ que es un enemigo y sus actos significan un atentado directo en contra de la nación mapuche», señalan.
Desde hace varios años, empresas del rubro forestal en las regiones de La Araucanía y el Biobío implementan acciones para incorporar a las comunidades en esa actividad productiva. Sin embargo, para los grupos radicalizados, que personas de origen mapuche opten por participar en estos programas constituye una “traición”.
Es así como esta semana apareció una “advertencia” en redes sociales en contra de “yanakonas y grupos winkas” en el Golfo de Arauco. Los primeros son aquellas personas de origen mapuche a quienes los violentistas acusan de estar aliados con las forestales. Mientras que el término winka lo utilizan para referirse a los chilenos que no pertenecen al pueblo mapuche.
Es así como en un comunicado fechado el 4 de junio, “los distintos lof en resistencia de Arauco” afirman: “Exigimos a la Forestal Arauco se abstenga de ingresar al territorio y advertimos a cualquier contratista o persona involucrada en las denominadas ‘faenas mixtas’ que es un enemigo y sus actos significan un atentado directo en contra de la nación mapuche”.
Para luego amenazar: “Hecha la advertencia, desde este momento cualquier pérdida material o personas heridas, lesionadas o incluso muertes que puedan derivarse de este conflicto, serán responsabilidad exclusiva de Forestal Arauco y su estrategia ‘faenas mixtas’”.
Y el comunicado cierra con las consignas: “no más pacos en territorio recuperado”, “fuera forestal de territorio mapuche” y pidiendo la libertad de los que ellos denominan «presos políticos mapuche».
La muerte de Segundo Catril
La amenaza no es trivial. Hace un año murió asesinado el trabajador mapuche Segundo Catril Neculqueo.
Falleció el 24 de mayo de 2022 tras ser baleado en la cabeza luego de que el transporte en el que se desplazaba hacia su trabajo sufriera una emboscada en Relún, comuna de Lumaco en La Araucanía, en la ruta que une a Capitán Pastene con Tirúa. El suceso ocurrió alrededor de las 9:00 am.
Los afectados trabajaban para Santo Reinao SpA, empresa contratista que prestaba servicios para la Forestal Mininco, filial de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), y se dirigían a reforestar árboles nativos.
El propio empresario local Santo Reinao; también ha sufrido emboscadas acusado por los violentistas de ser un “yanacona”.
El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, confirmó entonces que en el atentado en contra de los trabajadores se utilizaron escopetas y “armamento de guerra”.
Ninguna de las orgánicas radicalizadas que operan en la Macrozona Sur se atribuyó el ataque, y a la fecha el suceso no se ha esclarecido y se desconoce quiénes son los responsables.
Sin embargo, el crimen ocurrió en una de las zonas rojas por estar en los límites con la comuna de Arauco lo que permite que por los caminos interiores se puede llegar a la zona de Lleu Lleu y Tirúa, donde operan las ORT u organizaciones de recuperación territorial que surgieron de la CAM.
Se trata, de acuerdo con lugareños, de la vía más expedita entre la VIII y la IX Región, y que para los violentos supone una gran ruta de escape gracias al control territorial que ejercen en sectores como Antiquina, Peleco y Contulmo.
La razón de la amenaza
Humberto Toro, delegado Presidencial Provincial de Arauco, explica a El Líbero que el origen de este comunicado podría deberse a que actualmente se encuentran en conversaciones con comunidades del cono sur de la provincia que han mostrado interés en iniciar procesos de faena en alianza con empresas forestales; así como con pequeños transportistas quienes también quieren prestar sus servicios a estas compañías.
En el caso de los primeros, Toro señala que algunos quieren trabajar en sus propios predios “fundamentalmente para hacer proceso de venta directa a quien requiere esa madera y evitar, por lo tanto, lo que según ellos genera a veces confusión en términos de que al sacar su madera pueda pensarse que están haciendo robo de madera”.
Por otro lado, indica que “hay otras organizaciones que señalan que están disponibles a ponerse a disposición de este trabajo colaborativo con las empresas forestales de tal manera que se abra la posibilidad de que las empresas también las contraten para faenas internas y que bien pudiera ser que esos camiones locales pudieran trasladar precisamente la madera que estarían vendiendo comunidades que hoy día tienen bosque… Es una manera de transparentar ese proceso y evitar lo que ha ocurrido en la Provincia de Arauco, donde hemos estado dando un ataque frontal al robo de madera”.
En consecuencia, la opinión del delegado presidencial es que el comunicado puede venir de “grupos un poco más aislados, desconectados precisamente de las comunidades de ese cono sur”.
