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“Todo esto te hace volver a ese día, porque yo estuve presente en el incendio, vi la negligencia, el in situ de la autoridad. Y ahora esta negligencia también está en los recursos destinados a la ayuda. Es como volver atrás en el tiempo: la rabia vuelve, la pena”, comentó Claudio Rojas Ugalde, hijo de María Cristina, fallecida en el megaincendio de Valparaíso. Los comentarios los dio tras conocer las irregularidades en la gestión de recursos en los años psoteriores a la emergencia, destapadas esta semana por la Contraloría. “Mi madre, María Cristina Ugalde, no debió morir. A mí me la quitaron el 2 de febrero de 2024, y eso no puedo olvidarlo”, agregó.
Claudio es familiar de una de las 137 personas que fallecieron hace dos años en los siniestros de la Quinta Región, y no se sorprendió al ver las revelaciones de la Contraloría. Y es que, de acuerdo con lo comentado por sobrevivientes y habitantes de la zona, era conocido que los recursos no se estaban empleando de forma correcta, ya sea por negligencia o por mala fe.
A raíz de los cinco informes de auditoría efectuados por la Contraloría, el abogado Felipe Olea —quien representa a los familiares de 65 fallecidos y a más de 500 propietarios— anunció una querella penal en contra de quien resulte responsable por la defraudación de caudales públicos que se habría llevado a cabo en los años posteriores a la tragedia.
“La información que nos ha entregado la Contraloría General de la República no miente ni acepta interpretaciones. Lo cierto es que ha quedado claro que el Estado de Chile ha fallado antes, durante y después de esta tragedia”, indicó.
“Todo esto lo sabíamos, era un rumor a gritos que se escucha fuerte y claro dentro de las zonas del megaincendio. Sabíamos que los recursos no habían llegado, y que si habían llegado, lo habían hecho de mala forma. Hoy lo que corresponde es que se interpongan las acciones penales para investigar la responsabilidad de todos quienes participaron en esta verdadera defraudación de caudales públicos”, agregó, informando que ya se encuentra trabajando en la querella penal.
Por el momento, los familiares de los fallecidos en la tragedia también se encuentran participando en una causa penal que busca responsabilidades de quienes incidieron en el inicio y propagación de los incendios. Al mismo tiempo, las víctimas ingresaron una demanda civil por $49.500 millones en indemnizaciones dirigida al Estado, por la aparente falta de preparación y omisiones de este para combatir el megaincendio y rescatar a las personas.
Los descubrimientos de la Contraloría
El pasado lunes 10 de febrero, la Contraloría presentó cinco informes que daban cuenta de la detección de millonarias irregularidades en la gestión de recursos públicos tras el megaincendio de febrero, específicamente de pagos no acreditados, gastos improcedentes y deficiencias de control en recursos usados con posterioridad a la emergencia.
Los hallazgos comunes en el análisis de contrataciones de servicios, demoliciones y gastos e ingresos municipales consisten en deficiencias de control interno, falta de trazabilidad de documentos, pagos sin acreditación, incumplimientos contractuales, falta de aplicación de multas, errores en el registro de beneficiarios y reparos económicos.
El primer informe tuvo como objetivo analizar las contrataciones realizadas por trato directo para atender la emergencia entre marzo de 2024 y febrero de 2025, encontrándose en el análisis pagos por turnos no ejecutados, pagos duplicados, patentes de vehículos inexistentes, uso de fotografías repetidas para respaldar servicios, diferencias entre lo pagado y el valor de mercado, subcontrataciones no autorizadas, contratos sobre 8.000 UTM sin toma de razón, retrasos de hasta 403 días en pagos y dilaciones en la instrucción de sumarios administrativos.
El segundo informe se centró en la contratación y pago de servicios de demolición de viviendas siniestradas ejecutados por la empresa San Nicolás SpA. Entre los principales hallazgos del análisis, se identificaron pagos de más de $780 millones sin acreditación suficiente, comunicación anticipada con proveedores, falta de justificación técnica en la adjudicación, inconsistencias en el informe de evaluación, multas no aplicadas, pagos por trabajos no acreditados, etc.
El tercer informe auditó las demoliciones realizadas entre febrero y diciembre de 2024, identificando una falta de registro de comunicaciones, demoliciones ejecutadas sin decreto municipal o al margen de contrato, incumplimiento en términos, falta de protocolos y autorizaciones, inmuebles con orden de demolición vigente que no fueron intervenidos, pagos improcedentes, multas no cobradas, entre otros.
El cuarto informe se refirió a los ingresos y gastos de la Municipalidad de Viña del Mar asociados a la emergencia. Dentro de los principales hallazgos en este punto se encontraron 1.280 actas de entrega no proporcionadas, RUT mal digitados, entregas de beneficios duplicadas, falta de inventario en centro de acopio, donaciones no ingresadas al presupuesto, pagos extemporáneos, deficiencias en arriendos de vehículos, inconsistencias en rendiciones a la Subdere, etc.
Finalmente, el quinto informe hizo el análisis de los ingresos y gastos municipales en Quilpué, realizando un reparo por casi $15 millones, cocinillas adquiridas sin certificación SEC, extravío de tarjetas SIM avaluadas en más de $7 millones de pesos, diferencias entre bienes adquiridos y entregados, donaciones no utilizadas, contrataciones vía WhatsApp, falta de control de jornada laboral, etc.
Por el tenor de los hallazgos, la Contraloría remitió parte de los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que se analicen las medidas a tomar y se realice la investigación pertinente.
Fuente: biobiochile.l
