Los tres gobiernos regionales que se han saltado la ley y no han publicado sus transferencias en registro de Hacienda

El Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades del Ministerio de Hacienda, se convirtió en una herramienta fundamental para la fiscalización del llamado Caso Convenios. Este tiene como finalidad recopilar y publicar las transferencias de fondos públicos que se efectúan desde órganos del Estado a instituciones, fundaciones, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y otras personas jurídicas. Es decir, las cuestionadas secretarías regionales ministeriales (seremis) y gobiernos regionales, entre otros, deben registrar ahí el monto, destinatarios y proyectos que financian con recursos públicos.

Si bien la ley obliga a los órganos del Estado a mantener actualizado este registro, algunos gobiernos regionales simplemente han omitido esta obligatoriedad.  

Hasta este viernes en la mañana, el sitio dedicado a la Región de O’Higgins sólo registraba una transferencia correspondiente al año 2009. El Gore de Biobío, en tanto, no publica la información desde 2018 y en Magallanes sólo mantienen dos traspasos de dinero del año 2022. Otros gobiernos regionales han realizado cargas masivas de información en los últimos días y a algunos les falta actualizar años anteriores.

El control sobre las platas que manejan los gobiernos regionales estuvo en la palestra la semana pasada durante la discusión del proyecto de ley de rentas regionales, el que originalmente buscaba darles mayor autonomía presupuestaria a los Gores en pos de la descentralización. Sin embargo, debido a los problemas que han tenido con asignaciones a fundaciones -varias de ellas indagadas por el Ministerio Público-, el Ministerio de Hacienda presentó 23 indicaciones a la iniciativa, en orden aaumentarles las barreras en la entrega de dinero.

Si bien los gobiernos regionales mencionados en este artículo explican a El Líbero que estos vacíos de información se deben a que están publicando los datos en otros enlaces, para Chile Transparente existe una falta administrativa que se podría sancionar (ver información más abajo).

¿Cómo funciona el registro?

En el caso de los Gores, es la Subsecretaría de Hacienda de quien depende el registro, «el que es público y en el que se registra y acopia toda la información asentada y proporcionada por cada uno de los registros propios que deben llevar los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y que asignen fondos públicos».

«La norma señala que cada uno de los registros que llevarán los órganos y servicios públicos (…), deberá remitir al Registro Central de Colaboradores del Estado su información dentro del plazo y en las formas fijados por la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda«.

Según lo informado por esa subsecretaría a El Líbero, «cada organismo debe remitir la información de sus registros a la Subsecretaría de Hacienda, a más tardar el primer día hábil de la segunda semana del mes siguiente del que correspondan las transferencias, a través de los mecanismos automáticos del portal http://www.registros19862.cl, mediante digitación de cada transferencia o bien, mediante mecanismos de carga masiva«.

Asimismo, recordaron que «a través del Oficio Gab. Pres. Nº 008, de 4 de diciembre de 2006», se indicó que las transferencias deben subirse a sus propios sitios web, sin perjuicio de que también deben cumplir con disponer la información en el registro, como fija la ley. Mientras, el Oficio Circular Nº 3, del 5 de enero de 2006, advirtió que en el sitio Transparencia Activa «se deben publicar los ‘Registros a que obliga la ley N° 19.862’ conteniendo las menciones que se indican y el vínculo con el Portal registros19862.cl”.

O’Higgins y Biobío explican que tienen la información en otros enlaces

El caso de mayor desactualización se advierte en la Región de O’Higgins. Ese Gobierno Regional sólo registra un traspaso de casi $5 millones a un club deportivo de karate en 2009. Nada más. Ni antes, ni después.

Según explicó ese Gore a El Líbero, si bien las transferencias no están publicadas en el registro, sí están en el link «otras transferencias» en Transparencia Activa. «El registro sin perjuicio de ser una obligación legal desde el año 2003, fue creado y elaborado por esta administración y cuenta con información actualizada desde el 2019 a la fecha, dando cumplimiento con esto a nuestra obligación legal», aseguraron.

El 6 de julio la Fiscalía Regional de O’Higgins dio a conocer que inició una investigación de oficio por los convenios suscritos entre fundaciones y organismos del Estado que puedan revestir carácter de corrupción, pero dejó en reserva los nombres de las instituciones indagadas. Más tarde, el 31 de julio, Contraloría suspendió el convenio de ese Gore con la fundación «Amigos saludables», por casi $400 millones.

La Región de Biobío es una de las que se ha visto envuelta en una de las polémicas más llamativas en el Caso Convenios, el “Caso Lencería”. Además, la Fiscalía indaga las transferencias que le hicieron a la fundación Horizonte Ciudadano y ONG Red Cultivarte.

