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La crisis del Poder Judicial, que derivó en un tren de acusaciones constitucionales por “notable abandono de deberes”, finalmente se traducirá en la destitución de dos ministros de la Corte Suprema (Sergio Muñoz y la ya removida Ángela Vivanco), tras una crucial jornada de votaciones en el Senado.
Este miércoles, en la sesión de la tarde, el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), al fundamentar su voto a favor del libelo en contra del juez Muñoz, dijo que “he llegado, lamentablemente, a la convicción de que su actuación constituye un notable abandono de deberes. La responsabilidad de un juez no se limita a su función dentro del tribunal, sino que también abarca el deber de prevenir cualquier conflicto de interés que pueda surgir de su relación familiar”.
Con el discurso de Walker, quien fue el penúltimo en intervenir, antes de que usara la palabra el presidente del Senado, José García (RN), se despejó la última duda de la jornada, ya que el senador de Demócratas optó por mantener en suspenso hasta el final su voto. En todo caso, a esas alturas, la suerte de Muñoz ya estaba echada.
Al final, el Senado, en una votación dividida, declaró la culpabilidad de Muñoz. El primer capítulo acusatorio (relacionado con la eventual información privilegiada que tuvo su hija, y también jueza, para la compra de un departamento) fue aprobado con 27 votos a favor y 21 en contra.
Por su parte, el segundo apartado del libelo (que le reprochaba al magistrado no haber denunciado a su hija por trabajar desde Italia) también fue aprobado, pero con un margen más estrecho de 25 a favor y 23 en contra. Con este resultado y una vez que sea notificado, el juez integrante de la Tercera Sala de la Suprema será destituido y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años.
Si bien el caso del alto magistrado era parte de la misma presentación que hicieron los diputados de Chile Vamos contra Vivanco, los senadores estaban obligados a votar por separado cada capítulo acusatorio.
Por ello, después de que culminó la primera ronda de votaciones, el Senado entró de lleno a discutir los dos capítulos contra de la exjueza, que contaron con los votos para se le aplicara la misma sanción adoptada contra Muñoz.
Si bien ella ya había sido removida de su cargo por el Pleno del máximo tribunal -debido a su participación en las redes de influencia del abogado penalista Luis Hermosilla, hoy en preso por el delito de soborno, entre otros-, la destitución adoptada por los senadores se traducirá, adicionalmente, en que no podrá ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.
El primer capítulo relacionado con sus comunicaciones con Hermosilla, que afectaron su imparcialidad en ciertas causas, se aprobó por 47 votos. La única sorpresa de la votación fue el senador Francisco Chahuán (RN), quien se abstuvo dado que ella ya había perdido su rol jurisdiccional.
El segundo capítulo, que cuestionaba las “injerencias indebidas” de Vivanco en nombramientos judiciales, se aprobó también con 47 a favor, pero sin abstenciones ni votos en contra.
“Interés patrimonial”
La histórica jornada comenzó con varios minutos de retraso el miércoles en la mañana.
A pesar de la tensión que implicaba esta votación para decidir el futuro de Muñoz -considerado el juez más poderoso del máximo tribunal-, todos se tomaron su tiempo para dar inicio a la sesión.
Un factor que influía en ese ambiente de aparente relajo era que los pronósticos del oficialismo y la oposición ya daban por hecho que la acusación contra el magistrado contaría con los votos necesarios. El día anterior, la senadora Paulina Núñez (RN), quien era uno de los votos en suspenso en la derecha, envió una notificación a la secretaría del Senado pidiendo permiso constitucional, con lo cual el quorum requerido para aprobar, al menos uno de los dos capítulos acusatorios contra Muñoz, bajaba de 26 a 25 votos.
Ese piso de votos, la derecha -que ha sido la principal impulsora de la ofensiva para derribar a Muñoz- ya lo tenía asegurado, a pesar de las dudas que había entre algunos legisladores de la misma oposición.
De hecho, el poco suspenso que quedaba este miércoles en la mañana se despejó rápidamente. Uno de los primeros en fundamentar su voto fue el senador Karim Bianchi, uno de los votos dirimentes, quien -por orden alfabético- fue el cuarto legislador en usar la palabra.
