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El Gobierno de Argentina denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) el presunto asedio a su embajada en Caracas, Venezuela. Según las autoridades argentinas, la sede diplomática, que alberga a seis dirigentes opositores al gobierno de Nicolás Maduro, ha sido objeto de hostigamiento por parte de las fuerzas policiales y actores no identificados.
El embajador Mario Oyarzábal, representante argentino en los Países Bajos y ante la CPI, señaló que esta situación viola los principios básicos del derecho internacional.
> “Nuestra embajada ha enfrentado restricciones y actos de intimidación en represalia por ofrecer asilo a personas cuya vida e integridad están en peligro. Es imprescindible que el Gobierno de Venezuela respete la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y otorgue los salvoconductos necesarios para que los asilados puedan salir del país con seguridad”, declaró.
El diplomático detalló que el edificio, ubicado en el sureste de Caracas, ha sido rodeado, mientras se restringen servicios esenciales como electricidad y agua, dificultando el acceso a alimentos y suministros. Los refugiados forman parte del círculo cercano de la dirigente opositora María Corina Machado.
Contexto político y llamado a la justicia
Durante su intervención, Oyarzábal también se refirió a la crisis política en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, acusando al gobierno de Maduro de violar derechos fundamentales y desconocer la voluntad popular.
> “Los derechos humanos y civiles de los venezolanos están siendo vulnerados de manera sistemática, y la impunidad perpetúa el sufrimiento de las víctimas. Es momento de que esta Corte actúe con determinación para que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, enfatizó.
Argentina, junto con otros países de la región, desconoce los resultados electorales que dieron la victoria a Nicolás Maduro. En respuesta a estas posturas, el gobierno venezolano expulsó a finales de julio al cuerpo diplomático argentino, dejando la embajada bajo resguardo del personal brasileño.
Respuestas y controversias
El gobierno de Venezuela negó las acusaciones de asedio. En una reciente rueda de prensa, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, atribuyó los cortes de servicios a la falta de pago por parte de la embajada argentina.
> “La Embajada de Argentina está ahí, nadie la está asediando. Si se han quedado sin servicios, que paguen la luz y el agua. No vamos a regalar nada”, declaró Cabello.
La denuncia de Argentina ante la CPI ocurre en un contexto de crecientes tensiones. Un día antes, el fiscal de la Corte, Karim Khan, pidió a Venezuela liberar a los menores detenidos durante las protestas poselectorales, lo que generó una reacción de rechazo por parte de la Cancillería venezolana, que acusó a Khan de basarse en campañas mediáticas contra el gobierno.
