Tres casos de acoso laboral en el Estado que no alcanzaron a pasar por la Ley Karin

Aunque los organismos públicos debiesen ser especialmente cuidadosos con la relación con los trabajadores, abundan ejemplos de casos de tutela laboral y denuncias por maltrato. Aquí tres ejemplos que se encuentran abiertos en diferentes áreas: BancoEstado, Ministerio de Salud y la Municipalidad de Lo Espejo, dirigida por el PC.

Si hay un tema que se ha tomado los cafés de las oficinas y los after office es la Ley Karin. Qué es acoso y maltrato laboral, qué no, con qué frecuencia, entre quiénes y cómo denunciar. La norma que comenzó a regir el 1 de agosto incorpora nuevas definiciones legales (de acoso sexual, laboral, violencia, conductas incívicas y sexismo) y obliga a los empleadores a tener procedimientos -y tiempos- de investigación claros.

Aunque los organismos del Estado debiesen ser el ejemplo de la aplicación de estas políticas públicas, abundan las denuncias de acoso laboral que se dilatan en esos estamentos. Aquí tres casos abiertos previos a la Ley Karin donde los involucrados acusan inmovilidad de parte de BancoEstado, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Lo Espejo.

Según expertos y ex autoridades contactadas por El Líbero, todos los casos reúnen características que calzan con la Ley Karin, pero como no es retroactiva, no puede ser utilizada.

Una subgerenta de BancoEstado

“Yo no estoy acá sólo por mí, porque yo podría continuar este camino en el proceso legal en que estoy. Yo estoy acá por la señal que está dando el BancoEstado a los más de 10 mil trabajadores que tiene”, comenzó diciendo Scarlett Watson, exsubgerenta de Distribución Financiera Mayorista de ese banco en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados el 8 de mayo pasado.

Esa tarde ella expuso que en agosto de 2023 se atrevió a denunciar por acoso laboral a su jefe inmediato, un gerente, pero que el mismo día en que la citaron para darle a conocer el fin de la investigación interna (de la Comisión de Ética), la notificaron de su despido por desahucio, es decir, sin invocar una justificación.

“Me despidieron y el acosador sigue en su puesto de trabajo, entonces la señal como banco es muy potente, porque si todos dicen: si una subgerente se atrevió a denunciar al gerente con pruebas y testigos, qué va a quedar para nosotros. O sea, los trabajadores están asustados. Me gustaría sentar un precedente”, explicó. Según los montos de indemnizaciones por asuntos laborales que constan en las memorias del banco durante los últimos años, el caso de la exsubgerenta sería el primero en que un alto cargo se atreve a llevar una denuncia adelante.

Desde entonces, desde la Cámara se ha oficiado al menos tres veces al presidente del directorio de BancoEstado para hacer llegar los antecedentes de la investigación. Una vez respondieron que condenaban cualquier situación que afectara la dignidad de las personas y después no lo hicieron más.

En su desesperación, la mujer le envió una carta al Presidente Gabriel Boriccontando su situación. Le respondieron que «nos encontramos comprometidos con los cambios culturales y políticos que son urgentes hacia vidas y trabajos libres de violencia», pero que enviarían los antecedentes al Comité Directivo del banco.

¿Qué le pasó? Watson, que por 17 años se dedicó a trabajar en la banca, fue contratada por BancoEstado en enero de 2022: “Desde que yo ingresé al banco, mi jefe director, Aníbal Ramírez, empezó a invisibilizarme, a maltratarme, a cortarme la comunicación, finalmente para terminar amenazándome”. Gran parte de las denostaciones las sufrió en público, dijo.

En diciembre de 2022 la profesional sufrió una trombosis pulmonar y, pese a estar en riesgo vital, su jefe no le habría comunicado al equipo que la ausencia de la subgerenta era por motivos de salud, dejando un manto de dudas sobre su inasistencia.

De alta, la mujer pidió cambio de puesto a la jefa de su gerente, pero no obtuvo respuesta ni resultados. En junio de 2023 se le comenzó a caer el pelo y el dermatólogo la derivó con un psiquiatra “por primera vez en mi vida”. El médico determinó que su situación tenía fuente laboral, por lo que ella denunció a su jefe en el banco en agosto y comenzó un proceso en la Mutual de Seguridad. Ahí primero determinaron que lo suyo era “enfermedad común”, pero la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), ratificó en tres oportunidades que su caso sí era laboral.

