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La región, históricamente una de las más pobres de Chile, enfrenta una pérdida millonaria en inversión debido a la falta de aprobación de proyectos clave. El rechazo de permisos ambientales, la presión de comunidades y grupos radicales, junto con el activismo ambiental, han frenado iniciativas como el Embalse del Fundo Nilpe y la planta de tratamiento de desechos Waste To Energy (WTE) Araucanía. Incluso proyectos aprobados, como el Parque Eólico San Andrés, no han podido ejecutarse. Desde 2018, ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ha sido aprobado en la región, y 2024 marcó un precedente negativo al ser el primer año en más de dos décadas sin aprobaciones de EIA, ni Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
Por más de una década, La Araucanía se ubica como una de las regiones más pobres de Chile, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen). Salir de esa posición, en opinión de la Multigremial de La Araucanía, requiere convicción, tomar “proyectos detonantes” y conseguir los permisos para que se lleven a cabo en un corto período de tiempo. Para eso hay que superar el estudio del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que se encarga de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y evaluar proyectos y actividades que puedan afectar el medio ambiente.
Sin embargo, en los últimos años La Araucanía no lleva una buena racha con respecto al SEA. Desde 2018 no hay ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, y 2024 marcó un precedente negativo al convertirse en el primer año sin aprobaciones ni de Estudios de Impacto Ambiental, ni de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en más de 20 años.
Explica el informe de la Multigremial “Crisis económica en La Araucanía: impacto de la permisología en los últimos 10 años”, que “sectores como minería y pesca y acuicultura presentan una preocupante falta de proyectos aprobados durante el gobierno de Gabriel Boric. En minería, el porcentaje de proyectos aprobados fue del 45,5% bajo Piñera, reduciéndose a 0% con Boric (cerca de US$ 9 millones que no han sido invertidos). Esta ausencia de aprobación limita el potencial económico de La Araucanía”. Además, agregan que “sectores como infraestructura hidráulica y pesca desaparecieron completamente”.
Así, desde 2014 LaAraucanía ha dejado de percibir US$ 4.343 millones, en proyectos que no superaron el SEA (ver abajo).
El embalse que no fue
El SEA estuvo en las noticias durante las últimas semanas, cuando se tomaban decisiones con respecto a los permisos del proyecto minero Dominga, que por decisión del Comité de Ministros -integrado por subrogantes- fue rechazado por tercera vez el 8 de enero. Esto, pese al dictamen del Tribunal Ambiental que prácticamente daba por aprobado el proyecto.
En La Araucanía también se da el caso de grandes proyectos que iban a representar una inversión importante a nivel local, pero que fueron rechazados por el SEA.
El proyecto con mayor inversión –entre los rechazados en la última década– se iba a hacer en la comuna de Galvarino, y requería más de US$ 111 millones para llevarse a cabo. Se trata del Proyecto Embalse 1, 2 y 3 del Fundo Nilpe, una iniciativa de Agrícola Galvarino, del Consorcio Sutil.
Consistía en la construcción de tres embalses de acumulación de aguas para riego agrícola. De acuerdo con información aportada por la Multigremial regional, el proyecto iba a permitir regar 250 hectáreas de cerezos e iba a generar empleo para 2.500 personas. Su ejecución estaba prevista en tres etapas entre 2023 y 2025, con una vida útil estimada de 50 años.
“(La provincia de) Malleco es una zona seca, no por un tema climático sino porque no tiene ríos. Los ríos pasan por los lados y Malleco no está irrigado, entonces se necesita poder embalsar la poca agua que corre para poder generar riego, para hacer actividad productiva rural y no afectar las napas subterráneas. Este proyecto que ya había tenido una inversión de millones de dólares fue rechazado y Galvarino es la tercera o cuarta comuna más pobre de La Araucanía, y una de las 10 más pobres de Chile. Y se niega un proyecto porque no tiene construida una caseta sanitaria, que es química, para un inspector que va una vez al año a revisar el estado del agua”, afirma Claudia Lillo, directora de la Multigremial de La Araucanía.
