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En un hecho sin precedentes, cuatro funcionarios del Servicio de Salud Ñuble quedaron detenidos por estar involucrados en un caso de tráfico de drogas. Las diligencias llevadas adelante por el Ministerio Público, dejaron al descubierto una situación nunca antes vista por estos terruños y que empaña la necesaria transparencia que debe existir en los procesos relacionados con el combate al narcotráfico.
Se trata de cuatro hombres y una mujer, siendo esta última la esposa de uno de los implicados. De ellos, dos de los involucrados trabajaban en el SS Ñuble, mientras que el otro par lo hacía en el Hospital Herminda Martin de Chillán. ¿Cuál es el caso entonces?, pues que la agrupación se dedicaba a sustraer y comercializar estupefacientes que eran enviados al crematorio del recinto hospitalario para su destrucción. Estas sustancias procedían de distintos operativos policiales de incautación y, gracias a este grupo de personas, evadían el camino hacia los hornos hospitalarios para ser posteriormente vendidos.
Estos funcionarios tenían una buena red de clientes, en la que no solo figuraban microtraficantes y demases, sino también asiduos compradores dentro del mismo hospital. A todos ellos los contactaban con mensajes en clave vía WhatsApp. Si bien el negocio iba viento en popa y sus propietarios tomaban todos los recaudos de seguridad posibles, la PDI no tardó en pesquisar lo que ocurría hasta dar con los responsables. De la agrupación en cuestión, cuatro miembros fueron formalizados, quedando en prisión preventiva, mientras que un quinto integrante fue liberado.
El hecho no solo generó impacto en la comunidad chillaneja, donde las autoridades ligadas al mundo de la salud no tardaron en reaccionar condenando el hecho y presentando una querella criminal en contra de los responsables por infracción a la Ley de Drogas. En ese sentido, la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca, expresó vía comunicado que “si bien aún no tenemos acceso a la carpeta investigativa, ya que se trata de un procedimiento reservado y en curso, como institución hemos adoptado todas las medidas para minimizar riesgos y fortalecer nuestros sistemas. Sin embargo, en este caso se trata de la existencia de una organización criminal que actuó con plena intención de delinquir”.
En tanto, la directora del Hospital Herminda Martin de Chillán, Dra. Luz María Morán, manifestó en el mismo escrito que “en nuestro hospital no hay espacio para la corrupción, para quienes traicionan la confianza pública ni para quienes abusan de su cargo para delinquir. Ante hechos graves, como en este caso, actuamos con decisión: sin titubeos ni relativismos. Nuestro compromiso es con la justicia, con la comunidad y con cada funcionario y funcionaria que trabaja con rectitud y vocación. Aquí se protege a los equipos honestos, no a quienes rompen la ley”.
La situación incluso alcanzó las esferas legislativas y fue la diputada Marta Bravo quien salió al paso de lo ocurrido al proponer una modificación a la Ley 20.000 para que exista vigilancia obligatoria en cada uno de estos procedimientos. “Esto debe incluir cámaras de vigilancia y policías, entre otras medidas. Cortar el circuito de la droga en todas sus formas es tarea de todos”, aseveró.
Fuente: elmostrador.cl