La investigación en el banco comenzó el 14 de noviembre  y se presentaron cinco testigos que, según lo expuesto en la Cámara, ratificaron su versión. Sin embargo, el 8 de enero la citaron para darle a conocer los resultados… y su despido. La profesional está pidiendo su reincorporación e indemnización “porque es la única forma de limpiar mi nombre”.

El Líbero contactó al banco para conocer su versión de los hechos, pero debido a que la denuncia está en sede judicial, prefirieron no referirse al tema.

Minsal: intervención psicológica a equipo de la persona denunciada

En abril pasado apareció una orden de compra de la Subsecretaría de Salud Pública en Mercado Público. Por $5.355.000 se contrataba una “Asesoría de clima laboral” y en el documento se especificaba que “el conocimiento público de la licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación”.

¿A qué se debía tanto misterio? a que no se trataba de un asunto genérico, como podía ser una capacitación por la Ley Karin, sino que se contrataron los servicios de un psicólogo laboral para realizar un “Programa de acompañamiento del Departamento de Comunicaciones”, el cual desde la llegada de la jefa de prensa de la ministra Ximena Aguilera, en septiembre de 2022, ha tenido a nueve integrantes con licencia psiquiátrica. Sobre la asesora pesan cinco acusaciones en Recursos Humanos, tres en Contraloría y hay abierto un sumario administrativo desde el año pasado.

Las denuncias de acoso laboral contra la asesora comunicacional Maritza Labraña, fueron publicadas por La Tercera e incluso la ministra Aguilera tuvo que respondersobre ellas en televisión: “No está normalizado, pero no es una situación inusual”, dijo en diciembre pasado. Se trataba de situaciones inadecuadas como gritos y denostaciones públicas.

Según la resolución que justificó la intervención de clima laboral, esta se hizo luego de que el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) les notificara -tras las denuncias de maltrato laboral- que debían implementar una serie de medidas que “tienen por objeto mitigar y controlar el/los agentes de riesgos identificados en el proceso”.

Por eso, dentro del Minsal llamó la atención que la intervención psicológica se hiciera al equipo denunciante y no a la denunciada. “Sentimos que es un lavado de imagen” por la ola de críticas que ha tenido en este ámbito la administración de Aguilera y Labraña, comentan.

La intervención a cargo de Grupo TPChile, comenzó con una ronda telefónica del psicólogo a los integrantes del equipo. Luego tuvieron sesiones semanales y grupales con él por poco más de un mes, hasta junio.

¿Cambios? Ninguno, dicen desde dentro, afirmando que el gobierno tiene distintas varas para medir estos casos, pues la sola mención de posibles denuncias de maltrato laboral contra la exjefa de prensa del Presidente Gabriel Boric, Tatiana Klima, le habría costado el puesto a fines de 2023.

El Líbero se contactó con Labraña para consultarle sobre el estado de su sumario y los objetivos y resultados de la intervención a su equipo, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Un abogado laboral en la Municipalidad de Lo Espejo dirigida por el PC

Sufrió “acoso y maltrato laboral de parte de la jefatura directa y la propia administradora municipal, con conocimiento de la alcaldesa (Javiera Reyes)”, y “se le presionó para hacer contribuciones económicas al Partido Comunista”, son algunas de las acusaciones que son parte del procedimiento de tutela laboral que presentó el abogado Juan Isla contra la Municipalidad de Lo Espejo en mayo pasado.

Isla trabajaba en el Juzgado de Garantía de Colina cuando fue contactado por una ex compañera de universidad. Ella era la directora jurídica de la Municipalidad de Lo Espejo y lo invitó a sumarse a su equipo como abogado de temas laborales. Fue contratado el 6 de marzo de 2023.

Sin embargo, no hubo “luna de miel”, pues los primeros meses de Isla en el trabajo no fueron fáciles. Según consta en su denuncia, nunca se le entregó una silla ni un computador, por lo que los tuvo que comprar él. Además, según el escrito, su antes amiga y ahora jefa, Jennifer Tapia, lo intimidaba con insultos y amenazas tales como «la alcaldía te tiene en la mira», «no se te paga para pensar» y “autoridad que no abusa, autoridad que no se respeta”. “La relación con la directora jurídica siempre fue una montaña rusa emocional para nuestro representado”, resume la demanda.

El hecho de que él no fuera militante del Partido Comunista, como la directora jurídica y la misma alcaldesa Javiera Reyes, también fue un problema,pues recurrentemente le recordaba «no eres miembro del Partido Comunista». Además, según denunció, se le presionó para hacer contribuciones económicas al partido, por ejemplo, comprando entradas a actividades en favor de militantes de la colectividad (en la foto).

