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La medida tendría como trasfondo el cable submarino que se está negociando para conectar China con Chile y contempla la restricción de visa para estas tres personas y sus familiares directos. El anuncio lo hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado en donde sostuvo que ellos “dirigieron, autorizaron, financiaron, y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
Esta mañana, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un comunicado en que anunció “restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno de Chile quienes, con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron, y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
“Estas personas y sus familiares directos quedarán, en términos generales, inelegibles para ingresar a Estados Unidos y cualquier visa estadounidense que posean ha sido revocada”, agregó en el documento que también fue replicado por la embajada de Estados Unidosen Chile.
“Al finalizar su mandato, el legado del gobierno del Presidente Boric quedará aún más empañado por acciones que, en última instancia, socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. Esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la nueva administración Kast”, finalizó Rubio, quien posiblemente esté en nuestro país el 11 de marzo para el cambio de mando presidencial.
Según pudo recabar El Líbero con distintas fuentes diplomáticas de Chile y Estados Unidos, los tres funcionarios a los que Rubio alude serían el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y otro funcionario de Subtel: el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.
Cuatro horas después de la publicación de esta información dada a conocer en exclusiva por El Líbero, el ministro Muñoz confirmó que «he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente».
«Esta sanción duele especialmente, porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios, primero en California cuatro años y medio, luego en Boston como parte de un año sabático. Es una país al que le tenemos mucho afecto y donde hemos sido tratados como familia con mucho cariño», agregó.
El polémico cable Chile-China
¿Cuál es la razón de la sanción que recae sobre el ministro y los otros dos funcionarios públicos? El cable submarino que se está negociando para conectar a Chile con China (ver detalle abajo).
La incomodidad de Estados Unidos con el cable ha sido manifestada en varias oportunidades a las autoridades. La última, fue el pasado 12 de febrero, cuando el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sostuvo una reunión con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.
«Conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con (el cable) Humboldt. Los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales», escribió Judd tras la cita.
¿Qué se sabe del cable?
Según una publicación de Infobae, en julio pasado «la Inchcape Shipping Services (ISS), una de las principales multinacionales de gestión portuaria y servicios marítimos del mundo, presentó a la empresa Puerto Valparaíso los avances que se han llevado a cabo en el proyecto Chile–China Express (CCE), iniciativa secundada por el gobierno de Gabriel Boric que busca unir mediante un cable submarino de fibra óptica la ciudad de Valparaíso con Hong Kong».
«El problema radica en que el Chile–China Express no es un cable cualquiera, sino un proyecto que coloca a China en posición de controlar nodos de transmisión estratégica. En paralelo, desde 2017 China cuenta con una Ley de Ciberseguridad que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia y establece requisitos de almacenamiento local, auditoría y transferencia de datos para operadores de infraestructura crítica. A su vez, la Ley de Inteligencia Nacional exige la colaboración activa de cualquier empresa, dentro y fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto significa que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden ser puestos a disposición de Pekín sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan forma de impedirlo», señalaba la publicación.
«En el caso de Chile, la vulnerabilidad no se limita a su territorio. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podrían ver parte de su tráfico enrutado por el Chile–China Express, por lo que la naturaleza transnacional de los cables convierte a este proyecto en un asunto regional y no solo doméstico. En resumen, el control chino de la infraestructura digital en Chile podría comprometer la seguridad de datos de millones de latinoamericanos», agregaba la nota de Infobae.
La alarma que prendió el senador Kusanovic
En una columna publicada en El Líbero por el senador Alejandro Kusanovic en el mes de julio, éste prendía las alarmas por la situación del cable.
«La forma en que se ha promovido este proyecto contraviene principios básicos de prudencia. Avanzar sin un consenso político amplio ni una discusión pública rigurosa resulta imprudente. Más aún si consideramos que democracias consolidadas han restringido su cooperación tecnológica con China debido a los riesgos en ciberseguridad, confidencialidad y autonomía tecnológica», sostenía.
«Chile debe proteger sus infraestructuras digitales. Los cables submarinos no son simples enlaces: son activos estratégicos que, dependiendo de quién los controle, permiten acceder a información sensible, ejercer vigilancia, operar como sensores y proyectar poder. Por lo mismo, no sólo es relevante la tecnología implementada, sino quién la provee, bajo qué condiciones y en qué jurisdicción se resolverán los eventuales litigios. En un mundo tensionado entre China y Occidente, Chile no puede transformarse en terreno de disputa», agregaba.
Fuente: ellibero.cl
