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El inmueble pertenece a una sociedad del abogado de Parisi. El pago abrió dudas sobre el origen de los recursos; el PDG afirma que eran de libre disposición.
Un amplio estacionamiento recibe a los visitantes de Civitas Restobar, ubicado en un edificio multiuso donde, al final de un largo pasillo, también funciona un gimnasio. En 2021, en esa misma explanada, se realizó la primera conferencia de prensa del partido, con la expectativa de que el inmueble se convirtiera en su símbolo.
Semanas atrás, La Segunda dio a conocer que el Servel evaluaba presentar una denuncia contra el PDG por gastos no acreditados en los balances. En ese contexto, la división de fiscalización del ente electoral estudia eventuales faltas que podrían implicar delitos y abrir la puerta a una disolución del partido.
Las dudas sobre el origen de los recursos
El partido, al no contar con los balances anuales aprobados desde 2023, no puede recibir ni transferir recursos públicos. No obstante, en febrero de este año el PDG —según consta en Transparencia Activa— recibió un total de $134 millones provenientes del Servel.
Al consultar al Servicio sobre la glosa de ese dinero, explicaron que correspondía a la aplicación del artículo primero de la ley 19.884, que entrega 500 UF por cada mujer candidata a diputada o senadora electa en los comicios de 2017, 2021, 2025 y 2029, ratificada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, explicó a este medio que, de confirmarse esa premisa, sería una «irregularidad, ya que recursos destinados a la mujer solo pueden ser ocupados en eso. Y, de hecho, tienen que ir en una cuenta corriente separada, con gastos y contabilidad separada».
Ante esa posibilidad, El Desconcierto contactó a la presidenta del PDG, Denisse Catalán, quien también se desempeña como asesora de la diputada Zandra Parisi. La máxima autoridad del partido señaló que el pago «se debe a deudas que mantenía el partido con proveedores que venían desde el año 2023 e inicios de 2024. Eso fue antes de que nosotros asumiéramos como directiva nacional y eran pagos que estaban pendientes».
En la misma línea, Catalán añadió que «al no tener recursos para pagarlo, no lo habíamos hecho. Sin embargo, durante este año llegaron unos fondos de libre disposición, y consultamos al Servicio Electoral si podíamos pagar deudas, sobre todo algunas que nos tenían afligidos».
Al consultar si existía documentación que acreditara que los fondos usados para pagar la deuda de la sede eran de libre disposición, no hubo respuesta. Tampoco fue posible contactar, pese a distintos intentos, al ex presidente del colectivo, Rodrigo Vattuone.
Una fuente conocedora de la interna del Servicio explicó que el gasto por el pago de la ex sede, al corresponder a este año, aún no ha sido revisado por el organismo electoral. Incluso, señala, es posible que ni siquiera esté presentado.
Esta redacción contactó a Fiscalía para conocer detalles de la arista judicial y las investigaciones respecto a pagos de sedes. Desde el ente persecutor explicaron que se trata de una indagatoria muy reciente y que se encuentran a la espera de los resultados de las indagatorias, las cuales se están ejecutando en conjunto con la PDI.
La historia de la ex sede del PDG
Al visitar el inmueble donde hoy funciona Civitas Restobar, un vecino del sector comenta que esa sede «hace muchos años» funcionaba como tal. «Cuando se tiró por primera vez Parisi, ese edificio era la sede, pero fue por poco tiempo».
El inmueble coincidió con la segunda campaña presidencial de Parisi, pero la primera como representante del PDG. En esa ocasión obtuvo 12,8% de los votos y no pasó a segunda vuelta.
Pese al resultado, el partido comenzaba a tomar forma y a captar nuevos militantes. En ese contexto, según fuentes del colectivo, un privado puso el inmueble a disposición para que funcionara como sede.
En un informe de agosto de 2021, al que tuvo acceso El Desconcierto, se describía el estado del edificio ubicado en Agustinas 2344: problemas con los medidores eléctricos, corrosión y daños estructurales en las escaleras, suelo deteriorado y una fumigación obligatoria eran parte de las observaciones.
Las mismas fuentes confirman que las reparaciones a «La Chaucha» —como le llamaban en la interna— fueron ejecutadas por los propios militantes, sin cuota mínima exigida, sino con aportes voluntarios. Algunos recuerdan que la primera conferencia de prensa del partido se realizó en ese lugar el 30 de noviembre de 2021, en medio de la carrera presidencial de ese año.
