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El gobernador Joe Lombardo ha vetado un polémico proyecto de ley que pretendía establecer la fecundación in vitro (FIV) como un derecho en el estado de Nevada, generando un intenso debate sobre las implicaciones éticas y legales de esta tecnología reproductiva.
La decisión del gobernador Lombardo, quien se identifica como católico, resulta particularmente llamativa considerando su historial previo de apoyo a legislaciones liberales, incluyendo iniciativas respaldadas por Planned Parenthood y la aprobación de una ley que obliga a las aseguradoras a cubrir tratamientos médicos para personas transgénero.
El proyecto de ley vetado, identificado como SB 217, habría establecido que «cualquier óvulo humano fertilizado o embrión humano que exista en cualquier forma antes de la implantación en el útero de un cuerpo humano no es un niño no nacido, un menor, una persona, una persona natural o cualquier otro término que connote un ser humano para cualquier propósito bajo la ley o regulaciones de este Estado».
En su decisión de veto, Lombardo no fundamentó su postura en consideraciones éticas, sino en preocupaciones sobre posibles implicaciones legales, ya que la legislación habría permitido demandas contra entidades que «sustancialmente» obstaculizaran el acceso a la FIV.
Una coalición de grupos provida y profamilia, incluyendo CatholicVote, el Obispo Daniel Mueggenborg de Reno, Nevada Right to Life y el Family Research Council, se opuso firmemente al proyecto. En una carta conjunta, señalaron datos alarmantes: «por cada embrión humano creado mediante FIV y llevado a término, nueve son dejados atrás». Según estimaciones basadas en cifras del CDC, al menos 1.5 millones de embriones humanos creados mediante FIV son destruidos cada año.
El veto se produce en un contexto de creciente debate nacional sobre la FIV, especialmente tras el fallo de la Corte Suprema de Alabama en 2024, que afirmó que los seres humanos merecen protección legal independientemente de si se encuentran en un congelador de una clínica de FIV, en el útero materno o después del nacimiento.
Un análisis de LifeSiteNews revela que la cobertura «gratuita» de la FIV, ya sea a través de seguros privados o planes gubernamentales, podría resultar en la destrucción intencional de al menos 2.4 millones de embriones humanos por año, superando el número de abortos actuales.
Recientemente, las empresas de FIV han enfrentado críticas por promover tecnologías que permiten a los padres descartar embrionesque podrían desarrollar diversas enfermedades o condiciones, planteando nuevos dilemas éticos sobre la selección genética o eugenesia.
fuente: razonmasfe.com
