El entorno político de Nélida Pozo, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que suma siete demandas de tutela laboral

Pozo, que es esposa de un conocido sindicalista, es acusada de malos tratos contra funcionarios que no tienen su misma afinidad política. Una de ellas se encuentra internada y en tratamiento psicológico.

La gestión de Nélida Pozo al frente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) se encuentra bajo la lupa, al menos judicial, pues a las tres denuncias de acoso laboral y presiones administrativas de las que se supo en noviembre, se han sumado otras cuatro en 2024, totalizando al menos siete tutelas laborales.

En una de ellas, la denunciante acusa haber sido internada por los efectos de su trabajo con Pozo. Según sus denunciantes, la directora tiene un marcado estilo político que se reflejaría en la elección de su entorno de trabajo y presuntos hostigamientos a quienes no comparten esa línea. Pese a que no se le conoce militancia, ni “padrinos”, su esposo, un conocido sindicalista, sería la piedra angular de sus simpatías y contactos políticos.

El “cachorro” y la carrera de Pozo en Valparaíso

Nélida Pozo y Nolberto Díaz, su marido desde 1991, representan un eje de poder que conecta al ámbito político-cultural con el sindicalismo. Díaz, conocido como “Cachorro”, es un histórico dirigente de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y exvicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Actualmente es director laboral de Enap y parte del Consejo Directivo Nacional de la CUT.

El “Cachorro” y Pozo estudiaron Trabajo Social y Pedagogía, respectivamente, en la Universidad Católica de Valparaíso a fines de los ‘80 e inicios de los ‘90, momentos en que Díaz  fue dirigente estudiantil de la DC y conoció a quien considera un amigo hasta la actualidad, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Según El Mostrador, Díaz habría sido objeto de una querella de Augusto Pinochet en 1996, pues dijo en Radio Nuevo Mundo que sus escoltas estaban vinculados al crimen del exquímico de la Dina, Eugenio Berríos.

Pozo, en tanto, comenzó su vida pública más tarde: en 2002-2003 fue encargada de la División de Cultura de la Seremi de Educación de Valparaíso; luego entre 2010 y 2014 fue encargada Gestión y Proyectos Culturales en la Universidad de Playa Ancha (Upla), y en el segundo mandato de Michelle Bachelet fue directora regional del Consejo de la Cultura y las Artes. En 2017 protagonizó una polémica regional al postular (y ganar) al cargo de directora del Parque Cultural de Valparaíso, sin haber renunciado a su cargo de directora del CNCA.

En ese entonces, según El Mercurio de Valparaíso, “fue acusada de aprovechamiento político, considerando que quedan sólo cuatro meses para que acabe el actual gobierno”. Ante ello, Pozo respondió: “No tengo ninguna necesidad de dejar amarrado mi trabajo porque siempre he tenido el privilegio de trabajar en lo que a mí más me gusta (…) el mejor ejemplo que puedo dar es cuando llegó la derecha al gobierno, yo renuncié voluntariamente a un cargo de planta porque para mí la cultura es un ámbito ideológico”, dijo, destacando que nunca ha estado cesante más de dos semanas.

“Ella se mueve muy transversalmente, siempre supo flotar”, dice a El Líbero una persona que trabajó con ella en esa región. Sin embargo, las tensiones ya se manifestaron antes, en 2014, cuando el crítico e historiador del arte, Justo Pastor Mellado, dejó su cargo de director del Parque Cultural de Valparaíso con demandas por acoso laboral y daño moral contra la entonces directora regional de Cultura. “Acoso laboral no ha habido en ningún caso”, aseguró Pozo a la prensa local esa vez. Eso sí, las dificultades con un exdirector del parque se volvieron a repetir en 2023, cuando el músico y profesor de Historia, Sebastián Redolés, denunció que la administración de Pozo en el parque adolecía de vicios y se formó toda una polémica que incluyó hasta una encerrona (ver abajo).

El círculo de Nélida Pozo en el Serpat

No obstante, al Serpat llegó con personas del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), al cual, comentan dentro, “le tiene mucha simpatía”. En lo concreto, su jefa de gabinete es la hija del presidente del PC Lautaro Carmona, Paz Carmona. La administradora pública fue coordinadora de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y en 2011 se le consideraba el “brazo derecho” de Camila Vallejo. Actualmente percibe una renta de $ 5.375.061 brutos mensuales.

