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Aunque el Estado de Emergencia logró reducir en un 37% los delitos en la Macrozona Sur –incluyendo una baja del 55% en homicidios y del 63% en usurpaciones–, el informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) advierte un preocupante desplazamiento de la violencia hacia zonas antes periféricas de Los Ríos y Los Lagos.
El Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la Universidad Andrés Bello presentó un informe que evalúa el impacto del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur (2022–2025). La medida comenzó a regir el 17 de mayo y desde su implementación, dice el documento, hubo una “disminución sustantiva” en la mayoría de los indicadores de violencia. Sin embargo, también hubo un desplazamiento de los focos de conflicto hacia zonas antes periféricas.
Por ejemplo, Los Ríos duplicó su número de vehículos destruidos (+113%), pasando de 39 a 83. En tanto, Los Lagos pasó de 12 a 24 vehículos destruidos, es decir, un aumento del 100%. “El aumento sugiere un efecto de desplazamiento de la problemática desde las regiones intervenidas hacia zonas con menor control y vigilancia”, plantea el texto, por lo que agregan que se trata de un asunto que “requiere atención, pues aunque el volumen total sigue siendo menor, la tendencia es creciente y preocupante”.
A este respecto, señalan que “indicadores como este muestran que el Estado de Emergencia tuvo un impacto positivo en las zonas críticas, pero no fue suficiente para prevenir la expansión geográfica de la problemática. Los aumentos en Los Ríos y Los Lagos confirman la necesidad de estrategias preventivas en regiones vecinas, con despliegue territorial, inteligencia proactiva y fortalecimiento institucional”.
En cuanto a la destrucción de inmuebles e infraestructura, La Araucanía presenta una reducción del 38% (pasando de 334 a 207 casos). Biobío es la región que experimentó la mayor reducción porcentual absoluta, con un descenso del 61% (de 338 a 132 inmuebles e infraestructura destruida). No obstante, al contrario de lo que sucede en las regiones más críticas, en Los Ríos este fenómeno aumentó en un 16%, pasando de 19 a 22 destrucciones; y en Los Lagos, si bien parte de una base muy baja (1), triplica su número de casos (a 4) tras el Estado de Emergencia. Sobre esto, el informe señala que aunque el número total sigue siendo bajo, el crecimiento porcentual “puede interpretarse como una señal de expansión marginal o prueba de nuevos escenarios por parte de actores violentos. Requiere monitoreo, aunque no representa aún un núcleo relevante de la problemática”.
Las usurpaciones disminuyeron significativamente en casi todas las regiones de la Macrozona Sur, pasaron de 564 a 210, con una caída del 63%. Destaca La Araucanía con una reducción del 67% (de 438 a 144 casos), seguida por Los Ríos con un 65% menos (de 23 a 8) y Biobío con una baja del 53% (de 94 a 44). Por el contrario, en Los Lagos se observa un aumento del 56% (de 9 a 14 usurpaciones).
Además, el análisis de la variación de maquinarias destruidas antes y después de la implementación del Estado de Emergencia evidencia que en Biobío hubo una reducción del 56%, pasando de 170 a 75 maquinarias destruidas, seguida de La Araucanía con una baja del 33% (de 378 a 252). Los Lagos también presentó una leve disminución del 14%, reduciendo sus incidentes de 22 a 19. Sin embargo, Los Ríos evidenció un comportamiento distinto al registrar un aumento del 19%, subiendo de 47 a 56 maquinarias destruidas.
Distribución territorial del conflicto
De acuerdo con los antecedentes presentados en el informe, durante el Estado de Emergencia se registraron hechos de violencia en 67 comunas de la Macrozona Sur, pero solo 10 de ellas concentran el 66% del total, “lo que refleja una alta focalización de la problemática en un número reducido de territorios”. Estas 10 comunas acumulan en conjunto 1.669 hechos, siendo Collipulli (318) y Ercilla (309) las más afectadas, con un 25% del total entre ambas. También destacan Cañete, Victoria y Tirúa, con altos niveles de violencia. Sin embargo, aunque algunas comunas como Contulmo (-64%) y Cañete (-55%) registraron reducciones importantes, otras como Curanilahue aumentaron un 111%, indicando relocalización del conflicto.
Para hacer el análisis, los investigadores Pablo Urquízar y Vicente Abrigo aplicaron una ventana temporal de 1.083 días antes y 1.083 días después del inicio de la medida, considerando que dentro de los 1.083 días anteriores hubo 165 días de un Estado de Emergencia previo, entre el 13 de octubre del año 2021 y el 26 de marzo del año 2022 (en el gobierno de Sebastián Piñera).
De este modo concluyeron que el Estado de Emergencia permitió una reducción del 37,3% en los delitos totales registrados en la Macrozona Sur. Las denuncias bajaron de 3.960 (en los 3 años previos) a 2.483 (en los 3 años posteriores), con caídas significativas en La Araucanía (−33,5%), Biobío (−44,2%) y Los Ríos (−33,3%).
En la Región de La Araucanía, las 32 comunas registraron hechos de violencia en los periodos antes y después del Estado de Emergencia. Del total, 23 comunas (72%) redujeron sus cifras, destacando caídas significativas en Victoria (-55%), Ercilla (-22%), y Lonquimay (-83%); pero 9 comunas registraron un aumento, entre ellas Gorbea (200%), Vilcún (92%) y Galvarino (34%). “Aunque el balance general muestra una tendencia a la baja, la expansión hacia nuevos territorios plantea la necesidad de ajustar la estrategia territorial, incorporando enfoques preventivos y diferenciados que respondan a las nuevas dinámicas de la problemática”, afirma el documento.
Cañete, Tirúa, Contulmo, Arauco y Curanilahue concentran más del 85% de los hechos de violencia registrados en la Región del Biobío.