Un hecho que marcó el quiebre de la relación con la directora jurídica y la alcaldesa, fue cuando la primera, estando de vacaciones, le pidió explicaciones sobre una resolución reservada, a la cual no podía acceder, dice el escrito. Como consecuencia, ella le notificó que la edil Reyes estaba pidiendo “una señal”, que estaba pidiendo “una cabeza”. De regreso de su descanso, Tapia lo llamó para desvincularlo asegurando que Reyes había perdido confianza en él y que, en definitiva, era su cabeza la que “debía rodar”.

El denunciante buscó apoyo en la administradora municipal, pero ella le dijo que no recibía a funcionarios sin que antes hubieran hablado con su jefatura directa. “Desamparado y sumido en una profunda desesperación”, el hombre se desestabilizó y buscó atención psiquiátrica. Terminó con una licencia médica por 11 días. A las horas de haberse despachado ese documento, recibió un correo de Tapia en el que su jefa le exigía su presencia “debido a que desde las 11:00 hrs aprox (sic) no tengo información respecto de tu ubicación, no encontrándote en tu puesto de trabajo”. Además, le solicitaba un extenso informe para el fin de la jornada.

Recién el 8 de marzo, estando con licencia y por intermedio de una compañera de trabajo que también dijo ser acosada, la administradora lo citó y escuchó lo que lo aquejaba.

De todas formas, el 13 de marzo, el denunciante se presentó  ante la Mutual de Seguridad para iniciar el proceso de acoso laboral. Ese mismo día, el abogado recibió un correo electrónico notificando el decreto alcaldicio que ponía término anticipado a su contrato a partir del 17 de marzo, el día en que volvía de su licencia médica.

El 14 de marzo,  el abogado interpuso la denuncia por acoso laboral en la municipalidad. “La municipalidad no ha cumplido con los plazos indicados en sus estatutos (5 días), lo cual demuestra el ánimo de encubrir a los miembros del Partido Comunista involucrados y perpetuar estas malas prácticas”, asegura su abogado en la tutela donde adjunta el inicio de un sumario recién el 3 de abril, por lo que alega que la “falta de acción por parte de la administración municipal y la Alcaldesa es inaceptable, especialmente considerando su responsabilidad de garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso para todos los trabajadores”.

El 19 de julio se realizó la audiencia de preparación de juicio, donde el tribunal rechazó eliminar las pruebas que la municipalidad pidió dejar de lado, como el ingreso del proceso de acoso en la Mutual, audios del despido del abogado, el informe psicológico del profesional, sus calificaciones en el trabajo y copias de conversaciones escritas con la directora jurídica.

La razón esgrimida para poner término a la contrata del jurista, que terminaba el 31 de diciembre de 2024, era que “fue contratado de forma directa, sin sujetarse a los mecanismos de selección y reclutamiento que contempla nuestra política de Recursos Humanos y Manual de Procedimiento de Contrataciones”, cargo para el que se requeriría “confianza”.

La municipalidad fue contactada por este medio para conocer su versión de los hechos, pero declinaron a referirse al tema, dado que está en tribunales.

¿Qué dicen los expertos?

Una pregunta que surge en torno a estos casos es si habrían calificado para ser tratados bajo la nueva Ley Karin. Al respecto, la ex ministra del Trabajo del segundo gobierno de Sebastián Piñera, María José Zaldívar, señala que sí y que, por las características de los casos también «habrían sido acogidos por la ley antes de la Ley Karin. No habría habido ninguna diferencia».

En tanto, la autora de la ley, la diputada Erika Olivera, sostiene que “si bien no es retroactiva, si hubiera estado vigente, los afectados de estos casos habrían podido tener protección y apoyo psicológico desde la denuncia y eso habría evitado la revictimización. Por otro lado, la ley le entrega al empleador una labor fundamental en la prevención y en el buen trato dentro del trabajo. Acá hay un cambio cultural que debe operar frente a una cultura normalizada del abuso”.

Para el experto en derecho laboral del Grupo Defensa, Rodrigo Valdivia, “los tres casos eran situaciones de acoso que se podían ver con Ley Karin y sin Ley Karin. La diferencia es que probablemente ahora, si hubiesen ocurrido durante la vigencia de la Ley Karin, sería una rehabilitación más expedita”.