«Sería mejor si me matara»: el violento bullying que terminó con niño internado y colegio condenado

El acoso escolar contra Felipe se extendió durante siete largos años en el Colegio Pumahue de Huechuraba. A medida que pasaba el tiempo las agresiones físicas y verbales escalaban a niveles más violentos, llegando incluso a obligarlo a que comiera en el suelo o a ahorcarlo. El daño emocional que causaron en él fue desbordante. Intentó suicidarse mientras gritaba: «¡Mis compañeros tenían razón!». En primera instancia la denuncia fue rechazada por el tribunal. Luego ordenaron al colegio pagarle a la familia una indemnización de $20 millones, monto que ahora buscan apelar.

Decir que a Felipe sólo le pegaron es poco. A Felipe lo humillaron, lo maltrataron y lo acosaron a tal punto que, en un momento de su vida, su único pensamiento fue suicidarse.

Felipe no es Felipe realmente. Su nombre fue cambiado para protegerlo a él y a su familia. Porque durante siete años le hicieron bullying al interior del —reconocido y prestigioso— Colegio Pumahue de Huechuraba. Una institución que, además de aparecer en la serie juvenil Bkn, se vanagloria por sus valores de respeto e integración, pero que en todo ese tiempo no hizo más que cambiar de puesto a sus agresores y abrir un protocolo irregular.

Sus padres insistieron durante años al colegio medidas efectivas. El agotamiento de recibir sólo negativas los llevó a denunciar a la justicia, donde, entre comillas, ganaron. La indemnización que recibieron no les alcanzó ni para cubrir el total de gastos médicos desembolsados. Más que eso. Los compañeros que atacaron por años a Felipe siguen en el Pumahue.

Él, por su parte, seguirá en tratamiento por mínimo dos años más. Se cambió de colegio y tiene “síntomas que son comunes a situaciones de maltrato reiterado”. Sus padres buscan apelar a la decisión en la Corte de Apelaciones de Santiago para que el colegio se haga cargo, a raíz de la negligencia cometida contra su hijo, de todos los daños materiales.

Los primeros rastros de violencia

Inscribir a Felipe en la comunidad educativa del Pumahue fue una decisión relativamente fácil para sus padres, Camila y Alberto (sus nombres fueron modificados). Entró a kínder en 2013 con la intención de iniciar un proyecto educativo de excelencia que venía de la mano con una formación valórica respetable. Lo más importante para la familia era que podían acceder a programas diferenciadores que irían en directo beneficio para su hijo.

Felipe tenía —y tiene— epilepsia de ausencia infantil. Es decir, no sufría convulsiones, sólo episodios de desconexión por periodos indeterminados. Necesitaba atención especial y evaluaciones diferenciadas. Sus padres lo dejaron estipulado desde segundo básico en la “Hoja de información y emergencia” del Pumahue.

Sin objeciones se comprometieron a implementar un equipo adicional para monitorear sus avances. También aseguraron que lo vigilarían de cerca en caso de tener que intervenir. El único requisito que interpusieron a los padres era entregar informes médicos anuales de Felipe.

Hasta ahí la situación iba bien. Al menos de palabra, el compromiso estaba. El problema empezó cuando vieron que Felipe llegó con heridas físicas. Si bien antes sospechaban de agresiones verbales, lo justificaban pensando que eran peleas de niños. De todas formas, alertaron al colegio para que activaran algún protocolo. Pero entonces llegó el 12 de abril de 2016, cuando vieron que el brazo de Felipe estaba lleno de moretones con diferente temporalidad.

Lo primero que hicieron fue dar aviso al colegio, otra vez. Dos meses después, el 10 de agosto de 2016, tuvieron una reunión donde ellos mismos alertaron que había “conductas inadecuadas” contra Felipe. El acta de entonces narra que “en los últimos eventos, José lo ha golpeado (a Felipe), ahorcado y (pegado) patadas”.

Por si fuera poco, también estipula que la profesora jefe de entonces les respondió que eran temas que ella no trataba. En un correo enviado por ella misma, luego de una reunión de apoderados, escribió que algunos puntos escapaban de sus manos.

“El colegio lleva funcionando 15 años de la misma forma, y era sabido por todos y cada uno de ustedes la forma en la que funcionaba, por lo tanto, seguirá funcionando de la misma manera“, dice parte de su mensaje.

7 años de bullying

El acoso escolar cada vez era más intenso. Camila y Alberto ya tenían identificados a los agresores; José y Camilo eran los dos principales, ambos compañeros de curso. Según testimonios de otros alumnos, el curso entero era parte de las bromas y la mayoría coincidía en algo: era todos los días.

Tal como quedó acreditado en la sentencia contra el colegio, en una oportunidad, la situación escaló a tal punto que lo obligaron a besar a una niña, lo que terminó en un trauma y atenciones psicológicas. También lo excluían de todos los trabajos grupales y lo instaban constantemente a que se matara. En cuanto a lo físico, le tiraban lápices en la cara, lo forzaban a comer en el suelo, lo ahorcaban y lo pellizcaban. Aun peor. Le pegaban en la cabeza.

Estas agresiones se repitieron hasta 2020. Ese año hubo un campeonato de fútbol por el Día del Alumno donde Felipe participó y erró un gol. Todos los que estaban ahí lo humillaron y ridiculizaron. Eso provocó que estallara en llanto y comenzara una cataclismo interno. De lo que pasó ese día, el colegio nunca informó a los padres. Se enteraron meses después.

