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En el municipio Independencia, la realidad institucional parece haberse extraviado entre tortas, miradores y talonarios de chequeras públicas. Lo que debería ser un espacio para la gestión transparente y el servicio a los ciudadanos en Soledad, se ha convertido tristemente en el escenario de una práctica que raya en el feudalismo moderno: obligar a los empleados públicos a financiar, elaborar y aplaudir el cumpleaños del mandatario local.
La situación ocurrida recientemente en el Mirador José Antonio Anzoátegui no es una anécdota menor ni un simple exceso festivo; es un síntoma alarmante de la degradación institucional. Según se ha conocido, desde la propia Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía se habrían bajado fondos —nada menos que 20 dólares por cada dirección— para costear los ingredientes de la torta del burgomaestre. A esto se suma el ingrediente más amargo: la coacción directa al personal para que asistiera bajo la amenaza latente de represalias laborales, todo con el fin de fabricar una postal ficticia de “apoyo popular”.
Esta dinámica vulnera de manera frontal el ordenamiento jurídico venezolano. En primer lugar, se incurre en un grave peculado de uso y desviación de fondos públicos. El dinero del erario municipal pertenece a los habitantes de Soledad y está destinado exclusivamente al desarrollo de la comunidad y a la prestación de servicios públicos, no a subvencionar los festejos particulares de ningún funcionario, por muy alto que sea su cargo.
En segundo lugar, se pisotea la dignidad y los derechos de los trabajadores. La Ley del Estatuto de la Función Pública y nuestra propia Constitución prohíben categóricamente la coacción y el sometimiento a la servidumbre. Utilizar la estructura del Estado para doblegar la voluntad del empleado, obligándolo a entregar su tiempo, a convertirse en repostero por decreto y a marchar en concentraciones de culto a la personalidad, destruye el clima laboral e instaura el terror institucional. Pretender que “obedecer órdenes superiores” exime de culpa es un error: ningún funcionario está obligado a acatar mandatos que violen la ley y la ética pública.
Lo más grave de este montaje es el fraude que se intenta perpetrar ante la colectividad. Al forzar la presencia de los trabajadores en espacios públicos para simular un respaldo masivo, se engaña a la opinión pública y se desnaturaliza la política, reduciéndola a un acto de sumisión forzada.
Los recursos del municipio no son una caja chica personal, y los empleados públicos no son súbditos obligados a rendir pleitesía feudal. La verdadera autoridad se gana con gestión transparente, honestidad y respeto al ciudadano, no con decretos de cumpleaños ni con tortas horneadas bajo la sombra de la amenaza. Soledad merece instituciones que sirvan al pueblo, y no autoridades que se sirvan del pueblo.