La sede funcionó por menos de un año: el 13 de diciembre de 2021 el partido se trasladó a una nueva sede en Virginia Opazo 12, a cuadras del inmueble de Agustinas. Actualmente el partido no cuenta con ninguna sede en Santiago, y una de las interrogantes de los militantes es elparadero de los muebles y artículos de ambas sedes. Consultada al respecto, Denisse Catalán no respondió, hasta el cierre de este artículo, sobre el destino de los artefactos de la sede.
La empresa del abogado de Franco Parisi que arrendó el inmueble
Según el registro de transferencias disponible en el portal de transparencia, el PDG realizó tres transferencias por arriendo —previas a las dos correspondientes a 2026— a Inmobiliaria e Inversiones Mynac SpA: la primera el 14 de octubre de 2021 por $5 millones, otra en diciembre de 2023 por $668 mil, y una tercera en enero de 2024 por $1,1 millón. Respecto a estas rendiciones, Pavez comenta que fueron aprobadas por Servel.
Militantes del partido señalan que, al consultar el monto del arriendo, se manejaban dos cifras: $1,5 millón y $5 millones. Aunque no fue posible confirmar el monto exacto del arriendo mensual, las transferencias registradas concuerdan con ambos valores.
En actas públicas de Mynac SpA, el socio principal es Mauricio Pavez Galaz, abogado de Franco Parisi y ex candidato a consejero por la Región Metropolitana. La firma fue constituida en 2013 por él mismo, con un capital de $20 millones. En 2024 modificó la sociedad e ingresaron como accionistas Yaisa Arce, Antonia Pavez Arce y Nicolás Pavez Arce.
Junto a estos últimos y su hermano Sebastián Pavez Galaz, Mauricio Pavez forma parte de la sociedad Pavez y Acuña Limitada, encargada de administrar Civitas Restobar, el local que reemplazó a la ex sede del PDG.
El Desconcierto contactó a Mauricio Pavez para conocer el monto y el tiempo exacto por el que arrendó el inmueble al partido. Respondió que había sido a «precio mercado», pero no precisó la cifra.
El abogado agregó que «son periodos de años atrás, no sé la verdad, no recuerdo cuáles son las fechas en que se arrendó, pero fue en un periodo en que al partido no le arrendaba nadie porque no tenían los antecedentes financieros que pudieran acreditar el pago».
A eso sumó que «de hecho, no se pagaron los cánones de arriendo en la oportunidad que correspondía y se hizo de forma posterior, con fondos del partido, naturalmente, que son destinados para ello, me imagino».
«El canon de arrendamiento que se adeudaba, y que se pagó, se hizo de forma correcta y todo ha sido validado por el Servel, entiendo lo que se me ha informado. Todo lo que señala alguna fuente del partido respecto a esta situación es completamente falso. Nunca se ha pagado con dineros que no correspondan», afirmó Pavez.
Los $16 millones en contribuciones que debe la propiedad
Según documentos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago revisados por El Desconcierto, la propiedad figura a nombre de Mynac SpA desde el 10 de mayo de 2017, tras la posesión efectiva por el fallecimiento de Walter Uriarte Urrutia. La propiedad quedó para la firma de Pavez, y para Walter y Juan Manuel Uriarte Arrieta.
Al revisar las contribuciones del inmueble, se confirmó una deuda de $16,4 millones acumulada desde abril de 2021 hasta noviembre de 2025. La morosidad comenzó el mismo año en que se inició el arriendo al PDG.
Consultado sobre esto, Pavez explica que la deuda «es por otra situación que no tiene nada que ver con el PDG, sino con los dueños de la propiedad, y se celebró convenio de pago para su regularización».
Asimismo, precisa que en un inicio el inmueble funcionó como colegio, por lo que no pagaba contribuciones, sin embargo, tras cerrarse, el SII comenzó a cobrar deuda por contribuciones. «Supimos de ello cuando ya había transcurrido un par de años, por eso se comenzó a regularizar después», comenta el abogado.
Así las cosas, mientras el partido sostiene que los recursos utilizados eran de libre disposición, la utilización de esos fondos aún podría ser revisada por el Servel cuando fiscalice los gastos correspondientes a 2026.
Fuente: eldesconcierto.cl