“¿Ustedes creen que esos empresarios van a volver? Después de haber hecho los trabajos de ingeniería, después de haber hecho la participación con las personas, después de haber metido todo este dinero, después de cuatro años de trabajo. ¿Van a volver a invertir acá? No, pues se van, se saltan a Ñuble, a Los Ríos, a donde sea que no haya problemas”, lamenta Lillo.
Y es que además de la oposición del SEA, hubo una fuerte oposición de comunidades indígenas, al punto de que incluso grupos radicales, como la Liberación Nacional Mapuche (LNM), realizaron atentados en contra del proyecto.
La quema de un fundo en rechazo al proyecto
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto se ingresó en abril de 2021 y en enero de 2022 comenzó la oposición, ya que aseguraban que habría una “intervención” en el río Chol Chol, hecho que fue descartado por el mismo Juan Sutil.
Quienes se opusieron a esta “acción criminal”, afirmaban que se iban a ver afectadas comunidades mapuche “ya que esta intervención será solo el inicio de la nueva usurpación y saqueo del agua”. De allí en adelante comenzaron las “movilizaciones”, que no solo incluyeron la entrega de una carta en la Superintendencia de Medioambiente y en la municipalidad, o la realización de un txawün («gran reunión»)/encuentro ciudadano; sino que el 15 de junio de 2022 –cuando se acercaba la fecha de la reunión de la Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva)–, la LNM se adjudicó una “acción de sabotaje en contra de Juan Sutil en el Fundo Nilpe”. Declararon que el domingo 12 de junio destruyeron la casa patronal, dos galpones, dos tractores, una retroexcavadora y dos vehículos.
“Seguiremos saboteando toda inversión capitalista en Wallmapu hasta conseguir su expulsión total, no como un grupo aislado como pretende hacer creer el Estado, sino como un movimiento que cuenta con el amplio apoyo de su gente”, decía la declaración.
Además, el 29 de junio de 2022 difundieron fotografías de barricadas “contra la visita de Juan Sutil a la región” y convocaron a una marcha “en rechazo a la presencia del empresario que pretende instalar tres embalses interviniendo el cauce desde Fundo Nilpe. Fuera Sutil y sus proyectos frutícolas”.
La Multigremial insiste en que se apruebe planta de tratamiento de desechos
El segundo proyecto de mayor cuantía rechazado fue el llamado proyecto inmobiliario El Portal de Nueva Imperial, a cargo del Comité de Vivienda El Portal, que preveía una inversión de US$ 100 millones y el tercero era la Planta Waste To Energy (WTE) Araucanía, con una inversión de US$ 80 millones.
Esta iniciativa se presentó en junio de 2017 y fue rechazada en marzo de 2022. Entonces, el intendente de La Araucanía, Raúl Allard, dijo que “esta noticia debe ser motivo de alegría para toda la comunidad de Lautaro”, ya que, en su opinión, el proyecto “no cumplía con los estándares de protección a la salud de las personas, del medioambiente ni tampoco de las comunidades indígenas aledañas”. Sin embargo, desde la Multigremial de La Araucanía también consideran este como uno de los proyectos que aportaban al desarrollo económico de la región y que se rechazó.
En este caso también se reunió el Comité de Ministros en diciembre de 2023 para someter a análisis la reclamación hecha por la empresa contra la resolución del Coeva regional, que resolvió rechazar su funcionamiento.
El presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, destacó entonces que el proyecto tenía un informe técnico favorable por parte del SEA. “Es decir, se rechazó por motivaciones más políticas que científicas”. Una posición que en la Multigremial mantienen hasta hoy.
“Otro caso que también es un castigo fortísimo es el proyecto de la WTE, que es un proyecto innovador porque se hace cargo de un problema que tenemos en la región, en la macrozona, que tiene que ver con los residuos, porque todos producen basura, pero nadie quiere tener el basurero al lado de su casa”, subraya Lillo.
