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La Cámara de Diputados de Brasil acordó este miércoles debatir con carácter de urgencia un proyecto de ley que propone endurecer las normas para la realización de un aborto, que después de las 22 semanas sería equiparado a un homicidio.
La propuesta fue presentada por el diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, y plantea una modificación del Código Civil, a fin de establecer penas similares a las de un homicidio para aquellas mujeres que interrumpan un embarazo después de las 22 semanas.
El carácter de urgencia para el debate, aprobado por la mayoría conservadora de la Cámara Baja, permitirá que el proyecto tramite con más celeridad y llegue directamente al pleno de los diputados.
En Brasil, según las normas actuales, el aborto es legal solo en casos de violación, riesgo de muerte para la madre o anencefalia del feto, aunque la derecha y las influyentes iglesias evangelistas bregan en el Parlamento para endurecer esas condiciones.
Según el proyecto del diputado Cavalcante, en caso de que un aborto sea realizado pasadas las 22 semanas de embarazo sería considerado como un «homicidio simple», para el cual las leyes prevén penas que varían entre seis y veinte años de prisión.
La propuesta sostiene que esa tipificación debería aplicarse aún en los casos en que el embarazo haya sido producto de una violación, lo cual generó una ola de protestas de los grupos progresistas que respaldan al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Las críticas al proyecto que equipara el aborto con el homicidio
Uno de los alegatos del oficialismo es que la pena para la mujer que aborte en esas condiciones, autorizadas hoy por las leyes, sería incluso peor que la aplicada a los violadores, que oscila entre seis y doce años de cárcel.
El proyecto también va en contra de una reciente decisión de un magistrado de la Corte Suprema, que suspendió de forma cautelar una resolución del Consejo Federal de Medicina que prohibía la asistolia fetal, una técnica usada para interrumpir un embarazo en gestantes de más de 22 semanas, en casos de violación.
En su decisión, el magistrado Alexandre de Moraes aclaró que, en los casos de violación, «la legislación brasileña no establece expresamente ningún tipo de limitación circunstancial, procedimental o temporal para la realización del llamado aborto legal».
El Gobierno reaccionó a través del ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, quien calificó la propuesta de «inmoralidad e inversión de los valores más básicos de la civilización».
Almeida consideró un «descalabro» y una «provocación» que las cámaras legislativas discutan si «una mujer violada y el violador tienen el mismo valor para el derecho, o peor aún, que el violador puede ser considerado menos delincuente que la mujer violada».
Agregó que el proyecto es «claramente inconstitucional» porque «hiere el principio de la dignidad de la persona humana y somete a la mujer violada a una indignidad inaceptable y discriminatoria».
Según una encuesta sobre el proyecto de ley disponible en la página web de la Cámara, más de 289.000 personas están «totalmente en desacuerdo» con el proyecto de ley que tipifica como delito de homicidio el aborto después de las 22 semanas.
El número de los que están en desacuerdo equivale al 79 por ciento de los que habían votado a primera hora de la tarde.
Según la consulta disponible, unos 73.000 dicen estar «totalmente de acuerdo» con el proyecto, lo que representa el 21% de los votantes.
Entre los puntos más destacados por los participantes está que el proyecto de ley es misógino y que el aborto es una cuestión de salud pública, no religiosa. El comentario explica que «las más penalizadas son las mujeres pobres, que no tienen recursos para pagar clínicas seguras».
Por otro lado, los partidarios de la ley argumentan que «impide el asesinato de bebés/fetos por un crimen que no han cometido».
Fuente: eltiempo.com
Fuente: eltiempo.com