Toro agrega que “cuando estoy hablando de comunidades del cono sur estoy hablando con comunidades que han sido fuertes, que son muy bien organizadas en la Provincia de Arauco y que en algún momento han sido catalogadas como comunidades complejas. Pero como digo, hoy están en una lógica de iniciar un proceso de relaciones con el comprador de manera directa para evitar precisamente, según ellos, la imagen de que aquí hay robo de madera por parte de ellos”.
Despejar el territorio para actividades ilícitas
Fuentes ligadas al mundo forestal, explican bajo condición de anonimato que las empresas forestales y propietarios de predios forestales le dan trabajo a comunidades locales mapuche y no mapuche.
Agregan que las ORT –organizaciones de resistencia territorial– y las bandas asociadas al robo de madera amedrentan a la gente que vive y trabaja en el sector donde les interesa robar, “los amenazan a ellos, sacan declaraciones en redes sociales y usan la violencia para tener despejado el territorio para sus actividades ilícitas e impunidad. Además les llaman yanaconas, o sea traidores a la causa mapuche, pese a que son gente que vive y trabaja como cualquier chileno”.
El comunicado aparecido esta semana obedecía a que se iban a hacer trabajos en un predio denominado “Chacay”, ubicado en la comuna de Cañete.
Forestal Arauco ha presentado diversas querellas por robo de madera en este campo en los años 2021 y 2022. Según las denuncias, en el predio se mantenía una cosecha ilegal del bosque existente y sustracción permanente de la madera.
“La tala y frecuencia de los hechos y forma de comisión, nos permite concluir que responden a una actividad económica -de carácter ilícita- sostenida en el tiempo, en donde los individuos de manera organizada y premeditada sustraen madera para luego venderla, descartando la posibilidad que los hechos descritos en el cuerpo de esta presentación sean eventos aislados e inconexos”, dice la querella presentada en octubre de 2021 ante el Juzgado de Garantía de Cañete.
Situación que se mantuvo hasta este 2023, cuando, según fuentes consultadas por El Líbero, se logró la intervención de Carabineros, con apoyo de la Armada, en el contexto del estado de excepción que rige en la zona.
Empresarios del ilícito
Toro califica a las agrupaciones que se dedican al robo de madera como“empresarios del ilícito”, quienes “siempre han buscado blanquear su ilícito en función de la causa mapuche”.
“No representan ni la causa mapuche, ni sus ideales, ni sus organizaciones. Y por tanto podría ser también que son estos grupos ligados fundamentalmente a este tipo de empresarios del ilícito, quienes se han enriquecido a costa de la pobreza de la provincia de Arauco, pero que nada tienen que ver con la causa mapuche ni con las comunidades mapuche”, dice Toro con respecto a quienes podrían estar detrás de la amenaza publicada en las redes.
Para el delegado, “lo que perciben estos grupos es que se les empieza a agotar el negocio ilícito y, por tanto, hacen estas amenazas”. Esto, explica, debido a la persecución del crimen organizado ligado al robo de la madera, a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía y al ver que las comunidades se han ido nuevamente agrupando en mesas territoriales “y se están resolviendo sus demandas desde el punto de vista de agua, caminos, fomento de producción, etc. Y, por otro lado, también se abre una puerta para generar venta lícita a través de acuerdos con las empresas forestales, con los transportistas”.
Un comunicado “peligroso”
Al final, para conocedores del tema, estas amenazas obedecen a que estos grupos violentistas se oponen a cualquiera que quiera desarrollo.
Para René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG., la amenaza publicada en redes sociales es “de la más alta complejidad y preocupación, porque finalmente se está amenazando a aquellas personas que desarrollen una actividad forestal en la Provincia de Arauco, y eso nos parece peligroso”.
Agrega que “aquí hay una advertencia pública, donde está atribuido por este grupo terrorista. Entonces, creemos que hay que tomarlo con cuidado, pero esperamos que solamente sea una amenaza y que no se lleve a la práctica, porque primero atenta contra la libertad de trabajo que constitucionalmente tenemos todos los chilenos en este país, y también atenta contra la libertad de las personas en la provincia, que yo diría es lo más peligroso. Aquí un llamado también a las autoridades a tomar este comunicado y analizarlo en su justa medida”.
En cuanto al trabajo conjunto entre forestales y comunidades, el gerente de Acoforag apunta que “es una medida que tiene absoluta concordancia con lo que las empresas están buscando: llevar desarrollo y bienestar a las comunidades. Hay que entender que casi el 60% de la superficie de la Provincia de Arauco es de aptitud forestal; por lo tanto, llegar a las comunidades me parece una buena medida porque finalmente entrega recursos a esas comunidades. Al parecer lo que quiere este grupo es mantener en la pobreza a la gente y eso no es lógico… Acercarse a las comunidades y hacer que las comunidades hagan parte de ello es absolutamente razonable, lo que no es razonable es que aquí se castigue a las personas que quieren salir de la pobreza en función de una amenaza pública”.
Fuente: ellibero.cl