La directora de la Multigremial agrega que este “es un proyecto que convierte en energía y hace reciclaje de los residuos generados por las casas, por las personas, no por las fábricas. El proyecto ha sido rechazado por estos activistas ambientales, que tienen redes sociales, que mueven gente, y son proyectos que no solamente cumplen con todos los estándares técnicos, cumplen con todos los estándares que exige el SEA y además cumplen los estándares europeos. Estas plantas están en Finlandia, en Dinamarca, en Alemania y se usan como parques en la mitad de los barrios, y acá se rechaza y lo rechazan los ambientalistas. Y no hubo argumento técnico, fue rechazado por un tema político, el comité político no lo aprobó”.
Waste To Energy Araucanía se proponía gestionar 330 mil toneladas de residuos generados anualmente en la región, aliviando la presión sobre los vertederos locales, que actualmente están al límite de su capacidad, lo que obliga a llevar los residuos a otras zonas como Biobío o Los Ángeles.
“Instamos al Tribunal Ambiental, que próximamente deberá resolver sobre la reclamación presentada por este proyecto (WTE), a que evalúe esta situación con base en los hechos técnicos y ambientales, y no en motivaciones políticas que solo buscan entorpecer el desarrollo de la región”, señala Lillo.
“El activismo ambiental nos tiene atrapados”
En el caso de la WTE, la oposición inicial la manifestó la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) que desde principios de 2018 ingresó una carta solicitando a la Municipalidad de Temuco “poner fin al contrato que tiene firmado con la empresa WTE Araucanía para la instalación de una planta de incineración de residuos en la comuna de Lautaro”.
La misma agrupación convocó a una marcha en contra de WTE en noviembre de 2019; y en paralelo las comunidades del Lof Malpichahue manifestaron su “repudio” hacia la planta. Desde RADA continuaron manifestando su desacuerdo en actividades convocadas en junio de 2021 y en diciembre de 2023.
“Hoy día lo que nos tiene atrapados es el tema del activismo ambiental que, además, lo cubren con un activismo ambiental indígena. La mayoría de estas agrupaciones ambientalistas internacionales son pagadas por gobiernos externos que son competencia de Chile en materia productiva. El caso maderero, de las salmoneras. Eso es sabido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que otros países se enriquezcan, que nosotros nos empobrezcamos, que además se divida la población… Esa fuerza ambientalista que se opone a todo finalmente va en contra de las familias más sencillas que quieren trabajar y producir en la región”, opina Lillo.
La Araucanía ha dejado de percibir US$ 4.343 millones
El Líbero revisó la base de datos del SEA, considerando los últimos tres gobiernos. Se halló que durante la Presidencia de Gabriel Boric han ingresado 62 proyectos para La Araucanía y se han aprobado 10 (16,12%) –principalmente del área inmobiliaria y dos de energía–. No obstante, en 24 ocasiones (38,7%) los proyectos fueron “desistidos”. Es decir, el titular del proyecto decidió no seguir adelante con la evaluación y retiró su solicitud del SEA. Entre los desistimientos había cinco proyectos mineros y uno del sector energético.
En tanto, durante el mandato de Sebastián Piñera ingresaron al SEA 132 proyectos, 56 fueron aprobados (42,42%), seis fueron rechazados (4,54%) y 38 fueron desistidos (28,78%).
Mientras, en el segundo período de Michelle Bachelet ingresaron 109 proyectos, 36 resultaron aprobados (33,02%), cinco rechazados (4,58%) y 14 desistidos (12,84%).
Dice el informe de la Multigremial que el gobierno de Gabriel Boric ha registrado la menor proporción de proyectos aprobados en comparación con los periodos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, lo que “representa una crisis significativa en términos de dinamismo económico”. Durante el actual gobierno, entre proyectos desistidos, no admitidos o en calificación, suman más de US$ 1.000 millones.
En tanto, desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la región ha dejado de percibir US$ 4.343 millones de dólares, en proyectos que no lograron pasar el filtro del SEA.
