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A poco más de un año de que estallara el Caso Convenios, el Ministerio de Justicia está trabajando por la disolución de 15 de las más de 100 fundaciones que investiga el Ministerio Público por haber incumplido con los objetivos de su constitución, funcionar de manera irregular -como el tener un giro que no tiene que ver con su trabajo- y no responder a los requerimientos de la cartera, entre otras razones.
El ministerio, que tiene en proceso de fiscalización a una cincuentena de estas fundaciones o corporaciones, levantó 12 solicitudes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que luego demanda ante tribunales la anulación de sus personalidades jurídicas. Además, tiene tres más en confección.
Se trata de la Fundación Comprometidos, la Fundición Arquiduc, la Fundación Local, la Corporación Patrimonial Historia Nuestras, la Fundación En Ti, la Corporación Kimün, la ONG El Circo del Mundo, Fundación Coigüe, la Fundación Capacitación y Formación Laboral Folab, la Fundación deportiva Valcar o Iveisapp, Fundelin, la Fundación Educc, Fundación Cultural Tomarte, la Fundación Instituto Hernando de Magallanes y la Fundación Capital Social.
En mayo pasado la Fundación Democracia Viva fue disuelta por el 17° Juzgado Civil de Santiago.
De las 15, 14 abandonaron sus redes sociales en 2023 y sus páginas web no tienen movimiento. Solo Circo del Mundo mantiene funcionando su sitio con actualizaciones de eventos. También publica itinerarios de sus obras en Instagram.
Según informó en mayo el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, a la comisión investigadora del caso en el Congreso; se está indagando a 107 fundaciones.
40 por transferencias del Ministerio de Vivienda por $12.221.799.718; y otras 67 por transferencias desde los gobiernos regionales (por $77.740.133.873).
Las razones para disolver una fundación
Nunca, al menos en el tiempo reciente, se le ha negado al Ministerio de Justicia la disolución de una fundación, por lo que tienen esperanza en que las solicitudes que están haciendo ahora, prosperen sin inconvenientes.
Esto, porque las razones para terminar con estas personas jurídicas se basan principalmente en dos criterios: el incumplimiento de los objetivos para los cuales las fundaciones fueron constituidas y la falta de respuesta a los requerimientos de información por parte del Ministerio de Justicia.
Lo primero tiene estrecha relación con el giro con que fue creada cada organización, lo que en el Caso Convenios quedó en entredicho en varias ocasiones, dado que algunas fundaciones tenían giros de índole cultural y terminaban haciéndose cargo de temas de infraestructura.
Respecto a lo segundo, un conocedor del tema especifica a El Líbero que primero Justicia les solicita información a las fundaciones por medio de un departamento técnico, y al no recibir respuesta, es el subsecretario de Justicia quien insiste en la instrucción, “y esa falta de respuesta se considera una falta grave a los estatutos” que habilita a la cartera a pedir la disolución inmediata.
Asimismo, la falta de viabilidad futura y la inexistencia de operaciones reales son factores determinantes.
Una a una: las fundaciones y los casos por las que son cuestionadas
Dentro de las fundaciones que se está pidiendo cerrar, las más conocidas son En Ti, Tomarte y Kimün.
El caso de la fundación En Ti es conocido como “Caso Lencería”. El Ministerio Público ha formalizado a ocho personas por los delitos de estafa y fraude al fisco luego de recibir $250 millones desde el Gobierno Regional de Biobío, los que habrían sido destinados para fines particulares -como la compra de ropa interior de Camila Polizzi- en vez de, por ejemplo, el hermoseamiento de una plaza. El director de la fundación resultó ser una persona analfabeta a la que Polizzi y sus cercanos le arrendaron la organización para ejecutar estos fondos y quien acusó amenazas de la excandidata a alcaldesa de Concepción. Polizzi tuvo que “arrendarla” porque su inexistente fundación “Capital Social”, se adjudicó cerca de $250 millones del Gore para enseñar a vecinos a limpiar bancas y mantener máquinas para hacer ejercicio de la plaza.
La Fundación Tomarte se adjudicó $456 millones de Vivienda sin contar con giro comercial para construcción de obras públicas. Creada a fines de 2021, sus objetivos eran “crear, estimular, promover y difundir iniciativas destinadas al fomento del Arte y la Cultura en territorios populares en sus diferentes manifestaciones, tales como música, danza, teatro, artes plásticas u otras manifestaciones del espíritu, a través de la educación, extensión, enseñanza e investigación tanto en su parte organizativa como promocional”. Sin embargo, el formalizado exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, les encargó obras de habitabilidad en tres campamentos de Antofagasta y trabajos de organización en un cuarto asentamiento precario. “No se hizo ninguna obra, no se gastó ningún peso, todo se gastó en honorarios”, reveló en abril el fiscal Cristián Aguilar.
En el caso de Kimün, ocurrido en la Región de Los Lagos, se investiga fraude al fisco por parte de Jaime Huincahue y Diego Ancalao, quienes se habrían concertado para obtener fondos destinados a solucionar problemas de tenencia irregular de pequeños propietarios agrícolas. Una vez que los fondos fueron transferidos, «estos habrían sido desviados a otros fines», provocando un perjuicio fiscal de $1.000 millones, decía el CDE cuando se querelló en su contra.
