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Una protesta multitudinaria convocada en Lima y regiones para el pasado 15 de octubre terminó de manera trágica para el país. El asesinato del rapero Eduardo Ruiz Sanz, a manos de un policía vestido de civil durante la manifestación contra el presidente interino José Jerí, profundizó la indignación ciudadana y expuso la fragilidad del actual sistema político peruano.
Cinco acontecimientos han resultado determinantes en el desarrollo de esta nueva fase de crisis, desde la abrupta vacancia de Dina Boluarte hasta la conformación de un gabinete marcado por cuestionamientos e investigaciones y la escalada de violencia en las calles.
Vacancia de Boluarte
La destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso de la República peruano, tras meses de desaprobación popular y episodios de violencia criminal que puso en cuestión el manejo de la seguridad, abrió una nueva fase de inestabilidad.
La entonces presidenta Boluarte perdió el respaldo político cuando el país sufría una ola de homicidios y extorsiones, factores que según analistas precipitaron su salida del poder. La desaprobación de Boluarte llegó al 96%, conforme a datos de la encuestadora Ipsos.
En medio de ese panorama, el Congreso designó por sucesión constitucional a José Jerí, entonces titular de la Mesa Directiva parlamentaria, como nuevo presidente interino de Perú, un político ajeno al respaldo popular directo, situación similar a la que enfrentó Manuel Merino en 2020.
El mandatario, de 38 años, asumió en un contexto de rechazo masivo a la clase política y con la promesa de dirigir un “gobierno de transición” orientado a devolver estabilidad y conducir al país hacia las elecciones generales de abril próximo.
“No voy a renunciar, mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país. Esa es mi responsabilidad y mi compromiso"”, afirmó recientemente Jerí, tras haberse confirmado el primer muerto de la marcha del 15 de octubre.
Cuestionado gabinete ministerial
Otra clave de la crisis ha sido la formación del gabinete ministerial de Jerí, compuesto por figuras sometidas a investigaciones penales y críticas públicas. Según conoció BioBioChile, el cargo de premier fue rechazado por al menos cuatro candidatos antes de que aceptara Ernesto Álvarez Miranda.
El expresidente del TC tiene en su historial imputaciones por violencia sexual, aunque archivadas, y una postura de confrontación hacia colectivos juveniles y transportistas, a quienes comparó con grupos insurgentes como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El gabinete incorpora, además, a titulares con antecedentes por corrupción, cuestionamientos éticos e investigaciones fiscales, entre ellos Denisse Miralles en LA cartera de Economía, acusada de supuestamente favorecer empresas fachada, y el general retirado César Díaz Peche, que fue condenado en 2022 por abuso de autoridad durante su paso por el Ejército.
Convocatoria masiva
La llegada de este gabinete no alivió la tensión social. El 15 de octubre, una protesta masiva recorrió el centro de Lima, sumando a sindicalistas, estudiantes y colectivos como Generación Z, quienes denuncian un “pacto corrupto” que, en su opinión, hizo posible la elección de Jerí.
“El mal que nos aqueja en este momento es la delincuencia. El enemigo está en las calles”, declaró públicamente el presidente interino tras asumir el cargo.
La protesta fue convocada tras semanas de violencia creciente, que incluyó el ataque de sicarios a una popular banda de cumbia y el endurecimiento de las extorsiones, delitos que golpearon a comerciantes y transportistas y contribuyeron al colapso político de la administración Boluarte.
El episodio más grave ocurrió esa misma noche del 15 de octubre, cuando el rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, recibió un impacto de bala en el tórax durante la protesta en Plaza Francia y murió camino al hospital.
Ruiz Sáenz, de 32 años, quedó tendido en el suelo, auxiliado por manifestantes mientras un agente vestido de civil, identificado después como el suboficial Luis Magallanes, responsable de la muerte, se alejaba del lugar.
La acción del Grupo Terna, unidad encubierta de la Policía Nacional, fue mencionada por testigos presenciales, aunque autoridades negaron su participación directa. “Eran tres, dos varones y una mujer. Uno de ellos cayó en su escape. Volteó y disparó por disparar”, declaró un testigo.
Tras versiones contradictorias desde el gobierno, el jefe policial Óscar Arriola ratificó “El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes”, asegurando que será procesado y describiendo el homicidio como un hecho aislado.
¿Hecho excepcional?
La violencia policial, lejos de ser un hecho excepcional, arrastra antecedentes recientes en el país. Cinco años antes, en otra serie de movilizaciones, la represión oficial terminó con el fallecimiento de dos jóvenes, lo que derivó en la renuncia del fugaz presidente Manuel Merino.
El uso de fuerzas encubiertas en protestas es objeto de denuncias recurrentes de parte de organizaciones sociales, que acusan a la Policía Nacional de infiltrarse y abusar de la fuerza para deslegitimar las protestas.
El contexto de esta crisis está marcado por una combinación de inseguridad ciudadana y descrédito institucional. El Perú vive un incremento constante de homicidios y extorsiones. El primer semestre de 2025 hubo 161 asesinatos más que en el mismo periodo anterior, y las denuncias por extorsión en 2024 duplicaron las de 2018.
El Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia ha contabilizado 75 denuncias diarias de este delito, mientras asociaciones de transportistas cifran en 180 los conductores asesinados este año por negarse a pagar cuotas ilegales.
El auge de la criminalidad, interpretado por analistas y activistas como parte de una connivencia institucional con sectores corruptos, ha erosionado la confianza ciudadana en el estado.
“Corrupción y delincuencia son las dos principales preocupaciones ciudadanas”, reporta medios nacionales y extranjeros. El sistema político se vio incapaz de ofrecer respuestas eficaces. El Gobierno de Boluarte optó por medidas como el estado de emergencia y la militarización de zonas sensibles, sin lograr reducir la violencia.
Los cambios en el Ministerio del Interior y el enfrentamiento interno en la Policía Nacional han impedido acciones coordinadas. Héctor Arriola, jefe policial, señaló tras el crimen de Ruiz Sanz que dos agentes ya están detenidos y que han sido separados.
Escenario económico
A la par de la violencia y la crisis política, el escenario económico mantiene características de resiliencia. El sol peruano sostiene uno de los niveles más estables en Latinoamérica y la inflación anual no supera el 1,4%.
El país afronta retos estructurales, como la informalidad laboral, que afecta a siete de cada diez trabajadores, y quedó sin liderazgo efectivo mientras una nueva campaña electoral suma 39 precandidaturas que, según el politólogo Augusto Álvarez, no generan entusiasmo colectivo.
Las protestas continuaron tras la muerte de Ruiz Sanz, con nuevas convocatorias para exigir la renuncia de José Jerí, quien reiteró su negativa a dimitir y prometió solicitar poderes especiales al Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana.
La Defensoría del Pueblo reportó más de cien heridos solo en la manifestación del 15 de octubre. Una vigilia por el rapero asesinado en el lugar donde cayó evidencia que, pese a los cambios en la jefatura del Estado, la ciudadanía no concede tregua a la desconfianza generalizada hacia la élite política ni a las condiciones de inseguridad en el país.
Mientras tanto, tal como lo adelantó el premier Ernesto Álvarez, Lima, la capital peruana, volverá a estar bajo un régimen excepcional de estado de emergencia como parte de las acciones del gobierno interino para frenar la ola criminal que tiene descontenta a la ciudadanía. Aunque en el pasado no ha dado resultados positivos, los militares volverán a salir a las calles.
Fuente: biobiochile.cl