“Es necesario partir contextualizando que La Araucanía o la Macrozona Sur vive con el flagelo de la violencia hace más de 25 años. Hemos necesitado tener un estado de emergencia que nos permita asegurar o resguardar la seguridad para poder vivir y trabajar. Nosotros decimos que la seguridad es como el aire, que cuando uno no la tiene no se da cuenta, pero cuando no la tiene empieza a necesitar. Hoy día, estamos con respiración artificial. Estamos con un estado de emergencia que ha disminuido los hechos de violencia, sin embargo no es suficiente para generar el desarrollo y el crecimiento de la región”, plantea la directora de la Multigremial de La Araucanía.
La presión que terminó con un parque eólico en La Araucanía
La falta de inversión también se refleja en proyectos que fueron aprobados por el SEA, pero que a la larga no se ejecutan. Un ejemplo de eso es el Parque Eólico San Andrés, que buscaba generar energía eléctrica a partir del uso de 21 aerogeneradores. Este proyecto se iba a emplazar en la comuna de Collipulli, una de las más afectadas por la violencia, e iba a representar una inversión de US$ 135 millones. Sin embargo, en septiembre de 2024 se dio a conocer que no se llevaría a cabo.
El proyecto energético fue ingresado en julio de 2020 y aprobado en febrero de 2022. Las comunidades de la zona comenzaron a manifestar su rechazo en octubre de 2023. “No al saqueo energético en Wallmapu”, publicaron al convocar a una marcha el 13 de octubre de ese año. Por esos mismos días también hubo cortes de ruta en contra del proyecto; y en el mes de noviembre de 2023 comunidades mapuche de Collipulli llegaron hasta el SEA para ingresar una carta de invalidación del parque eólico.
En septiembre de 2024, cuando supieron que el proyecto no se materializaría, manifestaron su “profunda alegría” por saber que “que nuevamente una empresa desista de construir un proyecto nefasto en el territorio por la presión social de todos los actores involucrados en ella”.
La declaración también indica que “las comunidades se mantienen firmes en la defensa del territorio, para no permitir que este ni otro proyecto energético se construyan en tierras mapuche, seguiremos adelante, siempre, por lo que hacemos un amplio llamado a las comunidades, organizaciones sociales y amigos en general a seguir apoyando la lucha por la defensa del territorio, para que no nos sigan convirtiendo en zona de sacrificio medioambiental”.
A esto se suma que parte del área en que se iba a construir el proyecto estaba usurpada.
«La permisología está convertida en nuestra principal barrera»
Para Lillo, “hay un abandono por parte del Estado en los espacios públicos de la Araucanía. Esas son señales también. Ahora, muchas veces cuando uno le pregunta esto a las autoridades dicen ‘es que nosotros licitamos y el privado no quiere ir’. No es que el privado no quiera ir. Los trabajadores no quieren trabajar en zonas donde les pueden disparar… ¿Quién va a ir a exponer su vida para arreglar los caminos? Es un círculo vicioso”.
Como solución, Lillo plantea que se necesita un plan integral para dinamizar los procesos productivos, que requiere, en primer lugar, mejorar la infraestructura “para poder vivir y producir en La Araucanía”. Ejemplifica con puentes, caminos, zonas de riego, embalses y proyectos de agua potable rural (APR).
Dice que también se necesita “un sistema que impulse o que haga atractivo el invertir en una región que viene en decaída absoluta. La permisología está convertida en nuestra principal barrera”.
En cuanto a si han llevado sus propuestas a las autoridades, sostiene que han conversado con el delgado presidencial y con el director del SEA regional. “Mi conclusión es que estamos atrapados por una política pública que está obsoleta”. Por tanto, propone que así como se habla de un fast track en materia de seguridad se puedan tomar algunos proyectos relevantes para la región y hacerlos avanzar, “que sean proyectos detonantes, se puede hacer legalmente y se puede hacer técnicamente también”.
“En La Araucanía no se ha construido una doble vía o un camino nuevo en los últimos 30 años”, lamenta. “Esto no es solamente un plan de desarrollo, se requiere convicción de que hay que hacerlo. Convicción y gestión, nada más. No necesitamos más planes, son los mismos proyectos que están en cartera por 30 años”.