También trabaja con ella María José Oyarzún, profesora feminista de Filosofía, exconvencional del Frente Amplio (exRD) y ex miembro de la directiva nacional del Movimiento Marca AC. Tras la convención, trabajó como jefa de gabinete de la seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Lorena Cofré. En el Serpat, recibe $ 5.230.087 brutos al mes por ser asesora de la directora. Con ella, por ejemplo, viajó a Antofagasta en 2023, momento en el que se comprometió, dice una nota del Museo de Antofagasta, “a agilizar la resolución de sumarios, como el déficit de dotación de personal”. Justamente esa es una de las regiones donde se acumulan demandas de tutela laboral en su contra.

El abogado José Rafael Cortés, también llegó como asesor de gabinete ($3.801.960 mensuales a honorarios). Cortés fue profesor de Derecho en la Universidad Arcis -ligada al PC- y tuvo un paso por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).  También trabajó en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), en tiempos de Ángel Cabeza (PPD), y fue director jurídico de la Municipalidad de Tiltil cuando el alcalde era Salvador Delgadillo (PC).

Una de las denunciantes tuvo que ser internada

El caso que ha tenido las consecuencias más graves es el de una funcionaria diagnosticada con un cuadro severo de estrés y depresión tras, denuncia, ser sometida a un trato hostil y desautorización pública por parte de Pozo. Su estado la tiene actualmente internada y en tratamiento de salud mental.

“La finalidad de esta denuncia es poner en conocimiento del órgano jurisdiccional una cadena de hechos y conductas sistemáticas y reiteradas desplegadas por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través de su representante la Directora Nacional señora Nélida Pozo Kudo (…) lo que me permiten al día de presentar la presente acción de autos, ser consciente que soy víctima de un acoso laboral gravísimo que me supera y me tienen actualmente en internación y tratamiento psicológico”, dice la demanda donde detalla que entró al servicio en 2019 y fue destituida verbalmente el 2 de octubre de 2024, sin documentación formal ni calificaciones deficientes que justificaran la decisión.

En su relato se lee que Pozo denostaba su capacidad profesional llegando a decirle que, porque ella (la directora) era “buena”, no la iba a echar. Sin embargo, afirma que comenzó a trabajar bajo amenazas de bajarle su grado de contrata (que determina su sueldo) hasta que otra persona tomó su lugar, sin que se le consultara sobre la incorporación al equipo que ella dirigía. También cuestiona la incorporación inconsulta de un segundo profesional a su grupo, y por un sueldo mayor al del resto, rompiendo la escala de grados.

En su opinión, Pozo le imputó “hechos falsos” para afectar su trayectoria profesional y la sacó de su cargo de forma irregular, pudiendo haberlo hecho de otra forma. La notificación de grado se la notificaron cuando estaba internada y con la demanda interpuesta.

“La directora pudo haber realizado dichas gestiones sin necesidad de humillarme ni vulnerar mis derechos fundamentales, lo que debe resaltar la intención de maltrato, y la forma sistemática en que la Directora se desenvuelve con los funcionarios del servicio, implantando un contexto de desconfianza y temor entre los trabajadores, lo que claramente atenta entre otros a la dignidad funcionaria que todos los dependientes del servicio somos titulares”, relata la denunciante.

El abogado de esta funcionaria y de dos más, Carlos Morgado, lamenta que Pozo empiece “con esta guerra de guerrillas” para desvincular a los trabajadores. En ello, ve un “perfil egocéntrico, en el que si tú de una u otra forma no vas a estar dentro de sus planes, igual te va a decir, ‘mira, yo soy tan buena que no te voy a dar este cupo, te voy a bajar un grado y está totalmente justificado’ (…). Yo creo que ella sabe que sus días están contados con otra administración, pero acá de momento yo creo que está muy tranquila. Lo que hace a uno sospechar: o esto viene de arriba, o aquí algo está pasando. Y si te puedo decir qué (factor) se repite, es el PC”, cierra Morgado.

Las otras demandas contra Nélida Pozo

Uno de los casos más conocidos respecto a Pozo y las acusaciones de maltrato, es el de la suspendida subdirectora de Patrimonio Cultural Inmaterial, Cristina Gálvez, quien el 26 de diciembre tuvo una audiencia con Serpat, donde no llegaron a acuerdo, por lo que se irán a juicio.

