El drama de las víctimas de ataques en la Macrozona Sur que siguen pagando contribuciones por sus terrenos tomados o quemados

No tienen acceso a sus terrenos y en algunos casos hasta perdieron su principal fuente de sustento, pero el Estado les sigue cobrando las contribuciones, incluso después de haber sido víctimas de atentados que destruyeron sus bienes o que pudieron haberles costado la vida. Esa es la realidad de muchos habitantes de La Araucanía y Biobío.

El ataque al Molino Grollmus es uno de los más brutales que ha ocurrido en los últimos años. El atentado no solo significó la quema del histórico molino, sino que a Carlos Grollmus debieron amputarle una pierna; a Christian Cid, cuidador del predio, uno de los agresores le disparó con una escopeta de 12 milímetros en el rostro, provocándole un trauma ocular y pérdida de la visión del ojo derecho; y Helmuth Grollmus, adulto mayor de 85 años, murió ocho meses después del ataque ya que nunca se pudo recuperar de las secuelas físicas y psicológicas del asedio.

También estuvo presente la tarde del 29 de agosto de 2022 Christian Grollmus. Cuando los atacantes rodearon la casa familiar y abrieron fuego en contra del inmueble, él trató de repelerlos, pero los sujetos eran más de 30 y lograron prender fuego a la leñera, el molino y el museo de la familia, que resultaron completamente destruidos, al igual que los vehículos de los ocupantes de la casa.

A tres años de la pesadilla, Christian Grollmus todavía vive en el terreno de Contulmo (Biobío) en donde sufrió el atentado, pero lo hace con resguardo permanente de Fuerzas Especiales de Carabineros y también con Infantería de Marina, quienes están apostados allí mientras esté vigente el Estado de Excepción.

En conversación con El Líbero afirma que “la falta de servicio por parte del Estado fue brutal, porque no nos protegieron como correspondía en ese minuto y más encima nos están cobrando un impuesto que es abusivo”, dice en relación a las contribuciones.

“Especialmente los que hemos sufrido atentados de esta naturaleza terrorista o ataques incendiarios deberíamos estar exentos de eso mientras no vuelva el Estado de derecho y podamos producir tranquilos. En el fondo, el Estado no te protege, pero al mismo tiempo cobra, pese a haber quedado destruida la que era la fuente de ingreso del campo. Así que me parece pésimo que nos cobren contribuciones. Deberían eximir a todos los que hemos sido atacados. Yo no debería pagar contribuciones ni de la casa, ni del predio, ni de nada que haya sido sujeto de ataque, así que deberíamos estar exentos, junto a muchas otras personas, y creo que es un abuso del Estado, porque no cumple su obligación y después te cobra igual”, reclama.

Grollmus cuenta que si bien el molino lo quemaron en 2022, estuvieron pagando las contribuciones por ese bien raíz hasta 2024 siendo que el inmueble ya no existía. Al darse cuenta de la situación y recurrir ante el Servicio de Impuestos Internos les indicaron que era iniciativa de los dueños pedir la eliminación del rol, lo hicieron, pero no les restituyeron lo pagado durante esos dos años: cuotas en torno a los $150.000.

Y en la actualidad continúan pagando contribuciones por la casa y el predio. Casa que es patrimonio arquitectónico y que recuperaron por sus propios medios y el campo que quedó totalmente inactivo.

Con aviso de embargo y remate

Roxana Carrut llegó a deber más de $20 millones por contribuciones impagas de dos campos que tiene usurpados: El Porvenir y Santa Adela Sur, tomados entre 2018 y 2019. Tras la toma de los predios dejaron de pagar las contribuciones “porque nuestra fuente económica se vio violentada. A nosotros nos robaron animales, nos mataron animales, nos quemaron la siembra, nos quemaron el campo. Ese año ya no pudimos ejercer ninguna actividad económica en ambos predios”, dice a El Líbero.

La deuda por contribuciones además alcanza una casa que poseen en Victoria, a donde ella y su esposo –ya fallecido– debieron mudarse una vez que perdieron el acceso a los predios.

En abril de este año recibió un aviso de embargo por parte de la Tesorería General de la República de la casa en Victoria por el no pago de contribuciones de la vivienda y de ambos campos. “Los herederos de la sucesión tuvimos que movernos y hacer la plata para alzar el embargo porque después nos llegó una carta diciendo que nos querían rematar. Yo apelé, y dejaron sin efecto el remate, pero el embargo sale en los certificados de dominio vigente, al margen”, relata.

Para hacer frente a esta deuda, Carrut debió pedir un crédito de consumo. Entre ella y los hijos del fallecido Andrés Hoffstetter pagaron alrededor de $10 millones. “Era más pero nos condonaron intereses y las multas”. Sin embargo, aunque pagó una parte de la deuda queda el resto, más las cuotas que se siguen acumulando, que suman entre los dos campos alrededor de un millón de pesos.

