Presión de países latinoamericanos frena ley europea contra materias primas que generan deforestación

Aunque la nueva normativa de la Unión Europea debía entrar en vigencia a finales de 2024, América Latina ha avanzado muy poco para adaptarse a la regulación. La ley, que se aplazó un año, prohíbe a Europa importar productos que hayan implicado deforestación a 2020 y todavía es desconocida para pequeños productores que exportan a Europa.

La Ley de Deforestación Cero o Regulación para Productos Libres de Deforestación de la Unión Europea, EUDR por sus siglas en inglés, debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024. Esta ley prohíbe la importación de productos cuya producción implique la tala de bosques a partir del 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, tras pedidos de varios países de América Latina, Asia y África, el Parlamento y la Comisión Europea acordaron postergar por un año su aplicación. Para que el cambio sea válido, el Consejo Europeo debe firmar el aplazo y publicarla antes del 30 de diciembre de 2024.

El Partido Popular Europeo, de derecha, buscaba que la postergación sea de dos años, como parte de una “contraofensiva para tratar de debilitar estas normas de sostenibilidad ambiental”, de acuerdo con Beatriz Salazar, investigadora del Programa de Cambio Climático y Agricultura Sustentable del Centro Peruano de Estudios Sociales. La propuesta de la derecha no avanzó.

“Vamos a ver si un año alcanza para que todos los países involucrados puedan ponerse de acuerdo para que la aplicación funcione”, dice la experta. La Unión Europea todavía tiene que aclarar algunos puntos para la aplicación de la ley. Por ejemplo, debe emitir un documento que establezca los criterios que se usarán para poner a un país en la categoría de riesgo bajo, mediano o alto de deforestación. Esta categorización será determinante a la hora de solicitar requisitos y realizar controles.

En América Latina, los productores enfrentan una serie de desafíos para cumplir con la regulación, desde el cumplimiento de leyes tributarias y de derechos laborales hasta demostrar que no han incurrido en deforestación. Esta es una de las fases más críticas, pues juegan en contra la falta de claridad en cuanto a tenencia de tierras y la falta de capacidad de los Estados para ofrecer soluciones tecnológicas accesibles para la trazabilidad de los productos.

Mongabay Latam habló con Salazar sobre por qué los países de América Latina no han podido adaptarse a la Ley de Deforestación Cero de la UE.

–¿Qué implica la ley de deforestación cero para la UE?

–Es parte de una serie de regulaciones que está sacando la Unión Europea. Está tomando el liderazgo del camino hacia la sostenibilidad y está bien que se responsabilice no solamente de la deforestación que puede causar su propia producción en territorio europeo, sino de la que puede estar causando a nivel internacional. Esta regulación se complementa con otras que forman parte del Pacto Verde y que están en camino de ser implementadas, por ejemplo, la de Debida Diligencia en Derechos Humanos. Están en preparativos medidas de control de carbono en frontera, con las que van a controlar, a largo plazo, que casi todos los productos hayan cumplido con medidas que mitiguen la emisión de Gases de Efecto Invernadero.

Esperamos que otros países sigan por ese camino porque con esta ola de gobiernos conservadores y más orientados a la derecha hay una contraofensiva para tratar de debilitar estas normas de sostenibilidad ambiental. Había un proyecto de ley en Estados Unidos similar al EUDR para controlar importaciones que hayan causado deforestación. Esperemos que progrese. En el Reino Unido estaban viendo estos temas y también en otros países, incluso de Asia.

En todo el mundo, la deforestación está en buena parte impulsada por la ampliación de la frontera agrícola para la exportación. Las acciones a nivel de un solo país no funcionan, tienen que ser globales para poder obtener resultados. El asunto es que se diseñen y se implementen bien, considerando los posibles impactos directos e indirectos. Si se hacen muy rápido, sin considerar los intereses de, por ejemplo, los pequeños productores –los más afectados–, puede provocar que la deforestación empeore.

Vista aérea de la Moskitia, en Honduras, segundo bosque más grande de Centroamérica. Honduras exporta café, aceites vegetales, textiles, pescado y mariscos a la Unión Europea. Unesco incluyó a la Reserva de la Biosfera del Río Plátano de Honduras como Patrimonio de la Humanidad en peligro. Foto: Diego Cazar Baquero.

–¿Qué significa esta reglamentación para nuestros países?