Gálvez denunció que sufrió “una serie de actos vulneratorios” por parte de Pozo. En su escrito denuncia “denostación pública” por parte de la directora, “actos de discriminación, así como ser ignorada y no considerada por la directora, incumpliendo las obligaciones propias de mi cargo, junto con ser objeto de distintos instrumentos disciplinarios irregulares que me tiene al día de hoy suspendida sin argumento plausible, y que objetivamente constituyen vulneración de derechos fundamentales”, afirma la profesional que trabaja para el servicio desde 2010.

Un punto álgido en su caso fue cuando, tras haber llenado la planilla correspondiente al próximo presupuesto, se encontró que le habían aumentado en mil millones de pesos un componente, incorporando nuevos funcionarios a contratar: “Eso jamás lo conversaron conmigo, cuando es una función mía estar a cargo de ese presupuesto. Le pregunté al jefe de planificación de presupuesto y le pregunté a la jefa de gabinete de la directora”. Finalmente y tras pedir varias reuniones, cerca de agosto el jefe de planificación le dijo que ya estaba todo cerrado, dejándola fuera de toda comunicación, tal como ya había pasado a principios de año, cuando Pozo llamó a todas las jefaturas a planear el 2024, menos a ella.

Así, Gálvez no se pudo reunir con Pozo en todo el año, pese a sus solicitudes de cita. Además. cuenta que aunque a ella le correspondía representar a Chile en instancias internacionales, no se le permitió viajar a hacerlo.

El abogado Morgado, que también representa a Gálvez, destaca un presunto mal uso de los sumarios para sacar a funcionarios, con hechos falsos o “mañosos”. Por ejemplo, Gálvez llamó la atención a la dirección por una funcionaria que tenía muchas ausencias injustificadas, sin embargo, a la funcionaria no se le instruyó sumario, pero a Gálvez sí, por un supuesto maltrato a esta trabajadora. “Supe por el correo de las brujas que estoy sobreseída, pero pasan los meses y nadie me dice nada”, afirma a El Líbero.

Del sumario, Gálvez se enteró cuando le dijeron que estaba suspendida, pero nunca la llamaron a declarar.

A su juicio, dice en la demanda, esta actitud sería  por “una animosidad que provendría de intereses netamente políticos que tiene la directora y que afecta directamente la probidad y metas legales de la subdirección, ya que todo esto nace desde las opiniones y posturas técnicas de la subdirectora en contra de ciertos funcionarios (todos de simpatía política del sector de la directora) sancionados, precisamente a raíz de las consecuencias de sus faltas administrativas y de probidad que han dejado fuertes problemas de solvencia en la subdirección”.

“Fui desvinculada sin otra motivación que no sea política”

Otro caso es el de Jimena Asenjo, exasesora de Londres 38 y quien lideró el Programa de Sitios de Memoria en 2023. Ella llegó un mes antes que Pozo al Serpat (enero de 2023) y en su denuncia afirma que “he sido discriminada abiertamente por esta sola circunstancia de carácter político. Al ser militante del partido político Convergencia Social, políticamente he sido discriminada y desvinculada en forma arbitraria e ilegal y sin otra motivación que no sea la política”.

En su caso, también habría habido degradaciones laborales dirigidas por Nélida Pozo y su equipo cercano, incluyendo exclusión de reuniones, críticas constantes y desvaloración de su trabajo. Así, a medida que pasaban los meses, el trato hacia ella empeoró y en agosto la bajaron de grado 8 a 10 (en el servicio público mientras más bajo es el grado, más responsabilidad y sueldo tiene el funcionario), lo que le bajó las remuneraciones prácticamente a la mitad. Según relata, como aún no se publicaba la resolución de su asunción en el cargo, argumentaron que en realidad, todo ese tiempo estuvo “a prueba” (algo que no se usa en el mundo público).

Esto lo denunció internamente, pero el Serpat nunca tramitó el reclamo ni lo envió a Contraloría, asegura. Como la denuncia era sobre la directora, dice a El Líbero, hubo toda una complicación para determinar qué superior jerárquico debía hacerse cargo del asunto. La pasividad al respecto le generó gran angustia y por ende, tuvo licencias médicas.

Asenjo comenta también que Pozo fue bien acomodaticia para otorgar fondos a algunos sitios. “Yo soy bien pro sitios de memoria y pro organizaciones de sitios de memoria, pero no me parecían las cosas que se estaban haciendo. Yo se lo hice ver y también eso fue una de las cosas que por supuesto le molestó. Ella quería financiar algunos sitios, subirle los recursos. Cometió bastante irregularidades (…) para favorecer a algunos sitios que probablemente eran más cercanos a ella que otros (…). Lo que sí me consta son las presiones que yo recibí para hacer tal o cual movimiento, para cambiar las bases en el medio del concurso, para cambiar las condiciones, para avisarles a algunos y no a todos, etcétera”, sostiene.