“Yo he estado con el director regional del Servicio de Impuestos Internos, de Tesorería, el seremi de Hacienda y lo que me dicen ellos es que no tienen las facultades, ni herramientas para hacer alguna otra clase de descuento o eximirnos de las contribuciones”, afirma Carrut, quien también pidió audiencia al ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero se la negaron. 

“Es obvio que no podemos ejercer ninguna actividad económica. Tengo un certificado de la Fiscalía donde dice que yo puedo entrar al campo solamente en un blindado de visita. Es decir que no dejan hacer nada, no puedo sacar ni un palo de leña”, lamenta.

También cuenta con un documento de la Fiscalía local de Victoria que enumera al menos 30 denuncias que ha realizado desde 2019 por los delitos de amenazas, hurto, daños, usurpación no violenta y atentado incendiario, todos ilícitos cometidos en el Fundo Santa Adela Sur.

Con todo, Carrut reconoce que gracias a la resolución exenta N° 144 del SII del 15 de diciembre de 2023 le redujeron las cuotas de las contribuciones a un 5%, monto que comenzaría a aplicar desde dos años antes de la emisión de la resolución (2021). No obstante, señala que “nosotros tenemos más de dos años de contribuciones impagas. Y así hay propietarios que tienen más de seis, siete hasta 17 años de deuda de contribuciones y viven con miedo porque nadie duerme tranquilo si tiene una deuda de 20, 30, 40 millones de pesos en contribuciones”.

Carrut conoce el caso de unos 10 propietarios que están en su misma situación en la Provincia de Malleco. “Estamos luchando para que la rebaja de las contribuciones sea desde el momento en que ocurre el primer atentado, porque desde ese momento en que a usted le dispararon, le queman, lo dejan con las manos atadas, todo su capital se ve destruido. Y eso es lo que no entiende el ministro Marcel”, dice.

Desplazados y pagando contribuciones

El tema de las contribuciones ha tomado vuelo luego de que se diera a conocer el caso del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, quien no pagó contribuciones durante nueve años por una casa construida en un condominio cercano a la laguna de Aculeo, en Paine. Además, la vivienda no estaba regularizada y no fue catastrada por el SII para el correspondiente impuesto.

Tras eso, El Líbero dio a conocer que organizaciones como el Partido Comunista tienen contribuciones atrasadas por más de $80 millones, por propiedades ubicadas en la Región Metropolitana, incluyendo el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical) y la Radio Nuevo Mundo. Deudas que se acumulan desde el año 2022.

Si bien en el caso del PC la publicación se hizo hace un mes, una nueva revisión dio cuenta de que al menos las sedes del Ical, Radio Nuevo Mundo, la sede central en Avenida Vicuña Mackenna, una parcela en Lo Barnechea y la casa museo Delia del Carril en La Reina siguen sin pagar el impuesto.

En cambio, un propietario de un predio en Cañete que desde 2020 no tiene acceso a su propiedad –y que prefiere el anonimato por seguridad– plantea que si bien ha estado moroso en varias ocasiones con el pago de las contribuciones, trata de mantenerse al día porque ya en una ocasión se le notificó que si no pagaba su propiedad podría salir a remate. 

“He estado moroso, pero las he tenido que ir pagando porque si no, cuando quiera hacer otro proyecto, voy a tener esa deuda. De hecho, en este momento, supuestamente debería regir la rebaja y no me la han aplicado, porque he estado muchas veces pagando fuera de tiempo, pero finalmente he podido pagar porque si no quedo moroso, siguen subiendo los intereses y además mandan a amenazar con que si no se pagan las contribuciones el terreno va a ser embargado y salir a remate”, dice.

Esta víctima relata que estuvo cerca de ser quemado vivo. Se salvó porque se metió a un estero a bordo de su vehículo.

Cuenta que su familia poseía esta propiedad desde la década de 1970, pero no la ha vuelto a pisar desde el año 2020. Su tranquilidad se acabó cuando grupos armados empezaron a disparar a los animales o a robárselos; en otra ocasión le prendieron fuego a sus alimentos. Así siguió el amedrentamiento, hasta que una noche dispararon con metralletas fuera de donde se encontraba. La gota que colmó el vaso fue un día en que llegó una multitud, de entre 150 a 200 personas, quemando todo a su paso y le usurparon el campo. “Construyeron unas mediaguas que dijeron que eran para hacer un ceremonial, pusieron matas de canelo, y a mí me amenazaron, así que me arranqué; pero como no estoy muerto y no tengo una bala, según la autoridad fue una agresión menos grave”, dice. Esto aunque lo amenazaron con que no podía volver, o si no lo iban a matar.

Ahora quienes lo usurparon siembran y crían animales en su campo, pero de esto se ha enterado por los vecinos porque él no puede regresar.