En paralelo pasó lo obvio. Felipe no quería asistir más al colegio y dejó de comer. Empezó a romper las cosas a su alrededor y se agredía a sí mismo o a quien intentara contenerlo. Estuvo así más de un año. Sus padres seguían insistiendo al Colegio Pumahue que hicieran algo.

El 29 de julio de 2022 fue el punto más crítico. Felipe estaba en la casa de sus abuelos cuando sufrió una crisis. Al llegar sus padres lo vieron intentarse clavar unas tijeras al cuello, mientras gritaba:

—¡Mis compañeros tenían razón! ¡Sería mejor para todos si me matara! No sirvo para nada. No debo existir.

Felipe terminó internado en una clínica psiquiátrica desde agosto a septiembre de 2022. Su epilepsia también empeoró.

Actitud indolente

Son incontables las veces que Camila y Alberto solicitaron ayuda al colegio según ellos mismos describen. La institución, después de cada reunión, aseguraba haber activado el protocolo de violencia escolar e informado a los profesores para que estuvieran pendientes.

En la sentencia, la defensa alegó que la institución “habría dado estricto cumplimiento al reglamento escolar y los protocolos de convivencia”.

En el juicio se acreditó que nunca se implementó un plan de acción. Tampoco se respetó lo estipulado por el Manual de Convivencia Interno. Hasta el Comité de Buena Convivencia Escolar no cumplió con sus obligaciones. Más grave aún, pese a que los profesores, la psicóloga y los tres directores que estuvieron durante los siete años en el Colegio Pumahue sabían del bullying, nunca reportaron ni abrieron una investigación.

Lo único que hicieron fue activar un protocolo el 19 de octubre de 2022, casi tres meses después del intento de suicidio. Pero aún así fue totalmente negligente porque las entrevistas con sus agresores (José y Camilo), se hicieron después del plazo reglamentario. Tampoco se adoptaron medidas de protección, ni hubo monitoreo. Mucho menos registraron los antecedentes en la carpeta con casos de acoso escolar que dirige el Comité de Buena Convivencia.

Las medidas que se tomaron fue anotar en el libro de clases a José y hablar con su mamá. A veces lo cambiaban de puesto. Igualmente le pusieron condicionalidad en su matrícula durante un semestre completo, pero ni con eso evitaron que siguieran golpeando a Felipe porque podía seguir asistiendo con normalidad. Y no sólo a él. Otros testimonios de compañeras relatan que José también las grababa sin su consentimiento o hacía comentarios sexistas. Que incluso rompía a patadas los muebles.

La postura del colegio siempre fue de hermetismo. Jamás compartieron los antecedentes con los padres, siendo que el tribunal lo ordenó. Todos los formularios de apertura de protocolos, las anotaciones, las minutas y los registros del Comité de Buena Convivencia Escolar quedaron al interior de sus firmes paredes.

—La familia manifiesta que la actitud del colegio es indolente —expresa Josefina Letelier, abogada de la familia —. Creemos que la actitud del colegio está al debe de los reglamentos, al debe de la normativa educacional y de la ley sobre violencia escolar, pero sobre todo, al debe de la educación valórica que dice tener.

La directora de Heloicas, especialista en violencia dentro de espacios educacionales, es aún más tajante:

—El colegio aún no demuestra real reconocimiento y colaboración con el dolor de esta familia.

Desde 2014 hasta 2023 el Colegio Pumahue registra 86 denuncias según la Superintendencia de Educación. Estas van desde situaciones de connotación sexual, maltrato a alumnos o profesores y discriminación.

Otros factores para compensar

Al cierre del protocolo, el director de Estudios del Pumahue, Ariel Bustamante, admitió que las medidas de seguridad fueron insuficientes. El acta de entonces dice que hizo un “mea culpa en cuanto a espacios en blanco donde no hay adultos observando las conductas de los estudiantes. También por no haber llegado a tiempo con nuestra ayuda o apoyo”.

Sería lo único de su parte porque no se vio ni su sombra en las audiencias.

—El juez llamó tres veces al colegio a conciliación. El colegio ni siquiera quiso presentarse. No quiso escucharnos. No quiso abrir la puerta a tomar medidas que realmente reflejaran la gravedad de la situación —detalla Josefina.

Desde el Colegio manifestaron que cuentan con “estándares internacionales en materia de salvaguarda, los cuales tienen como bien superior la seguridad física y psicológica de alumnos y docentes”. Negaron entrar en detalle por ser una investigación todavía vigente.

Uno de los últimos certificados médicos de Felipe, emitido por su psiquiatra el 18 de agosto de 2023, demuestra que tiene trastorno de estrés postraumático. En su conjunto, cada uno de los profesionales concluyó que los daños fueron por maltrato reiterado permanentes en el tiempo.

—Es importante mencionar que dentro de la evaluación, se observan de manera relevante antecedentes de acoso escolar con maltrato físico y psicológico por pares, desde 2 básico a 1 medio —describe el certificado.

Los mismos profesionales afirman que el daño es tanto, que Felipe deberá continuar con tratamientos y medicación hasta 2026, mínimo.

Por eso el tribunal, con todos esos antecedentes en mano, ordenó al colegio pagarle a la familia, principalmente a Felipe, poco más de $20 millones de pesos. Ahora buscan apelar en la Corte de Apelaciones de Santiago exigiendo una suma mayor, para que también cubran los daños materiales, como los medicamentos y tratamientos psiquiátricos.

—Es un avance hacia la reparación de la familia. Sin embargo, hay otros factores que debe tener en consideración el tribunal que se deben compensar, que tiene que ver con los daños materiales y que son de exclusiva responsabilidad del colegio —concluye la abogada.

Fuente: biobiochile.cl