Este aspecto político también lo menciona un cuarto denunciante que señala que si bien su cargo no era de confianza política, desde el ingreso de Pozo “comencé a tener dificultades importantes para el desarrollo de mi trabajo. Se establecieron cambios en la administración del servicio, en particular en administración de los equipos regionales los cuales se realizaron de manera arbitraria y sorpresiva. Fue muy difícil establecer comunicación con la directora, postergaba reuniones, mostraba escaso conocimiento del servicio y no contestaba correos electrónicos, haciendo muy difícil la comunicación”. El denunciante agrega que pese a cumplir metas por 13 años, en esta administración se le calificó mal para “desacreditar mi valer y juicio profesional, con la sola finalidad de apartarme de mi cargo (…). Mi despido no responde más que a una estratagema para ubicar en el cargo a una persona que se encuentre en ‘mayor sintonía política’ con la nueva autoridad”.

Los casos de Antofagasta

Otros tres casos que demandan a la administración de Pozo son de Antofagasta, sin embargo, su acción en estos es más indirecta.

Uno acusó demoras en su evaluación de desempeño que estaban a cargo de Pozo. Tal fue la demora, que la Junta Calificadora llamó la atención sobre la situación. Una vez que esta se publicó, notó que no sólo lo bajaron de la lista de excelencia funcionaria, sino que las notas las habían ingresado en una supuestamente fecha anterior a aquella en que la calificación estaba en blanco, por lo que Pozo habría “falseado el sistema”. Tras ello, el denunciante se quejó con la directora vía carta con copia a la Contraloría, por lo que el jefe de Recursos Humanos tuvo que reconocer los errores. El denunciante también le pidió a la directora Pozo pronunciarse sobre la incorporación de una denuncia falsa a un sumario en su contra, sin obtener respuesta. En este caso, ingresó una acusación de una persona con nombre y RUT inexistentes.

Un segundo denunciante sostuvo que le impusieron dos subordinados que constantemente habrían faltado a sus labores y que para esconderlo, movían las cámaras de seguridad para otro lugar. Como el encargado de las contrataciones y despidos es la dirección nacional, él asegura que levantó esas faltas, pero que las jefaturas regionales no le tomaron el peso al asunto. En suma, él quedó con reposo médico por “enfermedad profesional” acreditada por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), sin que a su juicio el servicio tomara las medidas pertinentes para subsanar los problemas.

En un tercer caso, una persona que quedó con licencia médica por enfermedad profesional y tratamientos médicos, fue evaluada en ausencia el 10 de enero pasado, pese a que ya había cesado sus funciones. Uno de los aspectos mal evaluados fue el de ejecución de presupuesto en septiembre, aunque según su denuncia, “la directora del servicio manifestó que este problema era de ordinaria ocurrencia y que nadie se debía preocupar”. Según el escrito, el ISL detectó seis licencias médicas simultáneas, lo que calificó como “brote de enfermos profesionales”.

¿Qué tiene que ver Pozo con estas últimas denuncias de Antofagasta? Los documentos legales indican que las medidas para evitar el “brote de enfermedades profesionales” debido al estrés y el acoso laboral, no se implementaron. Esto era resorte de la dirección nacional, que habría validado las decisiones cuestionables de la dirección regional.

Aunque no es una tutela laboral, hay un octavo caso de una funcionaria que denuncia despido injustificado y discriminación de la jefatura en Antofagasta, pero menciona a Pozo sólo como representante legal del servicio.

“Estamos ante una figura que utiliza el poder administrativo para desacreditar y desplazar a quienes considera una amenaza política o profesional. Esto no es solo un tema laboral; es un abuso de autoridad que afecta vidas y carreras”, opina el abogado Morgado, quien acusa “indolencia” u omisión por parte de la ministra de Culturas, Carolina Arredondo.

“El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural informa que, mientras los temas mencionados se encuentren en instancias judiciales y administrativas, se mantendrá la reserva correspondiente en cumplimiento de la normativa vigente. Por este motivo, no emitiremos declaraciones públicas al respecto”, dijeron a El Líbero, reiterando “nuestro compromiso con los principios de transparencia y debido proceso”.

