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En audiencia efectuada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se le comunicó a María Alejandra Benavides, rectora del INBA, que “tiene participación en la causa como imputada”, por la explosión ocurrida en ese liceo emblemático hace un mes, en la que 35 estudiantes resultaron gravemente quemados, de los cuales 13 permanecen hospitalizados. El plazo de la Fiscalía para la formalización no será menor a seis meses.
A un mes de los hechos en los que 35 estudiantes resultaron gravemente quemados en uno de los baños del Internado Nacional Barros Arana (INBA), al parecer mientras manipulaban bombas molotov, 13 de ellos permanecen hospitalizados, luego de que otros ocho fuesen dados de alta. Por lo ocurrido esa mañana del miércoles 23 de octubre, en plena jornada escolar, el Ministerio Público investiga en calidad de imputada a la directora de ese liceo, María Alejandra Benavides.
La información, que es de acceso público, figura en la página del Poder Judicial. La decisión de que la rectora “tiene participación en la causa como imputada”, se le comunicó el pasado viernes 15 de noviembre ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
“Respecto del plazo para formalizar, la Fiscalía señala que no será inferior a seis meses”, se indica en la minuta de las actuaciones efectuadas en la referida audiencia.
La propia Benavides había solicitado la audiencia en la que le comunicaron su condición de imputada
La audiencia de cautela de garantías en la que se le informó a la directora del liceo que la investigaban como imputada en el caso de los estudiantes quemados, la solicitó la propia Benavides. Se trataba de una de las peticiones que estaban contenidas en la acción que ejerció con el objetivo de que en instancias judiciales se le ordenara al Ministerio Público la devolución de su celular.
Ya El Líbero había informado que el móvil, según indicó ella misma en el escrito, se lo incautó la Fiscalía el miércoles 30 de octubre en las instalaciones de la institución educativa a su cargo -una semana después de los hechos ocurridos en el liceo-, “mientras se desarrollaba el trabajo de revisión e incautación por parte del personal policial en el interior de mi oficina”, señala en el documento.
Benavides asegura en la acción que no le entregaron copia de la orden judicial que autorizaba la entrada ni el registro, así como que tampoco le indicaron la numeración de identificación de la causa.
“Marcha contra la judicialización de los compañeros del INBA”
A propósito de eventuales procesos judiciales que se abran en contra de los estudiantes involucrados, desde distintas redes sociales convocaron a una “marcha contra la judicialización de los compañeros del INBA”. El llamado era para la tarde de ayer en Plaza de Armas.
“Hoy madres, padres, apoderados y exapoderados del INBA y todos los liceos emblemáticos nos unimos para decir no a la judializacion de nuestros estudiantes. Alzamos nuestros lienzos y apoyo , aquí que paguen los adultos responsables y el Estado criminal. Arriba los que luchan”, indicaron en la publicación que realizaron la noche de ayer a través de la cuenta @ApoderadosI, junto a una imagen de algunos de los que acudieron al llamado.
La convocatoria la realizaron desde esa misma cuenta. “Apoyar a los estudiantes es nuestro deber, aquí que asuman los adultos responsables de cuidar, proteger y dar una educación de calidad, no más represión ni persecución a nuestros hijos”, indicaron en la publicación que hicieron desde la semana pasada, invitando a a marcha.
Desde allí también han tuiteado llamados a donar sangre para los estudiantes hospitalizados, así como a jornadas artísticas y de venta de comida en las que lo recaudado se usaría en pro de las familias afectadas.
Las otras dos causas que han ejercido hasta ahora por los 35 estudiantes quemados en el INBA
El mismo día en el que se registró la explosión por la que los estudiantes resultaron quemados, el Ministerio de Interior presentó una querella en contra de todos los que resulten responsables “como autores, cómplices o encubridores, del delito de porte de elementos para fabricar artefactos incendiarios (…), incendio y cualquier otro ilícito que pueda configurarse a partir de los hechos ocurridos en el INBA”.
En esa acción, la cartera solicita los “antecedentes de investigaciones o procesos disciplinarios relacionados con la Ley de Convivencia Escolar y la Ley Aula Segura respecto de quienes se determine su participación en los hechos reseñados”, a la dirección del colegio y a la Municipalidad de Santiago, entonces a cargo de la alcaldesa Irací Hassler (PC), quien era la sostenedora del liceo emblemático.
El viernes 25 de octubre otro recurso fue interpuesto por la propia Municipalidad de Santiago, en el que pide “investigar, formalizar y acusar” a quienes resulten partícipes de los referidos hechos.
“La información que manejamos actualmente es que el conjunto de gases producidos por bombas molotov pudo haberse acumulado, resultando en una explosión en dicho baño”, se indica en el escrito.
“Podrá configurarse negligencia en el cumplimiento de obligaciones” o “encubrimiento” en los hechos del INBA
Desde principios de este mes, en entrevista con este medio, Bárbara Soto, exseremi de Educación de la Región Metropolitana y Christopher Gotschlich, exsubdirector jurídico de la Municipalidad de Santiago, coincidieron en afirmar que en este caso podría haber responsabilidad penal. Todo dependerá de los hallazgos de la investigación.
“Sí podría configurarse negligencia en el cumplimiento de obligaciones legales, y eso, originar algún tipo de responsabilidad penal”, advirtió Gotschlich en ese momento.
Soto planteó la hipótesis de una posible responsabilidad por la configuración de “encubrimiento”. Esto, en caso de que se descubriera que “alguien hubiese actuado como cómplice o un tercero del colegio hubiese proveído combustibles o materiales para armar las bombas molotov a los estudiantes”.
En entrevista con El Líbero durante esta semana, la alcaldesa de Quinta Normal y ex líder de las movilizaciones estudiantiles de 2006, Karina Delfino (PS), se refirió al tema (ver aquí) y sostuvo que “las personas que pusieron en riesgo la vida de estudiantes en el INBA tienen que pagar”.
Benavides un día después de la explosión: “Nos hacemos cargo de lo que ocurrió, pero es un hecho aislado de una comunidad que ha reencontrado el diálogo”
En punto de prensa organizado un día después de la explosión, en el que también participó el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), la directora del INBA hizo énfasis en que lo ocurrido era un “hecho aislado”.
“Nos hacemos cargo de lo que ocurrió, pero es un hecho aislado de una comunidad que ha reencontrado el diálogo, que nos sentamos en la mesa a conversar, que resolvemos nuestras diferencias, que de repente son muchas, pero en el diálogo”, dijo Benavides.
La rectora, que en su momento causó polémica por posar para una foto con una polera del grupo radical Antifa, aseveró que “no existe un acopio masivo, diario ni permanente de material incendiario. No existe una fábrica (…) sino que efectivamente un grupo minoritario de estudiantes que decide manifestarse de una manera violenta”.
Fuente: ellibero.cl
