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Las estadísticas son desoladoras. Desde abril de 2018, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega desplegó su furia contra los líderes católicos que habían apoyado a manifestantes pacíficos, la Iglesia ha sufrido 1010 agresiones y ha visto prohibidas más de 16 500 procesiones
(ZENIT Noticias / Los Ángeles, 01.09.2025).- Desde su exilio en Estados Unidos, la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina ha vuelto a revelar lo que describe como la lenta asfixia de la Iglesia Católica en su país. Su séptimo informe, publicado bajo el título «¿Nicaragua: Una Iglesia Perseguida?», abarca 435 páginas de documentación, testimonios y cifras que perfilan un panorama de la vida religiosa bajo asedio.
Las estadísticas son desoladoras. Desde abril de 2018, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega desplegó su furia contra los líderes católicos que habían apoyado a manifestantes pacíficos, la Iglesia ha sufrido 1010 agresiones y ha visto prohibidas más de 16 500 procesiones. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde una tendencia aún más alarmante: la erosión de la capacidad de la Iglesia para expresarse.
Si 2025 parece más tranquilo en cifras brutas —solo 32 ataques documentados hasta el momento— no se debe a que la persecución haya disminuido, argumenta Molina, sino a que la Iglesia ha sido sometida. «Los clérigos no pueden denunciar abusos bajo ninguna circunstancia», explica. «Las amenazas son claras: quien hable será encarcelado o expulsado». Los sacerdotes son vigilados de cerca, sus celulares son revisados por la policía. Incluso los feligreses han aumentado el temor, vigilados por ayuntamientos, agentes estatales y un ejército de paramilitares juramentados a principios de este año.
Este clima de intimidación se ve reforzado por confiscaciones, cuentas bancarias congeladas, impuestos punitivos y propaganda implacable. Escuelas y congregaciones son coaccionadas para realizar actividades exigidas por el estado. Se han confiscado propiedades religiosas, desde casas parroquiales hasta centros de retiro. Recientemente, el gobierno prohibió a los medios católicos publicar una carta del Papa, un acto simbólico que subraya cómo incluso la voz de Roma es ahora indeseada en Nicaragua.
Entre los nuevos casos más alarmantes se encuentra la detención y desaparición del padre Pedro Abelardo Méndez Pérez en Granada, cuyo paradero aún se desconoce. Incluso el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, vive bajo constante vigilancia policial. Mientras tanto, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, ha utilizado los medios de comunicación estatales para desatar una hostilidad abierta contra los líderes de la Iglesia.
El prólogo del informe, escrito por el sacerdote exiliado Nils de Jesús Hernández, no escatima palabras: un gobierno de «terroristas» que persigue a su propio pueblo «sin temor a Dios». Su indignación refleja la sensación de abandono que sienten muchos católicos comunes que ahora practican su fe bajo vigilancia y amenazas.
Lo que da peso al trabajo de Molina no es solo la amplitud de sus datos, sino también el rigor con el que son verificados por organizaciones de derechos humanos. Cada edición de su estudio ha construido un archivo meticuloso de ataques, profanaciones y restricciones, que culmina ahora en una crónica de cuatro capítulos que traza tanto los métodos como el costo humano de la represión.
La historia que narra el informe no es la de una Iglesia en una confrontación abierta con el Estado, sino la de una Iglesia reducida al silencio, con sus líderes obligados a la complicidad o al exilio, y sus fieles paralizados por el miedo. Para el gobierno de Ortega, la aparente disminución de las denuncias es un indicador de éxito. Para quienes aún se atreven a resistir, es el indicador de una herida que se profundiza en el silencio.
Fuente: es.zenit.org