–En realidad es una especie de amnistía para todos los que han deforestado antes de 2020. Si es que un productor grande o pequeño ha deforestado antes de esa fecha, sea legal o ilegal, no importa. Lo que importa es que no haya deforestado después de 2020 y que haya cumplido con la legislación del país, tal cual es ahora.

Hay mucha desinformación. En el Perú, uno va a las zonas cafetaleras o palmiculturas y buena parte de los productores no sabe qué es el EUDR a pesar de que han estado exportando a la Unión Europea.

Además, en la mayoría de países hay mucha informalidad y muchos de los productores no cumplen y no pueden cumplir con la legislación nacional en temas tributarios, de tenencia de tierras, derechos laborales, Consulta Previa e Informada a los pueblos indígenas y todo lo que está pidiendo la Unión Europea. Ahí viene el gran esfuerzo de los Estados por tratar de formalizar. Eso no es simple, no se puede hacer en un año y tampoco se puede hacer bajando la valla como han hecho en el Perú para que todos puedan pasar.

–¿A qué se debió la postergación de la ley europea?

–Hubo presión de una alianza de países latinoamericanos productores de café, cacao, palma y otras mercancías que iban a ser afectados por el EUDR. Hicieron una campaña muy fuerte para que les dieran más tiempo para adaptarse. Los europeos no hicieron mucho caso hasta que vinieron quejas y solicitudes de postergación de los procesadores de café de la misma Unión Europea, que decían que no tenían tiempo suficiente para adaptarse, y de gobiernos de países con más influencia. Estados Unidos se unió a las críticas. El factor decisivo puede haber sido la ola de protestas de los agricultores europeos para que se redujeran las exigencias.

Nuevos plazos

Salazar explica que luego de los planteos de aquel grupo de países para solicitar la postergación de la ley, vinieron las elecciones en la UE. “Ahora el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos tienen un carácter más de derecha, más conservadora y menos preocupada por los temas ambientales en comparación con la gestión anterior”.

La coalición de derecha del Partido Popular, que está en varios países, introdujo unas enmiendas que prácticamente deshacían la Ley de Deforestación Cero, afirma la experta. “Lo más grave es que incorporaban una nueva categoría de riesgo a las tres categorías originales: la de riesgo nulo. Los países con áreas de bosques estables o en aumento entrarían en esa categoría. El problema es que los únicos países que pueden cumplir con eso son los europeos. Ellos se estaban salvando de todos los requerimientos que sí pedían a los demás países”.

El segundo problema —agrega Salazar— es que “se creaba un tremendo hueco de contrabando”. “Por ejemplo, si a algún país se le ponía en la categoría de riesgo nulo, no se podía garantizar que los productos que vinieran de países que sí causaban deforestación no podrían entrar afirmando que eran de este país de riesgo nulo”, se pregunta Salazar. “Si eso se hubiera aprobado, hubiera significado anular todo el efecto positivo que puede tener la nueva ley de la UE. Esta enmienda anulaba todos los esfuerzos”.

“Todo esto hizo que la Comisión Europea se pusiera fuerte y dijera no, nosotros sí aprobamos la postergación por un año, pero no estamos de acuerdo con que se hagan estas enmiendas. Después de eso, la Comisión Europea lo envió al Parlamento y ya se pusieron de acuerdo. Lo único que falta es que el Consejo Europeo lo firme y eso salga publicado antes del 30 de diciembre o no va a ser válido”.

–¿Cómo se establecerán las categorías de riesgo?

–Después de que eliminaron la categoría de cero riesgo, quedan tres categorías de riesgo. Todavía no hay un documento que dé las pautas para calificar si un país es de alto riesgo de deforestación, mediano o bajo. Si es que un país es calificado como de alto riesgo de deforestación, está sujeto a más requisitos, y también a más inspecciones cuando el embarque llega a la Unión Europea, entonces eso pone a los productos de estos países de alto riesgo en desventaja respecto de los que tienen mediano y bajo riesgo. Hasta donde sé, todos los países van a arrancar con una calificación de riesgo mediano, significa que van a inspeccionar y van a pedir bastante información que no sabemos si van a poder proporcionar.

–En todo este tiempo, antes de que se hable de la postergación, ¿cómo hemos avanzado en Latinoamérica, si hemos estado avanzando, y qué falta?

