Democracia Viva: Continúa extensa formalización de concejala

En el Juzgado de Garantía de Antofagasta se desarrolla este viernes la segunda jornada de formalización de la concejala Paz Fuica por su presunta implicancia en el caso Democracia Viva.

Fuica, cuya militancia en Revolución Democrática fue suspendida hace unos días, es la tercera detenida en la zona por este caso, luego del exseremi de Vivienda Carlos Contreras y del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, quienes fueron formalizados por tres delitos de fraude al fisco y que actualmente se encuentran en prisión preventiva

Durante la audiencia de ayer se escuchó al Ministerio Público y a los querellantes, mientras que para este viernes quedó agendada la respectiva en que el Juzgado determinará las medidas cautelares.

La edil fue detenida por personal de la PDI el miércoles por la tarde, actuación que la defensa consideró una medida excesiva por parte de la defensa -alegando que Fuica había señalado que declararía voluntariamente-, sin embargo, el tribunal decretó que el arresto se apegó a la legalidad.

El Ministerio Público formalizó a Fuica por tres delitos de fraude al fisco, al igual que Contreras y Andrade.

El fiscal Cristian Aguilar solicitó la medida cautelar más gravosa: prisión preventiva.

Fuica ha sido sindicada como la presunta «mano derecha» de Contreras, cuando éste ejercía como seremi de Vivienda. Anteriormente fue encargada territorial de la diputada Catalina Pérez (también con militancia en RD suspendida), hasta que en 2021 fue electa concelaja.

DEFENSA NIEGA AUTORÍA DEL DELITO

La defensa apostará a tratar de demostrar que la edil no fue autora de los delitos señalados, sino que era una trabajadora que cumplió las funciones que se le pedían desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

«Se darían los presupuestos para la prisión preventiva, ¿por qué? Porque la necesidad de cautela se basaría en el número de delitos, en la pena, es decir, antecedentes objetivos. Sin embargo, principalmente nosotros como defensa estamos discutiendo también la existencia del delito y la participación», sostuvo su abogada Karina Trujillo.

«Porque si bien se reiteró que la Corte (de Apelaciones) y el Juzgado de Garantía respecto de Contreras y Andrade habían establecido fehacientemente la existencia del delito y la participación, no podemos comparar la situación de ellos con la situación de nuestra representada, partiendo por la base de que nuestra representada sí prestó servicios, no es funcionaria pública», complementó.