Comisión de Justicia contempla el fin del TC, crear tribunales indígenas y un órgano administrativo

El fin del Tribunal Constitucional “de la forma en que lo conocemos”, como señaló una constituyente, es una de las modificaciones al Poder Judicial que se meditan en la Comisión de Justicia en la Convención Constitucional. Entre otras ideas de quienes forman parte de la instancia asomaron la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura, que se encargue de los temas administrativos; eliminar la carrera judicial y la jerarquía dentro del sistema; instalar una perspectiva de género, con cuota paritaria para el nuevo Consejo; instituir tribunales indígenas y dar autonomía a órganos existentes, así como establecer nuevos, como la posible futura Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza.

“Hay agua en la piscina” es la frase que más se repite al consultar a los constituyentes que son miembros de la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional en la Convención Constitucional al ser preguntados sobre qué reformas consideran para este poder del Estado.

Y es que son varios los tópicos donde hay consenso transversal en cuanto a reformas al Poder Judicial, desde los que son más reformistas a los que han tomado posturas más tradicionales.

Consejo Nacional de Justicia

La mayoría de los consultados para esta nota sostuvieron que hay consenso para crear un nuevo órgano autónomo que se encargue de las materias administrativas, de las que hoy se ocupa la Corte Suprema.

Este órgano se podría llamar “Consejo Nacional de la Magistratura”, “de la Judicatura” o, sencillamente, “de Justicia”. “Tiene varios nombres por ahora. En general se refieren a él como ‘el Consejo’”, constató la coordinadora de la instancia, Vanessa Hoppe (ind. MSC).

En esa línea, uno de los grupos que recibió la comisión en el actual período de audiencias fue la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud).

En la recepción, la institución propuso la creación de un “Consejo Nacional de la Justicia”, que se integraría por 21 integrantes internos y externos al Poder Judicial. Este órgano tendría como finalidad el separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales, en cuanto que las primeras las realiza la misma Corte Suprema.

Entre las funciones del nuevo ‘Consejo’, la Aprajud consideró la “aprobación de las propuestas de los comité”, la “aprobación de políticas de nombramiento”, la “evaluación de desempeño” y “políticas generales de la administración de la justicia”.

El independiente pro FA, Daniel Stingo, apoyó esta medida, ya que considera que los magistrados usan mucho tiempo en acciones de corte administrativo: “Muchas horas del trabajo de los miembros de la Corte Suprema se van en esas cosas: una permuta entre jueces de un lugar a otro, dar sanciones disciplinarias, en investigación, en el tema administrativo y de las platas del Poder Judicial, lo que no tiene ningún sentido. Ellos tienen que dedicarse a juzgar”.

Ruggero Cozzi (RN) celebró el plan: “Sería muy beneficioso para mejorar el desempeño y el servicio del sistema de Justicia, de cara a sus usuarios”.

Eliminar carrera judicial

En tanto, otro de los tópicos que suscitan acuerdo transversal es eliminar las jerarquías entre jueces, así como la llamada “carrera judicial”.

El abogado magallánico Mauricio Daza (ind. INN) pormenorizó al respecto: “Esto significa que todos los jueces van a ser iguales, pero van a cumplir funciones distintas. Por ejemplo, un ministro de la Corte Suprema no va a ser jerárquicamente superior a un juez de letras en lo civil de Valparaíso”.

Y por otra parte, respecto de la carrera judicial, explicó que “la idea es eliminarla, de manera que cada uno de los cargos al interior del Poder Judicial sean concursables”.

Enseguida, Daza disparó contra el actual sistema: “Con esto, terminaríamos con algo muy nocivo: Chile es el único país en occidente en el cual todos los jueces son nombrados con la intervención del Presidente de turno. Eso genera un incentivo negativo, en términos de que los jueces tengan una real independencia y autonomía frente al poder político”.

El exfiscal de Talcahuano, Andrés Cruz (ind. PS) respaldó eliminar la carrera judicial. Y sumó que “primero, hay que dejar de hablar de ‘Poder Judicial’, que es una terminología absolutamente arcaica. Tenemos que hablar de ‘órganos de la jurisdicción’, u ‘órganos de la judicatura’”.

A lo que extendió que “es trascendente” que exista una diferencia no jerárquica, sino que “netamente funcional” entre los jueces. Y propuso que existan “jueces resolutores, jueces revisores y jueces unificadores de jurisprudencia, sin que exista diferencias entre un grado y otro”.

Sobre la eliminación de la jerarquía en el sistema, Cozzi subrayó que este punto “hay que explicarlo bien, porque igual seguirá existiendo una Corte Suprema y una de Apelaciones. Pero lo importante es que los jueces sean iguales entre ellos, y su diferencia tenga que ver, más que con una jerarquía o con su estadía o antigüedad en el Poder Judicial, con sus labores”.

¿Adiós al TC? Es posible

El Tribunal Constitucional será modificado con respecto a la forma en que existe hoy en la Constitución. Así lo adelantaron varios constituyentes.

Consultada, Carol Bown (UDI) asumió: “Por lo que se ha escuchado hasta ahora, me imagino que el Tribunal Constitucional no va a existir de la forma en que lo conocemos”.

Sin embargo, Bown, entre otros constituyentes, rescató la necesidad de que exista un órgano que haga valer la supremacía constitucional, “y que haya algún órgano de control, ya sea el Tribunal Constitucional u otro, que establezca esto, y que pueda reclamarla de alguna forma, ya sea preventiva o posterior”.