Al acceder el viernes al sitio web del Gore de Biobío aparece un aviso que dice “Transparencia total, iniciativa de inversión”, que al pincharlo, ofrece descargar un archivo excel donde aparecen 198 transferencias hechas desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a diferentes instituciones entre 2021, 2022 y 2023; además de un documento con las 15 medidas pro transparencia, control y probidad que comenzarán a aplicar.

No obstante, en www.registros19.862.cl esas transferencias no están. No hay nada declarado desde el primer trimestre de 2018.

El Líbero consultó al Gore del Biobío, donde aseguraron que la información sí está publicada, pero en otro lugar: «El detalle ha estado disponible y actualizado, siempre en el apartado número 6 (Transferencias de fondos y aportes económicos entregados), en el vínculo ‘otras transferencias’ y no en el link ‘Registro de la ley 19862′» de Transparencia Activa.

El inconveniente es que en ese link mencionado por O’Higgins y Biobío aparecen los montos, mes y razón social del beneficiario, pero no el tipo de transferencia ni el proyecto ni su responsable. Al subir la información al Registro19.862 incluso se debe mencionar el decreto o resolución de la transferencia.

En observación de aquello, desde Biobío aseguraron que «ya se adoptaron las medidas necesarias, por lo que ya se está corrigiendo dicha situación en lo inmediato, para comenzar a subir y cargar toda la información al link ‘Registro de la ley 19862′».

Magallanes, sólo dos registros

El Gobierno Regional de Magallanes registra sólo transferencias del año 2021, pero subidas al registro en 2022 (a la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía). Consultado el Gore por El Líbero, sólo afirmaron que “la información se encuentra en proceso de actualización” y afirmaron que han publicado transferencias en un link dentro de la División de Presupuesto e Inversión Regional en su web institucional.

El citado enlace permite bajar planillas de excel donde no se detalla el tipo de proyecto financiado y su responsable, como sí aparece en el Registro de Colaboradores.

En Magallanes la Fiscalía está indagando la entrega de recursos a ProCultura y la fundación Hernando de Magallanes, y hace unos días se levantó una polémica en la región cuando el administrador regional, Christián García, dijo en Radio Polar que la Fiscalía era “farandulera” por haber anunciado las indagatorias. García sostuvo que él, el gobernador Jorge Flies “y la Dipres” fueron “los autores intelectuales” de la nueva estructura presupuestaria de los gobiernos regionales que flexibilizaba la entrega de recursos a terceros.

“Gran parte de estas fallas de control es de Contraloría. Aquí aparece la Contraloría, Fiscalía, todos pegándole al Gobierno Regional, pero son todos tanto o más culpables que el Gobierno Regional por la falta de control”, afirmó.

Chile Trasparente: «El gran problema es que nadie está fiscalizando nada»

El director de estudios de Chile Transparente, Michel Figueroa, recordó que el Registro Central de Colaboradores del Estado y su ley, surgen como parte de un paquete de medidas anticorrupción tras el caso MOP-Gate, sin embargo, «lo que se está dando otra vez es que una norma que supuestamente fue creada para prevenir casos de corrupción y para que la ciudadanía tuviera las herramientas de fiscalización, hoy día no se está cumpliendo».

Además, recordó que si las transferencias se hicieron y los beneficiarios no están inscritos en el registro, la ley les obliga a devolver el dinero. «Si tú no estás inscrito en el registro y recibes recursos públicos, se deben devolver ajustados con el interés máximo convencional que exista», dijo Figueroa citando el artículo 6 de la ley.

En la misma línea, la Subsecretaría de Hacienda acotó que «los funcionarios que otorgaren recursos públicos a las entidades que no estuvieren inscritos en los registros correspondientes, se les aplicará el régimen de responsabilidad dispuesto en el estatuto que los rija«.

Figueroa agregó que el incumplimiento de los funcionarios al no subir la información al Registro «es una falta administrativa» que se podría sancionar tras un sumario.

«El gran problema» dijo, «es que nadie está fiscalizando nada. Entonces, hay tanta norma
puesta un poco aislada que lo que termina apareciendo es que tienen un conjunto de normas que no conversan entre sí, aisladas y que al final no le hacen sentido a nadie porque nadie las conoce».

Asimismo, sostuvo que no se puede descansar en que sólo Contraloría vigilará los actos del Estado, porque no tiene esa capacidad y que el auto control se complica en «los organismos que tienen consejos colegiados, como los consejos regionales y como los concejos municipales, porque dependen mucho del poder que tiene la autoridad con la mayoría política». Es decir, se evita fiscalizar y y sancionar a aquellos con quienes se tiene dependencia laboral y afinidad política.