INICIO
MUNDO
NACIONAL
ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
TIEMPO LIBRE
Las defensas de ambos imputados fracasaron en su intento por calificar como «desproporcionada» la medida cautelar que se les impuso en su formalización, la semana pasada.
Descartaban que los exmilitantes RD representen «un peligro para la seguridad de la sociedad», como sostiene la Fiscalía.
Este viernes se confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras y el exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva Daniel Andrade, en el marco del caso convenios.
Ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta expusieron las defensas de ambos imputados, formalizados la semana pasada por tres delitos de fraude al fisco.
Ambos recursos de apelación coincidían en calificar como «desproporcionada» la medida cautelar, que fue decretada porque los imputados son considerados como un peligro para la seguridad de la sociedad.
En detalle, la apelación de Andrade -presentada por los abogados José Ignacio Figueroa, Germán Cueto y Juan Pablo Roncone– señalaba que «debe entenderse, necesariamente, que la formalización de cargos contiene errores insalvables en la formulación de los hechos imputados, y estos errores no fueron comprendidos por la Sra. jueza de Garantía».
Además, la defensa afirmaba que «no existe ningún antecedente que permita justificar la existencia de tres delitos de fraude al fisco que hayan ocasionado, en total, un perjuicio semejante para el patrimonio público ($426.000.000)», y agrega que «no existen antecedentes que hubiesen permitido a la resolución recurrida presumir fundamentalmente que el imputado tuvo participación en los hechos materia de la formalización como autor, cómplice o encubridor».
Reiteraron, asimismo, que hay 300 millones de pesos que la ONG no ejecutó, los cuales Andrade «ha intentado restituir al fisco de Chile en varias oportunidades».
El alegato se apoyó en un informe pericial psicológico que concluye que la libertad de Andrade «no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, que se trata de una persona con rasgos de personalidad plenamente adaptativos y ajustados a normas sociales, que ha demostrado colaborar con la investigación».
Por otro lado, el recurso de Contreras -ingresado por su abogado Andrés Bustos- sostenía que la «necesidad de cautela no fue justificada de forma idónea por el tribunal», y recuerda que ha colaborado con entrega de antecedentes a la Fiscalía y declaraciones voluntarias.
«Hay una serie de circunstancias que dan cuenta que el imputado no tenía ánimo de defraudar al fisco«, como la creación de un protocolo para los convenios y constatar que el mecanismo para otorgarlos existía desde antes que estuviera en el cargo, recalcó la defensa.
Finalmente, la defensa aseveró que el exseremi «tiene irreprochable conducta anterior, domicilio conocido y el mismo toda su vida, que tiene a su cargo el cuidado de sus padres que son de 81 y 84 años, de los cuales es hijo único».
Tras los alegatos, el magistrado ratificó la decisión del Tribunal de Garantía.
