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La historia comenzó sin señales evidentes de alerta. Una profesora extranjera, con décadas de trabajo en Chile, buscaba una alternativa que le permitiera resguardar sus ahorros y proyectar una mayor tranquilidad económica a mediano plazo, además de poder viajar a Europa para pasar tiempo con sus cuatro hijos.
Según ha relatado, no se trataba de una apuesta de alto riesgo ni de una inversión especulativa, sino de operaciones que —en apariencia— ofrecían retornos acotados, plazos definidos y respaldo documental formal.
El primer contacto se produjo a través de una persona cercana, una ex amiga que la puso en relación con C.M.M., quien se presentaba como un profesional con trayectoria en el ámbito financiero y con vínculos con Interfin Capital.
Desde ese momento, explica la afectada, toda la relación operativa se canalizó exclusivamente a través de él.
“Cuando empezó todo, a mí nunca me presentaron a A.R.P., yo no lo conocí ni lo vi. Toda la operación era a través de C.M.M.”, relató en entrevista con El Desconcierto.
De acuerdo con su versión, la propuesta consistía en una inversión con una rentabilidad aproximada de 1,7% en un plazo de tres meses, respaldada por pagarés, reconocimientos de deuda y otros instrumentos formalizados ante notaría.
Como sustento adicional, se le exhibían órdenes de compra vinculadas a Bomberos de Chile, lo que —según explicó— fue determinante para generar confianza.
“Si alguien trabaja en el mercado formal y aparece respaldado por instituciones grandes, uno piensa que es real”, señaló.
Durante un período prolongado, el esquema pareció funcionar sin inconvenientes. Los pagos comprometidos se realizaban y los intereses eran abonados conforme a lo prometido.
“Como todo funcionó durante más de un año, hasta el último día pensé que era una operación real”, sostuvo.
En ese contexto, decidió reinvertir los montos recibidos, convencida de que se trataba de un mecanismo legítimo y sostenido en el tiempo.
El funcionamiento del esquema
Según consta en su testimonio y en los antecedentes acompañados en la querella penal, el mecanismo se desarrolló a través de 40 operaciones en total.
De ellas, 31 fueron pagadas, mientras que nueve pagarés quedaron pendientes, sin que se concretara su devolución. “Pensé que estaba todo bien, pero después me quedaron nueve pagarés impagos”, relató.
La dinámica, explicó, no era cotidiana, pero sí frecuente. Las coordinaciones se realizaban mediante reuniones presenciales para la firma de documentos, entrega de cheques y ajustes de plazos.
Siempre las reuniones eran en la casa de la víctima. La afectada detalló que los cheques eran retirados y depositados como parte de cada operación, lo que reforzaba la percepción de normalidad del proceso.
En una de esas reuniones, relató, estuvieron presentes C.M.M. y A.R.P. Fue en ese contexto cuando —según su versión— se le habría señalado que el uso de los fondos tenía un carácter personal, para pagar deudas.
“Ahí me dicen que era para uso personal”, recordó. Hasta ese momento, sostiene, jamás se le había planteado que el dinero no estuviera vinculado a las operaciones financieras y comerciales que se le describían desde el inicio.
Otro elemento que la afectada considera relevante es que, tras el quiebre, C.M.M. se habría negado a devolver las comisiones que, según su versión, recibió a lo largo de las operaciones. Indicó que ese dinero nunca fue reintegrado y que ese antecedente fue incorporado en la acción judicial.
El quiebre definitivo
El quiebre se produjo cuando una de las operaciones no fue pagada dentro del plazo comprometido. A partir de ese momento, las respuestas comenzaron a dilatarse y los contactos se volvieron esporádicos. “De un día para otro desaparecieron”, señaló.
Según su relato, tras insistir reiteradamente, logró obtener una explicación que terminó por derrumbar cualquier expectativa de recuperación inmediata.
Desde entonces, sostiene, quedó claro que no habría devolución de los fondos comprometidos y que las operaciones descritas no se estaban ejecutando como se había informado inicialmente.
El impacto económico fue devastador. De acuerdo con la querella y su testimonio, la afectada afirma haber perdido más de 300 millones de pesos, correspondientes a capital e intereses acumulados en las distintas operaciones.
“¿Se imagina ahorrar toda la vida para tus proyectos, invertir con un supuesto profesional y perderlo todo de un día para otro? Eso fue lo que me pasó”, relató en un testimonio.
“Me quedé sin nada. Necesité volver a trabajar y empezar desde cero. Me rompieron el proyecto de vida”, agregó.
Empresas involucradas y contexto institucional
Uno de los elementos que la afectada considera clave para explicar por qué confió en la operación fue que A.R.P. se desempeñaba, al momento de los hechos, como ejecutivo de Principal Financial Group.
Según explicó, ese antecedente fue determinante para creer en la legitimidad del esquema. “Si él hacía exactamente lo mismo dentro de una empresa grande, para mí debía ser verdadero”, señaló para El Desconcierto.
Tras descubrir el quiebre, tomó contacto con la compañía y envió antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero, planteando que, a su juicio, existieron fallas en los mecanismos de control.
Desde Principal Financial Group se confirmó públicamente que la persona involucrada ya no forma parte de la empresa, sin emitir declaraciones adicionales sobre el fondo del caso.
Las operaciones, según los documentos acompañados en la querella, se realizaban a través de la sociedad Chilean Seller Inversiones y Asesorías Limitada, entidad que figuraba en pagarés, cesiones de crédito, reconocimientos de deuda y mandatos de cobro utilizados durante el desarrollo del esquema.
Investigación penal en curso
Las acciones judiciales fueron interpuestas ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, dando origen a una investigación penal actualmente en curso.
La causa se encuentra radicada en la fiscalía correspondiente y ha contemplado diligencias a cargo de la Policía de Investigaciones, incluyendo la toma de declaraciones a las víctimas.
De acuerdo con información pública incorporada al proceso, A.R.P. se encuentra actualmente en prisión preventiva, mientras la investigación sigue en etapa de indagación, sin que exista hasta ahora una sentencia firme que determine responsabilidades penales o civiles.
La afectada declaró ante la PDI el 27 de febrero de 2024, instancia en la que reiteró los antecedentes ya expuestos en la querella.
Posteriormente, expresó su frustración por la lentitud del proceso. “La fiscalía no ha dado respuestas concretas. Las investigaciones avanzan lento y mientras tanto las víctimas quedamos en un limbo”, señaló.
Más allá de lo judicial
Más allá de los montos involucrados, la denunciante insiste en que el daño no se limita a lo económico. Además, destacó el apoyo que ha recibido de sus 4 hijos, quienes han sido fundamentales después de este difícil momento.
“El daño emocional no aparece en ningún expediente”, afirmó. A su juicio, la lentitud de la justicia termina profundizando la sensación de vulnerabilidad de las víctimas, mientras quienes están bajo investigación continúan a la espera de una resolución judicial.
Aun así, explica que decidió hacer público el caso para advertir a otras personas sobre este tipo de esquemas. “Mi lucha hoy no es solo por recuperar lo perdido, sino para que nadie más pase por algo así. Nadie está exento”, concluyó.