Violencia letal
El informe del Ocrit indica que hay “una focalización territorial nítida del riesgo letal”. Solo tres provincias reportan fallecidos en el periodo anterior y posterior al Estado de Emergencia: Arauco, Cautín y Malleco. Las demás provincias —Biobío, Concepción, y todas las de Los Lagos y Los Ríos— registran cero fallecidos.
Arauco (Región del Biobío) es el descenso más pronunciado, bajando de 14 a 4 fallecidos (una reducción de 71%). Malleco, en La Araucanía, también muestra una caída importante de 56%, pasando de de 9 a 4 fallecidos y en Cautín bajaron de 8 a 6 (−25%).
En general, La Araucanía, que es la región con el mayor número absoluto de fallecidos antes del Estado de Emergencia, muestra una disminución del 41% (de 17 a 10 homicidios). Biobío, por su parte, registra una caída aún más significativa: 71% menos homicidios, al pasar de 14 a solo 4 en el período posterior. Los Ríos y Los Lagos no presentan homicidios ni antes ni después de la implementación del Estado de Emergencia. A nivel macrozonal, la suma total de homicidios pasó de 31 a 14 casos, lo que representa una reducción del 55% del total de fallecidos en el contexto de violencia rural.
“Este indicador es especialmente relevante al tratarse de un delito de máxima gravedad, lo que sugiere una mejora efectiva en la contención del riesgo letal asociado a la problemática”, subrayan.
Orgánicas radicales en estado de excepción
La CAM sigue siendo la orgánica con más adjudicaciones de hechos violentos, pero su actividad se redujo un 16% después del Estado de Emergencia (de 67 a 56).
La Weichan Auka Mapu y la Liberación Nacional Mapuche también redujeron su presencia, en −38% y −28% respectivamente.
El informe explica que respecto de la WAM se han materializado detenciones relevantes “evidenciando un quiebre en la misma”. Y la LNM está vinculada a la WAM y a la CAM, “por lo que la reducción en las dos anteriores, inevitablemente impactó en esta última”.
Al contrario, los hechos violentos que se adjudica la Resistencia Mapuche Malleco se incrementa un +179%, pasando de 19 a 53.
“Esta orgánica se consolida como la más activa tras la intervención, lo que podría indicar una reorganización o derivación de acciones desde otras estructuras”. El texto agrega que la RMM “se ha consolidado como uno de los grupos más operativos y persistentes en la Macrozona Sur, no solo por su estructura clandestina y radicalismo ideológico, sino también por su arraigo territorial en sectores estratégicos como Temucuicui. Dicho sector ha funcionado como un espacio de control territorial autónomo donde las policías enfrentan serias dificultades para ingresar sin resistencia armada, lo que ha favorecido el resguardo de líderes y logística”.
Otro punto sobre el que los investigadores llaman la atención es la la Cárcel de Angol que “ha operado como un núcleo simbólico y operativo para líderes detenidos, convirtiéndose en un lugar de articulación política, huelgas de hambre y comunicados públicos, lo que refuerza el rol de la prisión como plataforma de lucha, más que como un espacio neutralizador”.
El número de hechos adjudicados por la Resistencia Mapuche Lafkenche cayeron en un 69%. Sobre ella explican que la orgánica “ha experimentado una profunda desarticulación operativa, producto de una serie de operativos coordinados por las policías, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas que culminaron con la detención de varios de sus miembros, incluyendo figuras clave como Federico Astete Catrileo y Luis Felipe Paineo Antimán, sindicados como líderes directos del atentado incendiario al Molino Grollmus. Estas detenciones, realizadas entre diciembre de 2024 y junio de 2025, golpearon la estructura del grupo al neutralizar tanto a ejecutores como a articuladores logísticos y estratégicos”.
La detención del condenado por el crimen de los Luchsinger mientras tenía beneficio de salida controlada
En cuanto a los resultados del Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero, en la semana del 7 al 13 de julio, no se registraron hechos de violencia.
Sin embargo, un hecho que destacó fue la detención de Luis Tralcal Quidel, condenado a 18 años de presidio por su participación en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. El comunero fue arrestado por amenazar a sus vecinos, un hecho que ocurrió mientras se encontraba con el beneficio de salida controlada, lo que volvió a poner en tela de juicio las condiciones bajo las cuales cumple su condena.
Según la denuncia presentada a Carabineros, la mañana del miércoles 9 de julio Tralcal llegó hasta la vivienda de una mujer mapuche de 68 años, ubicada en el sector Tres Cerros del exfundo Santa Margarita, y le gritó: “Te puedo quemar en cualquier momento la casa” y “he quemado a ricos”, aludiendo directamente al crimen por el que fue condenado.
La víctima aseguró que el conflicto tiene su origen en una disputa por terrenos adquiridos por la Conadi en 2009.
Tras el incidente, el comunero fue detenido, pero la causa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio en audiencia con el Tribunal de Garantía de Temuco. Tralcal ofreció disculpas públicas y se le prohibió acercarse a la víctima o a su predio. A raíz del mismo conflicto, otros tres familiares suyos fueron detenidos: Dante Tralcal Quidel, Juan Tralcal Quidel y María Angélica Tralcal Marilaf.
Luis Tralcal Quidel fue condenado en 2018 junto a su primo José Sergio Tralcal Coche por el delito de incendio con resultado de muerte. Ambos participaron en el ataque incendiario donde murieron calcinados Werner Luchsinger (75) y Vivianne Mackay (69).
Pese a su historial, Luis Tralcal ha accedido a beneficios carcelarios como salida dominical y actualmente régimen semiabierto, lo que permitió su salida al momento de cometer las nuevas amenazas.
Fuente: ellibero.cl