El activista Manuel Woldarsky (ind.) comentó: “No me gusta el Tribunal Constitucional. Creo que debe existir un control constitucional, pero no necesariamente de un órgano como el que existe hoy”.

“En aspectos de control de constitucionalidad debiera parecerse más al judicial review que al sistema kelseniano o austriaco que tenemos hoy”, desarrolló sobre el posible futuro modelo Manuela Royo (ind. MSC), “que es un control concentrado del poder judicial”.

Y agregó la abogada: “Pero se va a seguir manteniendo un sistema continental, porque no somos un país del common law, no es nuestra historia. Pero sí creo que hay cosas que no existen en ningún lugar, que dicen relación con una justicia feminista. Y de eso, podemos ser los precursores”.

“Con perspectiva de género”

En temas de equidad de género, Hoppe lamentó que la actual carrera judicial sea a sus ojos poco equitativa y se exijan requisitos que las mujeres no siempre pueden cumplir de la misma forma que sus pares hombres. Y puso dos ejemplos: el requisito de antigüedad y la exigencia de títulos de posgrado.

“Por ejemplo, escuchábamos en las audiencias a las magistradas, y nos decían que el hecho que se exija la antigüedad en la carrera del Poder Judicial las perjudica, porque para tenerla hay que estar dispuesto a moverse de una ciudad a otra. Y las mujeres no pueden hacerlo, porque están al cuidado de sus hijos, de otras personas, o en labores de trabajo doméstico, que no son reconocidas”, instaló la magíster en Derecho Penal.

Y siguió Hoppe: “Cuando se exigen requisitos de estudios, como un magíster, y una entra a competir con lo que han logrado otros hombres, también contiene una diferenciación en base al género. Porque para las mujeres también es más difícil acceder a poder estudiar y especializarse”.

En consecuencia, planteó pensar una nueva constitución “que se escriba desde la mirada de las mujeres, que considere estas peculiaridades que son propias de las mujeres, ya sea de las magistradas como de las funcionarias que ejercen en el Poder Judicial y en todo el funcionamiento del Estado”.

De la misma forma, Royo proyectó que el “Consejo” que será creado “también debe ser un organismo paritario, que debe velar por la existencia de paridad y un enfoque de género dentro del Poder Judicial”.

Autonomía y nuevos órganos

Asimismo, varios consideraron la inclusión en la nueva carta fundamental de algunos órganos que ya existen, o bien de otros de los que se contempla su creación.

En el temario de la comisión, que forma parte del Reglamento de la Convención, se anotó la “Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza”.

Sobre esto, Hoppe estimó como “importante” la creación de este órgano en calidad de autónomo, “para que sea un contrapeso a los otros poderes en manos del Estado. Que vele por los intereses de ciudadanas y ciudadanos. Y en su seno, veremos cómo se resguardan distintos derechos, pero fundamentalmente los de la naturaleza, que esperamos que se consagren en la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico”.

También como “importante” ponderó Stingo el incluir en el debate el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ya que para él es “vital” que el Estado regule la relación entre las empresas y los usuarios. “Si es mediante autonomía o regulación legal, hay que verlo”, expresó.

La autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos es otro de los puntos que propuso Hoppe: “Me parece aconsejable, pensando en la importancia que tiene este tema para las chilenas y chilenos, sobre todo después del estallido social y de los hechos de violencia y de terrorismo de Estado que hemos vivido”.

Tribunales indígenas

En tanto, la creación de “tribunales indígenas” es otra de las ideas que comparte una fracción de los constituyentes.

Woldarsky apoyó esta iniciativa y opinó que “cada pueblo originario, incluso el pueblo tribal afrodescendiente”, debe permitirse determinar su método de justicia. “Ya sea el método que les vamos a proponer, o uno que ellos definan por sí mismos”, precisó.

Al respecto, el abogado electo por el pueblo aymara, Luis Jiménez, recordó que en el proyecto de la Ley Indígena se contempló la creación de jueces de paz, “pero eso no prosperó”. Empero, ahora la idea es “crear tribunales indígenas”, de los cuales “hay que definir bien las competencias, para no cometer los errores de otros países”, aseveró.

No obstante, hay quienes tienen sus resguardos respecto a esta idea. “No se debe crear este tipo de órganos. Se puede reconocer las distintas tradiciones y culturas que existen hoy en Chile sin crear tribunales especiales”, criticó Ruth Hurtado (ind. pro PR). “Esto podría generar problemas en causas de alta connotación pública, como también los delitos que hemos visto que ocurren no solo en la Araucanía, sino que en otras zonas del país”, presagió.

En otra línea, Bown propuso la creación de un mecanismo “de fácil uso para las personas, que permita reclamar cuando la atención del Estado no corresponde o no se entrega en un plazo adecuado, ya sea en el Compin, el Registro Civil, municipalidades, el Servicio de Impuestos Internos, entre otros. Algo similar al Sernac, que sea de fácil tramitación y no requiera abogados”.

Otra postura “en cuanto a derechos humanos” sostuvo Royo: “Es fundamental la eliminación de los Tribunales Militares”.

Y tal como informó Radio Bío Bío en un reportaje, varios convencionales están a favor de un reconocimiento constitucional de la Defensoría Penal Pública, que podría llegar a tener la misma autonomía que el Ministerio Público.

Así, son varios los acuerdos en la que parece ser una de las comisiones que suscita los pactos más transversales. Y serán varias las modificaciones que se discutirán en la citada comisión, donde se tendrá que discutir durante los próximos meses para qué cambios al Poder Judicial hay “agua en la piscina” o no.

Fuente: biobiochile.cl