Servicio del Patrimonio acumula 65 sumarios de funcionarios sin solucionar

En la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (Anatrap), reconocen que no tienen mayor conocimiento sobre las demandas de tutela laboral, porque sólo una de ellas es de una asociada (la de Gálvez), por lo que el resto fueron gestionadas por abogados particulares.

Además, “en su mayoría, involucran a jefaturas que fueron removidas por malas gestiones o incluso por temas que podrían considerarse delitos. En algunos casos, sabemos que el servicio se ha querellado contra estas jefaturas”, explica a El Líbero el presidente de Anatrap, José Luis Martínez.

A su juicio, los procesos de tutela reflejan disputas internas de poder y, en ocasiones, intentos de “empatar” responsabilidades entre acusadores y acusados. “Por eso es tan importante que los casos se resuelvan con base en evidencias claras y en procedimientos transparentes”, señala.

No obstante, reconoce que actualmente hay 65 sumarios administrativos en curso relacionados con denuncias de maltrato laboral, algunos de los cuales llevan más de cuatro años sin resolución. Esta situación, dice el dirigente, genera “revictimización, pérdida de confianza en los procesos y un deterioro del clima laboral”.

Consultado sobre si la administración de Pozo podría haber aumentado las denuncias, Martínez destacó que más bien la nueva Ley Karin, que redefine los procedimientos para casos de violencia y maltrato laboral, ha generado un aumento en las denuncias.

Sin embargo, la lentitud en el manejo de los sumarios sigue siendo un desafío significativo. “No sabemos si la demora se debe a que no pueden o a que no quieren avanzar. Esto está afectando gravemente a las personas involucradas y al servicio en general”, aseguró afirmando que la responsabilidad de esto recae en la División Jurídica del Serpat, la que se habría comprometido a agilizar los procesos sin que hasta ahora se vean resultados. “Estamos peleando para que se cumpla el compromiso de resolver los sumarios pendientes. Si no se logra, pediremos sanciones administrativas contra quienes no hicieron su trabajo”, advierte.

Su paso por Valparaíso

Nélida Pozo ejerció como directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) desde noviembre de 2017 hasta enero de 2023. Mientras mantenía ese puesto, la institución estuvo involucrada en al menos 15 causas de tutela laboral, principalmente relacionadas con despidos indebidos.

Según los registros del Poder Judicial a los que accedió El Líbero, en ocho de estas causas, Pozo figuró como representante legal. Cinco de las demandas resultaron en indemnizaciones, algunas de montos millonarios, con dos casos resueltos por conciliación y tres mediante sentencia del tribunal. Dos causas fueron desistidas. Todas las tutelas compartían la materia de despido indebido.

Un caso destacado es el de Sebastián Redolés, entonces presidente del directorio del Parque Cultural de Valparaíso, que presentó una querella en agosto de 2023, denunciando hostigamientos y amenazas tras reportar irregularidades financieras ocurridas durante la gestión de Pozo, durante 2019 y 2020.

Redolés reveló un déficit significativo en los fondos del Parque y señaló que su administración enfrentó obstrucciones para corregir estas anomalías. Tras informar al Ministerio de las Culturas, Redolés afirmó sufrir malos tratos y amenazas. Fue destituido de su cargo una semana después de reunirse con el jefe de gabinete del entonces ministro Jaime de Aguirre para denunciar las irregularidades. Una de las amenazas fue una encerrona que denunció ante el Ministerio Público, pues según pudo ver, quien lo acorraló habría sido el exmiembro del directorio (cercano a Pozo), Fidel Rudolffi.

En mayo de 2023, el director interino Erick Fuentes realizó una auditoría interna que confirmó los problemas financieros y administrativos previamente denunciados por Redolés. Según el informe realizado por Fuentes, se presentaban irregularidades de aproximadamente $167 millones por los convenios, según Meganoticias.

Otro caso de controversia que rodea a Nélida Pozo, es la denuncia de Justo Pastor Mellado realizada en 2014, antes de que Pozo asumiera como directora ejecutiva del Parque. El entonces director ejecutivo de la institución, presentó una demanda por acoso laboral contra el directorio, presidido por Pozo en su calidad de directora regional del Consejo de la Cultura. Mellado acusó al directorio de denostación pública, presiones indebidas y aislamiento laboral, además de señalar la organización de una manifestación en su contra liderada por un miembro del directorio. Pozo cuestionó estas acusaciones, argumentando que Mellado seguía ejerciendo funciones y que su contrato tenía una fecha de término conocida.

Fuente: ellibero.cl