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Cinco meses prófugo cumplirá Pedro Natalio Ortega Ulloa, un sargento en retiro del Ejército devenido en narcotraficante, que movía los hilos de una aceitada organización criminal que cayó en junio recién pasado, cuando sus integrantes —entre ellos, al menos otros siete funcionarios activos de la institución castrense— intentaban ingresar más de 3 mil millones en pasta base y cocaína a Chile.
Según documentos judiciales a los que accedió BBCL Investiga, “Pepe” o “El Jefe”, como le decían, lo controlaba todo. No en sentido figurado. Literalmente los vehículos en los que la droga se distribuía desde Alto Hospicio tenían GPS instalados que le permitía a Ortega Ulloa seguir cada movimiento de la flota desde la comodidad de su casa.
Así fue como la red narco-castrense con base en la región de Tarapacá logró operar por más de un año, de forma estructurada y jerárquica. Siempre al alero de los conocimientos fronterizos que sus miembros habían adquirido gracias a su formación como militares.
De esa forma, lograron internar la droga a nuestro país desde Bolivia para posteriormente llevar los kilos por tierra hasta la región Metropolitana.
Sólo en el operativo de junio de este año que contempló una entrega vigilada de la mercancía, se logró la incautación de casi 200 kilos de droga, entre pasta base y cocaína. No obstante, se estima que entre marzo de 2024 y mayo de 2025 la organización logró realizar con éxito unas 17 operaciones.
De acorazados a acorralados
De acuerdo con antecedentes contenidos en el expediente, fue una investigación conexa de la Unidad de Análisis y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Antofagasta la que permitió alertar sobre los movimientos de los narco-militares en la región de Tarapacá.
Y es que la gran cantidad de droga que trasladaban desde el norte a la capital no podría haber continuado pasando desapercibida por mucho tiempo. Más si, según conocedores de las diligencias, en cada una de sus operaciones la banda lograba trasladar entre 100 y 200 kilos de droga hasta la capital.
En la mayoría de las veces antes de su traslado a la zona central, la droga que ingresaba desde Bolivia por pasos fronterizos clandestinos cerca de Colchane, los mismos que debían ser custodiados por los militares, era almacenada temporalmente en tomas de la comuna de Alto Hospicio.
En su intento por no levantar sospechas, la banda utilizaba para las entregas distintos vehículos que —en sus días de franco— eran conducidos y escoltados por distintos militares activos del Ejército de Chile. Todos pertenecían a la dotación de la 2º Brigada Acorazada “Cazadores” con base en Pozo Almonte.
El listado está compuesto por el sargento 1º Cristian Alejandro Díaz Silva, con 24 años de servicio y considerado el jefe operativo de la red criminal; el sargento 2º Juan Pablo Riquelme Carvajal, el cabo 1º Manuel Alejandro Delgado Garcés, el cabo 1º Diego Alberto Garcés Sánchez, el cabo 1º Joaquín Bastián Rojas Fuentes, el cabo 1º Erick Ignacio Luego Aguayo y la cabo 2º Leticia Catalina Mena Baeza. Todos actualmente en prisión preventiva en dependencias del Ejército de Chile, pese a ser dados de baja de la institución.
Sin escrúpulos
La investigación a cargo de la Unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Tarapacá estableció como un ingrediente preponderante el hecho de que la mayoría de los miembros de la banda fueran militares en ejercicio y que su líder absoluto, Pedro Natalio Ortega Ulloa, fuera precisamente un exmilitar con más de 26 años de servicio en la institución.
Quienes conocieron de cerca la indagatoria plantean que ese elemento vinculante terminó siendo clave por una cuestión logística: conocían del territorio, pero también permitía el reclutamiento de nuevos miembros para la organización.
La camaradería que caracteriza a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en esta oportunidad con un fin siniestro, permitía un aceitado funcionamiento. Todo eso sumado a la información confidencial y relevante que tenían sobre el territorio, les hizo pensar que nunca serían descubiertos.
Tal era la soltura con la que se desenvolvían los narco-militares, que no escatimaban en acomodar sus turnos con el objetivo de estar 100% disponibles para ejecutar las operaciones en las fechas y horarios en que Pedro “El Jefe” Ortega lo ordenaba.
Así se coordinaba para poder participar tanto de los traslados como del servicio de escolta o punta de lanza que muchas veces se disponía para los traslados, cuando el propio Ortega estimaba que era necesario.
Y no dejaban nada al azar.
Al tratarse de una región emplazada en zona franca, la esposa del sargento 1º Cristian Alejandro Díaz Silva, una ejecutiva de ventas llamada Carolina Michelle Godoy Garrido y quien también es indicada como financista de las operaciones, se encargaba de tramitar la documentación aduanera —según la indagatoria— para la salida expedita de las SUV cargadas de droga oculta en dobles fondos.
“Mantenía cabal conocimiento de las funciones y roles que cumple cada uno de los miembros de la organización y le correspondía colaborar con su cónyuge en actividades relativas al manejo de los dineros que la actividad ilícita reporta para éstos”, reza un escrito donde se describe la actuación de la única civil imputada. “Realizaba depósitos (dinero en efectivo proveniente del tráfico de drogas), en entidades bancarias”, acota el mismo documento.
Blanco principal
Hasta ahora, el único miembro de la organización criminal que no ha podido ser ubicado por los funcionarios del OS7 de Carabineros que tienen a su cargo las diligencias de la investigación, es paradójicamente el más importante: Pedro Natalio Ortega Ulloa.
El exintegrante de la División de Salud Militar del Ejército, quien prestó labores en el Centro Clínico Militar de Iquique, ha sido buscado en distintas ciudades del norte, incluido su domicilio particular en la comuna de Vicuña de la región de Coquimbo, desde donde coordinaba los contactos con los narcos que proveían las sustancias, financiando además las operaciones internacionales.
Esa misma vinculación directa con capos bolivianos sería la razón por la que una vez que narco-banda cayó en desgracia, decidió ocultarse y no prestar ninguna colaboración con la investigación.
Eso sí, designó a un abogado en la causa, el jurista Carlo Silva Muñoz, quien ha dicho en distintas oportunidades que su representado tiene temor de entregarse a la justicia. Alega que tendría que cumplir prisión preventiva en un recinto penal común, lo que lo expondría a eventuales represalias de los mismos narcos con los que negociaba y que perdieron la droga en la redada a la banda.
Contactado por BBCL Investiga, Silva Muñoz optó por no entregar ninguna declaración tras considerar analizarlo junto a su cliente.
Fuente: biobiochile.cl