“Era mi vida, mi trabajo. Yo llegué a ese campo a los cuatro años. Me quitaron mi medio de subsistencia, y hasta el día de hoy tengo un montón de secuelas. Tuve tratamientos médicos, psiquiátricos, tengo unos sueños brutales porque arranqué del fuego. Pagaba mi IVA, inspecciones, tenía trabajadores y los tuve que despedir. Yo soy una persona que apostaba a este país”, subraya.

De las contribuciones opina que son “un impuesto muy injusto”: “El Estado debiera proteger a las personas que aportamos, no solo con el IVA, sino que al tener inicio de actividades, aporto todos los años, pagaba impuestos a las utilidades, daba trabajo a las personas. Entonces, fue realmente injusto que, primero, el Estado no hubiera dado la protección que por ley le corresponde, que no hubiera protegido mi propiedad privada, que me hubiera obligado a salir de mi lugar de origen. Por un desplazamiento étnico me han violado mis derechos humanos”. 

Esta víctima paga un porcentaje del valor total de las contribuciones, pero al igual que Carrut lamenta que esta rebaja no haya sido retroactiva desde el momento en que debió abandonar su propiedad.

Al día con la esperanza de venderle a Conadi

“A nosotros nos quemaron en 2012 y todavía estamos pagando contribuciones, aunque tuvimos que salir de allá”, dice una mujer que sufrió un atentado en Pidima, localidad de Ercilla (La Araucanía).

Antes del atentado, en la propiedad se sembraba, había animales, maquinarias, y como resultado vendían verduras, producían leche y quesos. Hasta que les robaron todos los animales y les quemaron la casa patronal, una cabaña, el auto e intentaron quemar el tractor: “Nos dejaron en pijama”.

Tras el hecho, el Estado les pagó un arriendo durante tres años, y luego decidieron irse de La Araucanía, pero todavía siguen pagando las contribuciones porque confían en que algún día podrán vender esa tierra a la Corporación Nacional de Desarrollo Indíena (Conadi). 

En la década que ha transcurrido desde el atentado, en lugar de haber sido exentos o recibir una rebaja del impuesto, sus contribuciones han ido en aumento: pasaron de $70mil a $134 mil la cuota.

“La propiedad era de mis padres, pero cuando mi mamá murió sus tres hijos hicimos la posesión efectiva, y uno de los hermanos era carabinero en retiro, así que no podemos optar a la rebaja”, explica.

“Yo he conversado con ministros, con todo el mundo, sobre las contribuciones, pero me dicen  que lo único que puedo hacer es inscribir la parcela como tierra indígena (que no paga contribuciones), pero yo dije que no”, señala.

Ahora, relata, solo pueden entrar a su campo con el “permiso” de la comunidad que los usurpó, y solo hasta un cierto lugar los dejan entrar.

“Se nos hace difícil pagar las contribuciones porque van subiendo y subiendo y nosotros vivimos de la pensión nomás. Somos muchos los parceleros que estamos en las mismas condiciones. Solo en el sector de Pidima donde estaba nuestro predio somos cuatro parceleros, de los cuales ya murieron tres, y todos tenemos el mismo problema”, dice.

De las tratativas con Conadi, asegura que la Corporación ya les ha dado el visto bueno para comprarles, pero transcurre el tiempo y no pasa nada: “No hace mucho tiempo, los parceleros teníamos una reunión con la comunidad a la que le iban a comprar en Conadi, pero se suspendió la reunión porque la autoridad que nos iba a recibir era un subrogante y preferían que estuviese la persona que se iba a quedar con el cargo, así que dijeron que nos iban a dar una nueva hora, pero eso todavía no se sabe cuándo”.

Sin acceso al lago

Otra víctima, esta vez de la ribera sur del lago Lanalhue, dice que ha seguido pagando las contribuciones porque no quiere que más adelante le digan que van a sacar a remate el terreno por el no pago, “pero es injusto que estemos pagando si es que no podemos hacer uso del sitio y eso le pasa a todos mis vecinos”. 

En su caso se trata de dos terrenos contiguos, uno en el que estaba la casa que le quemaron que estaba exento del pago de contribuciones y el de al lado que sí pagaba por ser considerado un sitio eriazo. Sin embargo,desde que fue quemada la casa en mayo de 2021 no ha vuelto a tener acceso al lugar. “No me dejan pasar, tengo miedo que cualquier inversión que yo haga ahí, o me quemen de nuevo, o no me dejen explotarlo porque me roban la siembra o lo que tenga. Entonces, me encuentro con un sitio pagando hoy día contribuciones sin poder hacer uso de mi propiedad”, dice. Además, paga el monto completo, sin acceder a ninguna rebaja.

“Yo creo que lo que corresponde es que a mí me tengan exento hasta que esa situación sea definitivamente controlada por el Estado. Eso debería ser lo que corresponde”, señala.

Fuente: eldinamo.cl