–Hay comunicados de la Comunidad Andina y de países que individualmente saludan la postergación. Los productores también están felices porque eso implica que por lo menos tienen un año más para seguir exportando. Los que no están tan felices, y con razón, son las organizaciones medioambientalistas. Muchas de ellas dicen que es un año más para que se siga deforestando.

Había que sopesar lo que hubiera sucedido si realmente el reglamento hubiera entrado en vigencia el 31 de diciembre de 2024. Posiblemente más de la mitad de productores que exportan a la Unión Europea no lo hubieran podido hacer. La alternativa para ellos: que sus intermediarios buscaran mercados en Asia, por ejemplo, donde no hay estos requerimientos.

La situación era la misma, iban a exportar los productos que han causado deforestación o podían haberse trasladado al cultivo de productos que también causan deforestación, pero para el mercado nacional y que no tienen ningún control. Entonces esa es un poco la disyuntiva: hacer que esto funcione bien y que la mayor cantidad posible de productores exporten con una producción sostenible o que más bien cada vez menos productores exporten.

Funcionarios de los ministerios de Agricultura y Comercio de la subregión andina se reunieron a comienzos de diciembre de 2024 en la instalaciones de la Comunidad Andina para participar en el Programa de Formación Subregional sobre Comercio Internacional Agroalimentario. Foto: Comunidad Andina

–¿Por qué los países de América Latina no han podido adaptarse a esta norma?

–Tanto en los países andinos como en Centroamérica, en la mayoría de los casos, menos de la mitad de los productores están organizados. Muchos de ellos son informales. Eso hace que no puedan cumplir con el requisito de trazabilidad que exige la Unión Europea. La Unión Europea te exige que tengas tu parcela georeferenciada. Los Estados están tratando de hacer registros de productores para tener trazabilidad, pero están en un grado de avance muy incipiente.

Para determinar si una parcela fue deforestada antes o después de 2020 se necesitan sistemas de mapas muy detallados. Esos sistemas son muy caros. Los que se están utilizando actualmente son públicos, o sea, no tienen esa definición. Con ellos se confunde lo que pueden ser agroforestal con lo que son propiamente bosques.

La mayoría de las cooperativas y las asociaciones están usando sistemas comerciales, que son por ahora financiados por la cooperación internacional, pero qué va a pasar cuando se retiren esos proyectos de la cooperación.

–¿Quién debería manejar esa base de datos, tener ese repositorio?

–Si los Estados estuvieran funcionando como deberían, si le dieran un buen servicio al ciudadano y al productor, deberían ser sistemas públicos. Así como todo el mundo tiene un DNI que es responsabilidad del Estado, este caso también debería ser responsabilidad del Estado, pero los países como los nuestros no están preparados para gestionar un sistema de ese tipo.

Hay una serie de principios que debería tener un buen sistema de información de trazabilidad: debería estar claro que los datos le pertenecen a los productores y que no deben caer en manos de empresas que podrían revenderlos. Además, que todos puedan tener acceso, que no sea excesivamente caro y que haya consentimiento informado de los productores.

–¿Qué está pasando con los grandes productores?

–Bueno, en el Perú no se puede decir que hay grandes productores, hay grandes acopiadores. Nos hemos centrado en café y cacao, que son los productos que más se exportan, los que serían más afectados por esta norma. El 2 % del cacao que produce Perú va a la Unión Europea. En el caso de la palma sí hay organizaciones y ellos están casi preparados desde hace bastante tiempo.

Los países de la Comunidad Andina que más exportan café a la Unión Europea son Colombia y Perú. Ecuador y Bolivia exportan muy poquito café. En el caso del cacao, el que más exporta es Ecuador, seguido de Perú y Bolivia.

En el caso de la palma, Colombia exporta a la Unión Europea 140 millones de dólares, que representan el 23 % de sus exportaciones de ese producto. Ecuador exporta 18 millones de dólares, el 14 % de sus exportaciones totales de palma, y Perú exporta 1.4 millones de dólares, el 2 % de las exportaciones de ese producto.

–¿Será suficiente un año más?

–Esa es la gran pregunta. El otro problema, que además los mismos productores de café y cacao lo dicen, es que la información que está manejando el MIDAGRI muchas veces no es exacta. Ellos tienen información, dicen, más descentralizada que debería también ser considerada en el momento de hacer todos estos sistemas, pero nos dicen que no ha habido muchos diálogos.

Fuente: eldesconcierto.cl