El nombre de Diego Ancalao se repite en la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), que era dueña del Instituto Profesional Los Lagos, establecimiento al que el Ministerio de Educación le revocó su reconocimiento oficial en octubre pasado. Fundelin tenía entre sus directores y representantes legales a Ancalao, el ex precandidato presidencial de la Lista del Pueblo que se transformó en el primer detenido por el Caso Convenios.
La ONG El Circo Del Mundo tuvo su episodio polémico por la vinculación de la exseremi de las Culturas de la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez, quien autorizó el traspaso de $10.247.128 a la ONG en dos convenios habiendo sido directora de la ONG. El primer convenio se firmó en julio de 2022 ($5.882 632) y el segundo se hizo en noviembre de ese año por $4.364.496. A Jiménez se le acusó de participar en la selección y adjudicación de estos proyectos y aunque negó haberlo hecho, terminó renunciando a su cargo.
La Fundación Comprometidos, de Copiapó, tenía giro para hacer películas y brindar servicios veterinarios, sin embargo, recibió $190 millones por parte de Vivienda para entregar agua potable en camiones aljibes a cuatro campamentos de Copiapó. Además de esa inconsistencia, que corrigieron cuatro meses después de obtener los fondos, los habitantes de esas tomas debieron comenzar a pagarles $12 mil mensuales en efectivo a esa fundación por ese servicio que antes recibían gratuitamente de parte de la municipalidad y distribuida por Techo para Chile.
El presidente de la Fundación Comprometidos es Sebastián Gonzalo Duarte Vergara, exmilitante del Partido Progresista (PRO), por el cual fue candidato a diputado en 2021 y a concejal de Quinta Normal en 2016 y 2021. También fue parte del fallido partido Mejor Región, de Arica, siendo correligionario del administrador regional del Gobierno Regional de Arica, que según Meganoticias, en 2022 firmó el financiamiento de dos convenios con la Fundación Comprometidos.
Folab y Educc, en tanto, son las fundaciones involucradas en el llamado “Caso Manicure”, de los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, ambos en prisión preventiva tras ser imputados por defraudación de más de $700 millones de pesos que les fueron transferidos desde el Gobierno Regional de La Araucanía para capacitar a mujeres en talleres de corte de cabello, masoterapia, manicure y pedicure. En este caso ha sido mencionado el diputado independiente Mauricio Ojeda, quien le habría prestado dinero a los Ortiz y los habría motivado a postular a estos recursos.
Otra entidad que están pidiendo que se disuelva es la Fundación Valcar, que según su giro se dedica a actividades deportivas y recreativas, pero en octubre de 2022 se adjudicó un convenio por $141 millones con el Gobierno Regional de Arica para implementar proyectos de seguridad, específicamente hacer un levantamiento sobre la situación delictual de la región.
Si bien todos los consejeros regionales rechazaron o se abstuvieron de traspasar los recursos a Valcar, el gobernador Jorge Díaz (DC) dio luz verde al acuerdo. Luego se sabría que para ejecutar el trabajo, Valcar subcontrató a una empresa que tenía el mismo representante legal y que había prestado servicios en la campaña de Díaz.
En 2021, la Fundación Arquiduc, presidida por el ex RN Carlos Acuña, debía instalar luminarias en campamentos de la Región de O’Higgins por $65.412.032 y entregar kits de emergencia por $56.390.000. No obstante, según Serviu, la fundación compró los materiales a una empresa de propiedad del mismo Acuña, por lo que pidió restituir los fondos.
La Fundación Local, en tanto, fue la que recibió más fondos del Gobierno Regional de La Araucanía ($9 mil millones), en 10 convenios, aunque se le indaga por uno de $2 mil millones de pesos. Se trata de una iniciativa de reciclaje en la comuna de Padre las Casas, donde se les acusó de no contar con experiencia en el rubro. Pese a estar constituida en Viña del Mar, su presidente, Héctor Troncoso, tenía una relación de amistad con el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, lo que le valió varias críticas.
La Fundación Espacio Coigüe se adjudicó $400 millones del Gore de La Araucanía para desarrollar un plan sobre capacitación y formación para dirigentes. A cargo de la expresidenta de la Cámara Chilena de la Construcción de Temuco y excandidata a diputada por la UDI, Claudia Lillo, a la organización se le investiga por ambigüedades en su objeto social y el uso del patrimonio social en bienes y servicios que no se relacionarían con su objeto y actividad.
En el caso de la Corporación Patrimonial Historias Nuestras, esta no respondió a los requerimientos de información y presentaría incumplimiento de su objeto social. El Gobierno Regional Metropolitano le adjudicó fondos para hacer actividades masivas de deporte en 2021 a esa fundación y otras dos organizaciones donde hay relación de parentesco entre directivos. Además, se indaga sobreprecio en las actividades.
Respecto a la Fundación Instituto Hernando de Magallanes, esta recibió más de $800 millones del Gore de La Araucanía para capacitar a los conductores de locomoción colectiva de Temuco y Padre Las Casas en temas de electromovilidad y calidad y servicio al cliente. La transferencia no estaba en el registro del Ministerio de Hacienda (Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades). El problema, es que habría compartido dirección, web y directorio con la Fundación Vladimir Nazor, que se adjudicó más de $3.400 millones.
Fuente: ellibero.cl