“He llegado a la convicción de que el acusado sabía o debió haber sabido del interés patrimonial de su hija en relación con la causa referida, y que a pesar de ello no se inhabilitó de conocerla. Además, dado que el fallo del ministro Gómez Montoya es idéntico al proyecto de sentencia redactado por el acusado, se podría concluir que después de haber sido inhabilitado, el acusado continuó interviniendo en el caso”, dijo Bianchi, al anunciar su voto favor del primer y segundo capítulo contra Muñoz.
Las palabras de Bianchi aludían al primer punto acusatorio que señalaba que el magistrado habría favorecido a su hija -Graciel Muñoz, titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago- con información privilegiada en la compra de departamentos de un proyecto de la inmobiliaria Fundamenta, que dependía de un juicio en manos de la Tercera Sala de la Suprema, que era integrada por Muñoz.
Según los diputados acusadores, la causa en cuestión, relacionada por problemas de evaluación medioambiental del proyecto inmobiliario, tenía directa relación con “el interés patrimonial” de su hija. “La gravedad de la conducta radica en la forma manifiesta en que se infringe la imparcialidad del juzgador, en primer lugar, al conocer de una causa en la que existe un interés patrimonial de su hija de manera evidente, y además, en la fe pública y probidad quebrantada al comunicarse con su hija sobre el contenido de un asunto, cuyo contenido aún no era público”, decía la acusación.
El segundo capítulo acusatorio, en tanto, le reprochaba al juez por no haber denunciado a su hija por haber residido en Italia mientras seguía cumpliendo labores jurisdiccionales.
Otra de las definiciones cruciales fue la del senador Chahuán (RN), que en un principio deslizó que podría inhabilitarse por estar casado con Sandra Ibáñez, jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar. Ello finalmente no ocurrió y votó a favor del primer capítulo.
En su argumentación, el militante RN dijo que “no estamos emitiendo un juicio de valor con un estándar judicial, sino uno político. He estudiado todos los antecedentes y la línea de tiempo que entregó la defensa. El juez Muñoz falló una causa donde existía un deber evidente de inhabilitarse. Y en ese contexto, considero que este hecho constituye una abierta irregularidad”.
No obstante, Chahuán dijo que no aprobaría la segunda imputación. Esa decisión, de aprobar un capítulo, pero rechazar el otro, fue seguida por el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli). Esa fue la razón por la que el segundo episodio solo obtuvo 25 votos.
En la tarde, los senadores Kenneth Pugh (indep. RN), Ximena Rincón (Demócratas), además de Walker (Demócratas), sobre quienes pesaba un manto de duda respecto de sus votos, también ratificaron que aprobarían el libelo en sus dos capítulos.
Triunfo opositor y problema
La caída de Muñoz fue celebrada como un triunfo en la derecha, donde existía una visión crítica de la forma cómo el juez ejercía el derecho. Al magistrado le reprochan “legislar” en sus veredictos y promover el activismo judicial, por lo tanto, derribar al poderoso supremo se convirtió en una causa política para el bloque opositor.
En el oficialismo, especialmente en las bancadas del Frente Amplio y el PC, por el contrario, la destitución del magistrado fue calificada como un atentado a la independencia del Poder Judicial.
Aunque en ciertos sectores del oficialismo comparten el cuestionamiento al perfil que desarrolló Muñoz, predomina la valoración positiva por su rol en los casos de derechos humanos o que han tenido impacto en políticas sociales.
En tanto, si bien el Senado ya no tendrá que pronunciarse sobre el escrito contra el tercer supremo que era parte del tren de acusaciones, Jean Pierre Matus, cuyo caso fue rechazado por la Cámara el martes pasado, igualmente tendrá que resolver qué hacer con la segunda presentación contra Vivanco, que se aprobó el lunes casi por unanimidad por los diputados.
Ello genera un problema al Senado, que teóricamente no podría sancionar dos veces a Vivanco por un mismo hecho. Por lo tanto, se le pidió un informe jurídico al secretario de la Comisión de Constitución, Rodrigo Pineda, para el lunes antes de que sea vista por la sala la última acusación.
Fuente: latercera.com
