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La encuesta encargada por el INDH estuvo lista en enero, pero solo se publicó ayer, tras las consultas de CIPER. El 26% de los encuestados dijo que recurriría a Carabineros en caso de sufrir una vulneración de derechos y el 16% mencionó al INDH. Un 14% señaló que el instituto “protege los derechos humanos de todas las personas en Chile”, lo que implica una caída de 26 puntos respecto de la encuesta anterior (2018). El deterioro de la imagen de la entidad se conoce cuando surge una denuncia sobre un eventual incumplimiento del instituto a su obligación legal de enviar dos informes al sistema internacional de protección a los DD.HH. En tanto, la asociación de funcionarios de la entidad denunció ante la Contraloría una contratación excesiva de asesores que ganan entre $1 millón y $4 millones mensuales.
La Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020, encargada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) muestra un severo deterioro de la imagen y conocimiento de esa entidad entre los ciudadanos. Esto, a pesar de que el sondeo –realizado por la Universidad Católica– se realizó después del estallido social de finales de 2019 que puso los temas de derechos humanos entre los más relevantes de la agenda. Entre otros aspectos adversos para el instituto, apenas el 14% respondió que el organismo “protege los derechos humanos de todas las personas en Chile”, lo que representa una caída de 26 puntos respecto del sondeo de 2018, cuando el 40% hizo suya esta mención.
Los resultados de la encuesta, según se desprende del acta del consejo del INDH del 12 de abril pasado, se entregaron en enero al instituto. Pero la encuesta fue difundida cinco meses después, cuando se publicó en la web del INDH al final de este martes 22 de junio. Durante ese día, CIPER había hecho averiguaciones sobre la demora en su difusión (vea aquí la encuesta completa).
A la desmejorada imagen del INDH que muestra la encuesta, se suma la denuncia de que el instituto no cumplió con su obligación legal de entregar dos informes al sistema de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país. En detalle, estaba previsto que comunicara en febrero y marzo, respectivamente, el avance o retroceso en temas relativos a la discriminación contra la mujer y a la tortura, lo que no habría hecho. El antecedente quedó expuesto en una carta de auto despido, fechada el 30 de abril último (vea esa carta), suscrita por Mariela Infante, quien tenía la responsabilidad nominal de preparar estos informes. La ex funcionaria explica en la carta que su labor fue sometida a la supervisión de un asesor, lo que –según su versión– redundó en falta de instrucciones y fechas claras, situación que impidió cumplir con los informes.
CIPER consultó al INDH por esta eventual omisión de los dos informes a los que el instituto está obligado por ley, y la respuesta fue que la entrega de esos informes previos no es una obligación, y que el Instituto sigue siendo parte del proceso.
La intervención de asesores en distintas unidades del INDH ha generado roces entre la dirección del instituto y la asociación de funcionarios y funcionarias de la entidad. Hace pocos días la asociación denunció ante la Contraloría que la contratación de asesores de confianza del director superaría el límite de 5% del presupuesto que se puede dedicar al ítem de contrataciones a honorarios o bajo el Código del Trabajo. Se trata, según los antecedentes expuestos por la asociación, de 19 asesores que reciben entre $1 millón y $4 millones mensuales (ver planilla con pagos a asesores). Pero la unidad de comunicaciones del INDH envío un informe a CIPER en el que señala que los asesores de confianza son solo siete y que se gasta en ellos el 3,7% del presupuesto autorizado.
La asociación de funcionarios también denuncia que el INDH ha suspendido la labor de los observadores que vigilan el actuar policial durante las manifestaciones. Esto se habría producido después de una denuncia de Carabineros contra una funcionaria del instituto acusada de entorpecer la operación policial. Y también tras la decisión de las autoridades del INDH de revisar los protocolos destinados a regular la labor de los observadores y asegurar su comportamiento neutral.
Estas situaciones, que hasta ahora no fueron explicadas en detalle al consejo institucional, se suman a la decisión de mantener en reserva hasta este martes 22 la encuesta de 118 páginas encargada a la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la Pontificia Universidad Católica.
Fuente: ciperchile.cl
