Violación en la frontera: cómo monitor con «acceso privilegiado» agredió sexualmente a migrante

Después de amenazarla con llevarla detenida, Samuel Challapa violó a E. Lo hizo mientras estaba detenida en un campamento del paso fronterizo de Colchane. Fue el propio fiscal del caso quien dijo que su relación laboral —una empresa que ofrecía sus servicios a la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal— le daba acceso privilegiado a las personas migrantes. La justicia tardó casi ocho meses en encontrarlo. Una querella del Instituto de Derechos Humanos busca que se le condene por el delito de tortura, pero hasta ahora, sólo se le acusa por cohecho y violación.

E. tenía 25 años cuando la violaron mientras intentaba cruzar el complejo fronterizo de Colchane para llegar a Bolivia y ver a su hijo. Antes de que alcanzara a cruzar, los funcionarios de la Policía de Investigaciones la detuvieron. Le pidieron los documentos y la hicieron esperar junto a otros detenidos.

Estaban revisando sus papeles en el centro cuando un hombre se le acercó. E. estaba asustada y él lo percibió. La hizo pasar a una habitación, sola. La amenazó. Le aseguró que se iba a quedar 90 días detenida en Pozo Almonte. E. le explicó que no podía, que necesitaba ir donde su hijo. Él entonces, le ofreció “ayuda”.

Un querella que interpuso el Instituto de Derechos Humanos de Tarapacá —y a la que accedió BBCL Investiga— relata los hechos. El hombre le propuso sacarla de ahí, pero antes de hacerlo le soltó un “¿qué me puedes dar a cambio?”.

Durante la madrugada la violó.

Cuando E. denunció la agresión lo hizo contra un desconocido. No sabía el nombre ni su cargo. Casi nueve meses se demoró la fiscalía en encontrar a quien es sindicado como el culpable: Samuel Challapa Choqueticlla, 21 años, chileno. El día del delito cumplía funciones públicas como monitor de primera respuesta. También trabajaba en una empresa que le prestaba servicios a la Delegación Presidencial del Tamarugal, lo que le daba acceso privilegiado a migrantes. Previamente ya había sido condenado por una situación similar.

Detención y amenazas

Fue la noche del 17 de diciembre de 2024 cuando E., —acompañada de su hermana y su cuñado— viajaba en un bus hacia la frontera de Colchane. E. es boliviana con situación migratoria irregular, por eso buscó un paso no habilitado para llegar a Bolivia. Tenía que volver por su hijo, pero un control policial fronterizo los frenó a todos y los hicieron devolverse. La querella lo detalla así:

“Debido a su necesidad de llegar a Bolivia, la víctima se contactó con una persona que ‘los iba a ayudar a pasar’. Sin embargo, durante esa noche fue detenida por Carabineros junto a otras tres personas: dos hombres y una mujer. Todos fueron subidos a un vehículo y trasladados a un lugar que ella identifica como un ‘campamento»”.

En este campamento revisaron su documentación y los hicieron pasar uno por uno a una sala para preguntarles por qué querían salir del país. Luego esperaron.

Es en esa espera que —según la indagatoria— Samuel Challapa se le acercó. Le dijo que quería conversar con ella. La denuncia expone que “le indicó que debía llevarla detenida ante un juez en Pozo Almonte, donde permanecería 90 días en la cárcel”.

E. se desesperó. Le explicó que tenía que volver a Bolivia con su hijo, que por favor no la detuvieran. Samuel —sostiene el Ministerio Público— le aseguró que él podía ayudarla a salir de ahí. La trasladó a una habitación privada y sin rodeos le preguntó qué podía entregarle a cambio.

“En ese momento llegó otro muchacho que reparte la colación, quien preguntó qué estaban haciendo ahí, y al verla a ella, se retiró, no haciendo nada ni dio aviso a Carabineros”.

“Algo a cambio”

Samuel insistió. Le afirmó que su caso era extremadamente grave, y que él, ni siquiera debería estar hablando con ella, que debía detenerla de inmediato. Aún así, se empecinó en pedirle algo que no fuera dinero.

“Entonces él le preguntó qué podía darle a cambio, que lo pensara, a lo que ella respondió directamente que no podía acostarse con él. Él le contestó que, sino, tendría que llevarla detenida. La víctima le pidió que se pusiera la mano en el corazón, que entendiera que debía llegar a Bolivia por su hijo”.

Según antecedentes judiciales, cerca de las dos de la madrugada, Samuel la tomó de las muñeras y la violó, pese a que E. le rogaba que no lo hiciera. Cuando terminó de agredirla la ayudó a escapar y se quedó con sus documentos. Le mintió diciendo que era un PDI y que estaba arriesgando su trabajo al eliminar sus datos.

Cuando E. llegó a Oruro, Bolivia, le contó todo a su madre. Hicieron la denuncia y los exámenes médicos en ese lado de la frontera. E. no sabía el nombre ni el cargo de su agresor. Lo única certeza que tenía para entonces era una descripción física: delgado, moreno, de pelo corto y que ese día vestía de negro.

Acceso privilegiado

De ese 17 de diciembre pasaron más de ocho meses hasta que pudieron dar con Samuel. El 11 de septiembre lo detuvieron y al día siguiente pasó a control de detención.

El fiscal de Tarapacá, Milton Torres, explicó en dicha audiencia que Samuel cumplía funciones públicas de monitor de primera respuesta. Ese día, cuando vio a E., “advirtió lo asustada que estaba y aprovechó su situación de vulnerabilidad”.

Cuando Samuel la violó trabajaba en la empresa A370 dedicada a gestionar eventos masivos. De hecho, fue la propia Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal quienes contrataron sus servicios. Ese cargo le daba acceso privilegiado a las personas migrantes que eran derivadas a los refugios. La propia Delegación lo confirmó a este medio:

“La Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal tiene un contrato vigente con la empresa 370 por la prestación de servicios de apoyo a la coordinación del Complejo Fronterizo de Colchane. En el marco de ese contrato de servicios la empresa contrata al imputado, el que prestó servicios en el Complejo Fronterizo hasta el 4 de agosto de 2025”.

Ese mismo mes Samuel fue desvinculado tras ser condenado por el delito de cohecho luego de pedirle $50 mil pesos a otra mujer boliviana.

Prisión preventiva

La querella del Instituto de Derecho Humanos fue interpuesta por el delito de tortura. No obstante, la fiscalía le imputó cohecho, soborno y violación.

Fuentes de este medio confirman que Samuel admitió los hechos.

El tribunal de Pozo Almonte declaró la prisión preventiva se amplió el plazo de investigación a 150 días.

Fuente: biobiochile.cl